Subzona 14: La Pampa en las puertas de un juicio histórico
NORBERTO G. ASQUINI
Luego de 25 años desde que se tomara la primera declaración a una de las víctimas de la represión ilegal en La Pampa durante la última dictadura militar, la causa en la que están acusados once represores que actuaron en la provincia responderán a la justicia frente a un tribunal. Están acusados de delitos de lesa humanidad -secuestros y torturas- sobre unos 28 presos y presas por cuestiones políticas.
En agosto pasado el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires decidió que los ex oficiales del Ejército y la Policía provincial fueran juzgados en el lugar donde ocurrieron los hechos. El TOF santarroseño se hizo cargo de la causa y ya comenzaron los preparativos para que este juicio se inicie en 2010.
Esto se da en el marco de otros juicios de importancia, ya que el año del bicentenario también pasará a la historia porque pasarán por el banquillo de los acusados casi un centenar de represores que escucharán al fin su veredicto.
Una publicación de este domingo de Página 12, aparecida cuando se estaba elaborando este informe, indicó que las elevaciones a juicio oral en causas que investigan delitos de lesa humanidad fueron récord en 2009. El último año hubo 37 sentencias en 11 juicios.
El 2010 marcará un salto cuantitativo en el juzgamiento a los represores: recibirán su condena casi cien ex integrantes de las fuerzas de seguridad que actuaron ilegalmente durante la dictadura. Ya están en marcha juicios emblemáticos como el de los crímenes en la ESMA (con 17 imputados) y el circuito Atlético-Banco-Olimpo (con 15), más los confirmados y previstos (con más de 10 acusados de promedio).
Pero muchas causas se acumulan por las demoras de los Tribunales Federales. Según un informe de la Procuraduría General de la Nación, hay 272 imputados en condiciones de ser juzgados. Y el tiempo promedio que transcurre desde que reciben una causa los TOF hasta que inician las audiencias es de un año y medio.
Prioridad.
¿Y en La Pampa que ocurre? Este no sería el caso del TOF santarroseño. Varios empleados del tribunal pampeano están abocados a la causa de la Subzona 14 que es "prioridad" para su presidente, José Mario Tripputi. Fuentes judiciales informaron que los funcionarios federales saben que están a las puertas de un juicio histórico y cargan con esa responsabilidad. Aunque no toda la sociedad esté consciente de ello.
En el debate oral y público se estima que desfilarán entre 120 y 140 víctimas y testigos y se oirá de boca de los testimoniantes una verdad que sólo era conocida en parte a través de la prensa y algunos trabajos de investigación. Se estima que el debate tendría una duración de unos tres meses y que estaría cubierto periodísticamente por la prensa nacional y hasta internacional, según adelantaron fuentes de los tribunales de Comodoro Py, aunque seguramente el número mermará con el correr del tiempo.
Implicancias.
El de la Subzona 14 será un juicio que tendrá implicancias históricas y, piensan muchos, políticas. Históricas por su magnitud y sobre lo que significará para la memoria en una sociedad conservadora que en muchos casos le rehuye al debate de lo ocurrido en los años 70. Políticas porque daría lugar a la revisión de muchos hechos sucedidos entre 1973 y 1976 y pondría en discusión las responsabilidades de los dirigentes que tuvieron participación en esos años y sus vinculaciones con la Subzona 14, la jurisdicción militar de la "lucha contra la subversión".
Pero también podría generar la apertura de nuevas causas. ¿Qué pasaría a los colaboradores civiles que sean acusados de delitos en pleno debate? Esto puede tener implicancias judiciales y podría ocurrirles a los cuatro médicos señalados por haber asistido a las víctimas torturadas en centros clandestinos de la provincia, estiman varios consultados.
Lugar y nombres.
Hay dos aspectos que por ahora frenan el comienzo del juicio pampeano: por un lado lo organizativo y por otro la integración del tribunal. Los funcionarios del TOF santarroseño están buscando en la actualidad un lugar adecuado para que sea sede del juicio, que sea amplio y pueda albergar a las partes -los once acusados y sus defensores y los dos abogados de las querellas unificadas-, testigos, público y representantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esto es necesario ya que las actuales instalaciones del TOF son insuficientes y no cabe tanta gente. Ya hay lugares vistos que deberán ser alquilados por la Justicia Federal, aunque las fuentes prefirieron no adelantar cuáles son esas posibilidades. Además se debe prever la cuestión de la seguridad en una situación tan delicada.
Por otro lado, el Tribunal Federal está en minoría. Actualmente está sólo en funciones Tripputi, que quedó como presidente del TOF. Está abierto el concurso para buscarle un reemplazante a José María Meana, que falleció en 2008, y el jueves se retirará otro de los magistrados, Jesús Daniel Los Arcos Vidaurreta, que se jubiló.
Para poder iniciar el juicio se necesitan cubrir las dos vacantes, pero también nombrar a un cuarto juez suplente que esté presente en las audiencias y que esté preparado para suplantar ante cualquier percance a alguno de los titulares, un requisito contemplado en el Código de Procesal Penal para estos juicios de más de diez audiencias. Los tres magistrados que faltan deben ser nombrados por la Cámara de Casación Nacional o por la Corte Suprema de Justicia, y serán elegidos entre jueces federales o camaristas. Recién cuando esté conformado el Tribunal con sus cuatro miembros, se fijará la fecha de audiencia.
Todavía no hay una fecha estimativa para el inicio del juicio de la Subzona 14, pero se habla en los despachos cercanos al del juez Tripputi que será indefectiblemente en 2010. Será entonces el momento en que la sociedad no podrá hacerse la distraída frente a la cruda verdad que desfilará ante el TOF santarroseño durante tres meses.
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