Se están librando las preliminares de la "madre de todas las batallas"

Diputados se apresta a retomar la tercera semana de debates en comisiones del proyecto de ley de comunicación audiovisual. Puede que a continuación haya un dictamen de mayoría y se lleve el tema al plenario de la Cámara.
EMILIO MARIN
La discusión en el plenario de las tres comisiones que tratan el proyecto oficialista permite extraer tres conclusiones.
Una, que sobre 150 entidades sociales vinculadas a la comunicación que usaron la palabra, la abrumadora mayoría expresó su apoyo a la iniciativa. Algo bueno debe tener, herencia de los 21 puntos para una ley de radiodifusión democrática, para que el grueso de los entendidos en la materia -periodistas, ONG, profesores y hasta decanos de facultades de Ciencias de la Información, representantes de radios, actores, etc- haya tomado esa postura. ¿O la derecha va a decir que esa mayoría fue comprada por la plata de los Kirchner? Si así opinaran, los psicólogos se harían una fiesta explicando el mecanismo de transferencia. En criollo: los ladrones creen que todos son de su condición.
La otra evidencia es que los pulpos mediáticos y sus cámaras boicotearon el crucial debate, transmitido preferentemente por los medios públicos. Los privados, ya se sabe, apuestan a "Intrusos" o "Almorzando con la octogenaria", para levantar el rating y no pueden perder tiempo en vivo y en directo con las opiniones plurales sobre una ley.
Adepa y la asociación de televisoras por cable no estuvieron entre los expositores. ¿Les habrá parecido una pérdida de tiempo? ¿O creyeron que al ir cohonestarían una tribuna supuestamente digitada por el gobierno? ¿O alinearon su postura con la definida previamente por Clarín y los referentes de la derecha política? Como sea, Adepa y los dueños del cable hicieron mutis por el foro...
El tercer punto que surge de esas exposiciones escuchadas en las comisiones de Comunicación y Presupuesto de la Cámara, cabeceras del tratamiento, es que los legisladores de la oposición restauradora brillaron por su ausencia.
Silvana Giúdici y Oscar Aguad, de la UCR, Federico Pinedo y Francisco de Narváez, de Unión PRO, Adrián Pérez y la senadora Eugenia Estenssoro de la Coalición, y Daniel Katz del cobismo, no tuvieron el menor interés en dar su parecer. Ellos hablaron hasta por los codos en los medios amigos y plantearon siete audiencias federales -la primera comenzaría en Mendoza- para llevar el debate por un camino opuesto al del Congreso, más lento y prolongado.
La secuencia prueba que en 2008, cuando el Comfer organizaba los 24 foros regionales, conferencias, etc, aquella oposición se enclaustró en el Congreso. Ahora, cuando el proyecto presentado en la Cámara empieza a discutirse en la misma, esa oposición quiere salir a recorrer una dilatada geografía. El espíritu poco constructivo de los enemigos de la nueva ley quedó así al trasluz. Tanto que en la opinión pública es posible que hayan ganado más puntaje quienes quieren ver debatida y aprobada la ley cuanto antes. La derecha, que había congelado el tema por 26 años, quería dejarlo en el frezeer hasta el año próximo pero ya comenzó el deshielo.

Menos calumnias e injurias.
El gobierno nacional profundizó su ofensiva política y parlamentaria con el tratamiento de la ley de marras. Vinculado con la pluralidad informativa y los derechos de los periodistas a publicar sus investigaciones sin miedo a los juicios penales por calumnias e injurias, la presidenta informó de un proyecto de ley que suprimiría esos delitos.
La oportunidad del anuncio, celebrado por la mayoría del periodismo y organismos de derechos humanos, fue un acto donde se conmemoraban treinta años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El sitio del discurso no pudo ser más significativo. En el ex predio de la Esma, actual Espacio para la Memoria, Cristina Fernández recibió a tres de los integrantes de aquella CIDH que vino a Buenos Aires a recabar información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
Dicho sea de paso, en esa ocasión, tres décadas atrás, aprovechando el triunfo argentino en el mundial juvenil de fútbol donde brillara Diego Maradona (hoy contra las cuerdas por los resultados adversos como DT), la dictadura y sus amigos en los medios, caso del relator José María Muñoz, utilizaron en su propio beneficio la victoria en Japón. Arengaban a los simpatizantes del fútbol a que pasaran frente al lugar donde la CIDH receptaba denuncias y las taparan con sus festejos de que "los argentinos somos derechos y humanos".
En la ex Esma la presidenta se regodeó al recibir a otras dos mujeres que encabezan respectivamente la Comisión y la Corte Interamericana. Ante esas damas se comprometió a eliminar esa espada de Damocles que pendía sobre las cabezas del periodismo. Se recordó en el discurso presidencial que la CIDH había reclamado al Estado argentino una reforma de este tipo luego de acoger favorablemente la apelación del escritor Eduardo Kimel, autor de "La masacre de San Patricio" sobre los crímenes de los tres padres palotinos y dos seminaristas cometidos por los marinos y federales en 1976.
Precisamente este viernes, cuando la presidenta se refería a ese caso como ejemplo de la perversidad de esas acusaciones penales contra periodistas, este cronista compartía con Kimel en Córdoba la proyección de la premiada película "4 de Julio" referida a esa masacre, junto con el co-director del film, Juan Pablo Young. El ex juez de la dictadura, Guillermo Rivarola, había logrado que se condenara a Kimel a un año de prisión en suspenso y el pago de 20.000 pesos por considerarse agraviado por un párrafo de su libro. Cinco religiosos asesinados, en el mayor crimen contra una orden de la iglesia católica, ningún genocida imputado y ¡el único condenado era el periodista que había denunciado la masacre con una brillante investigación!
Ese tipo de injusticias serán corregidas ahora. En todo caso a los afectados les quedará expedito el camino de la justicia civil para pedir resarcimientos.

El traidor.
Hablando de la justicia, no vaya a creerse que magistrados como Rivarola se extinguieron en los tribunales como los dinosaurios. Especie retrógrada subsiste y una pequeña prueba de ello fue la dedicatoria del camarista federal Eduardo Vocos Conesa, publicada en La Nación, en homenaje al fallecido coronel golpista Mohamed Alí Seineldín. Vocos Conesa no se privó incluso en su recordatorio de incluir un párrafo textual del líder falangista José A. Primo de Rivera.
Los organismos de derechos humanos salieron con los botines de punta a pedir que se haga juicio político al camarista admirador del franquismo español y del nazionalismo con zeta, local. El tantas veces cuestionado Consejo de la Magistratura tendría que ser el receptáculo de esa solicitud.
Esas polémicas sobre la calidad de la justicia se vieron alimentadas por el fallo de la Corte Suprema despenalizando la tenencia de una pequeña cantidad de droga para consumo personal. Otro tanto con el comentado proyecto presidencial de despenalizar los delitos de calumnias e injurias.
Pero sin dudas que el debate principal no se salió de curso. Siguió con estrépito y alboroto en torno a la proyectada ley de medios, que ha impactado prácticamente en toda la sociedad. De pronto, y en conexión con ese tema, un batallón de inspectores de la AFIP aparecen en las instalaciones de Clarín husmeando en la situación en que revista el personal. El operativo fue luego desautorizado por el titular de la dependencia, Ricardo Echegaray.
El mismo conflicto se agudizó con la maniobra política del vicepresidente Julio Cobos, que reunió a casi todo el espectro de la oposición conservadora en el Senado, para organizar un frente galvanizado en contra de la ley de medios. Mauricio Macri, Francisco de Narváez, Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Horacio Rodríguez Larreta y Daniel Katz, entre otros, acudieron a la invitación del cuyano. Allí acordaron una oposición frontal a la matriz democrática de la normativa, lo que de hecho los convierte en escuderos del monopolio Clarín. Y, para el caso que esa campaña opositora parlamentaria y mediática pudiera terminar mal en Diputados y aún en el Senado, o sea bien para el país, esa dirigencia de oposición ha dictaminado que luego de diciembre tratará de derogar la norma no querida por ellos.
Un par de opositores no estuvo personalmente pero envió su adhesión, tales los casos de Carlos Reutemann y Felipe Solá. La única que faltó a propósito fue Elisa Carrió: no por no torpedear la norma sino para no aparecer bajo el ala de su archirrival Cobos.
La siempre creativa política argentina ha inventado un vicepresidente de la Nación que desde su despacho torpedea todas y cada una de las iniciativas del gobierno nacional. Que después no se queje si lo llaman traidor y le reclaman que renuncie, como no muy sutilmente pidieron Aníbal Fernández y Alberto Balestrini.
El interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, bautizó esta decisiva pugna por la nueva ley como "la madre de todas las batallas". Belicismos al margen, es cierto que se trata del conflicto más importante de estos años. A consolarse, que cuando el país trate alguna vez la ley de entidades financieras (la otra que perdura de la dictadura), se estará frente a "la abuela de todas las batallas".