Otra causa que le quema a los jueces

Los fraudes al Estado son los delitos económicos que mayor perjuicio ocasionan al conjunto de la sociedad. Porque son los que afectan el dinero que aportan todos los ciudadanos de su bolsillo -a través del pago de impuestos- y terminan lesionando, más tarde o más temprano, a los sectores de menores recursos que son los que deberían recibir la mayor ayuda estatal.
Esta caracterización de los casos de defraudación al tesoro público, debería motivar por parte de la Justicia una inmediata reacción y la puesta en funcionamiento de todo el aparato judicial para identificar y condenar a los responsables. En otras palabras, los jueces deberían pelearse por tener en sus manos las causas de corrupción estatal y no descansar hasta poner tras las rejas a los que acrecientan su patrimonio personal mediante delitos cometidos contra el Estado.
En nuestra provincia lamentablemente estamos muy lejos de alcanzar esa expresión de deseo. Salvo honrosas excepciones, los jueces, en lugar de competir por ver quién se dedica con mayor pasión y entusiasmo a perseguir la corrupción estatal, compiten por ver quién se saca más rápido esas causas de encima y las arroja a un costado, es decir, a otro colega.
No es la primera vez que una investigación de esta naturaleza le quema en las manos a los jueces. Hay muchos, demasiados, ejemplos que lo demuestran.
Toda la energía que ponen en juego los aspirantes a la hora de competir para ocupar un juzgado, todo el empeño que demuestran por ocupar el sillón de juez, parecen borrarse -en una buena porción de ellos- a la hora de demostrar que están a la altura de lo que esperan los ciudadanos de su trabajo: que sean independientes, ecuánimes, comprometidos con su función y, sobre todo, que no duden a la hora de investigar y enjuiciar a los que tienen poder. A los de abajo, a los ladronzuelos de poca monta, a los que a lo sumo ingresan a una vivienda y roban dinero o electrodomésticos, suelen aplicarle el máximo rigor del Código Penal. Y no está mal que así sea si los hechos lo ameritan. Pero mucho mayor celo y dedicación deberían poner al servicio de investigar y punir la corrupción contra los dineros del Estado, porque, como se dijo, es el dinero de todo el pueblo.
El lamentable itinerario del expediente del polideportivo de Ataliva Roca es prueba elocuente de lo que hablamos. El juez de General Acha, jurisdicción natural de la causa, se declaró incompetente y la envió a una colega de Santa Rosa. Esta, con velocidad inigualable, la derivó a otro juez; y éste, con no menor diligencia, la devolvió al juzgado achense. Es el juego tan conocido del "¿yo señor?, no señor" que los pampeanos tan bien conocen y que ya fuera "jugado" en muchas otras causas que investigan la corrupción estatal.
En el caso del polideportivo tumbado por un viento, no hay dudas -que la Justicia debiera dilucidar- de que su construcción fue realizada incumpliendo toda la normativa vigente. Los dictámenes de los peritos que investigaron los restos derrumbados fueron contundentes. Hablan de errores de construcción muy groseros y hasta de obras que fueron certificadas y pagadas aunque no se realizaron. El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ante semejante panorama, presentó la denuncia penal ante el juzgado achense. El representante técnico de la empresa y el inspector de obras están en la mira. Pero no sólo ellos. Es evidente que un simple inspector no puede cometer por sí solo tantas irregularidades sin el visto bueno de sus superiores.
¿Estará condenada esta causa a la interminable travesía entre juzgados que soportó, entre otras, la de las cloacas de Intendente Alvear? Si fuera así sería otra vergüenza para el sistema judicial pampeano.