El problema va mucho más allá de un sindicalista, pero está bien que se investigue a Zanola

Juan J. Zanola y la conducción de la Obra Social bancaria está en aprietos por la investigación de la justicia. Está bien, a condición de no demonizar a todos los gremios y obras sociales.
EMILIO MARIN
Todo es relativo. Ni Zanola es el gran gremialista comprometido con las necesidades de los afiliados. Ni el principal responsable de los dramas de la salud pública, que van más allá de lo que haya eventualmente sucedido en la obra social que controla.
Lo cierto y concreto es que desde el año pasado había denuncias sobre el supuesto uso de medicamentos truchos en aquella obra social. Y últimamente el juez federal Norberto Oyarbide dio fuerte impulso a la investigación, allanando dos veces el policlínico bancario de Caballito-Flores. Según el titular del juzgado federal Nº 5, en esos procedimientos halló material probatorio para la causa. Habría colectado medicamentos adulterados y/o vencidos, historias clínicas de pacientes fallecidos a causa de tratamientos con esos falsos fármacos, etc.
Oyarbide gritó "bingo" con la ubicación en ese policlínico de una oficina de la Droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, ya detenido y procesado en esta causa aunque ahora revista como excarcelado.
Se puede dudar de los jueces que vienen de menemismo y que -Carlos Vladimiro Corach dixit- figuraban en la servilleta del poder. El juez fue filmado con fines extorsivos en un local "Spartacus", en una cama y posiciones poco decorosas, lo que casi corta su dilatada carrera judicial.
Pero más allá de esas dudas, Oyarbide conoce bien las leyes y códigos. Si dijo que "el cerco se cierra sobre Zanola" cabe presumir que tenía elementos suficientes. Si envió una misiva a la presidenta, vía el jefe de Gabinete, solicitando la intervención de la Obra Social "Solidaridad", habrá tenido su justificación.
De hecho ayer el gobierno aprobó el pedido del juez, intervino la institución y designó como interventor a Pedro Ferrara, un profesional platense muy reconocido.
En diez días el juzgado citará a Zanola y a su mujer, Paula Aballay, directora del organismo ahora intervenido. Los analistas más drásticos, deslizan que luego de tomarles declaración se podría disponer su detención como supuestos responsables de una organización ilícita dedicada a introducir en el mercado remedios adulterados, vencidos o robados al Estado, y a facturar medicamentos nunca suministrados a los pacientes.
Zanola está en aprietos, como el club Huracán del que es fanático y fue presidente; el Globo, luego de ser subcampeón, hace cuatro partidos seguidos que pierde.

No es el único.
Según Zanola, "espero la denuncia con nombre y apellido; tengo total tranquilidad sobre la forma de proceder de la obra social". De Aballay no se conocen declaraciones. La vicedirectora del establecimiento situado en Gaona y Donato Alvarez, Susana Fiona, tuvo que salir ayer protegida por la Policía Federal, en medio de insultos e intentos de golpearla de familiares de los enfermos que allí se atienden.
Si son culpables o no, solamente la justicia podrá decirlo. Mientras tanto, la labor del juzgado interviniente ha llevado al procesamiento de Lorenzo, titular de San Javier. Y esto tuvo remezones políticas: el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, pidió el relevo del Subsecretario de Control Sanitario, Alberto Costa. Las escuchas telefónicas lo sindicaban como interlocutor de Lorenzo.
Al dueño de la droguería San Javier se lo acusa de haber adquirido lotes de medicamentos ilegales provistos por Sebastián Forza, uno de los tres empresarios asesinados en agosto del año pasado en General Rodríguez y señalados como intervinientes en el negocio de la efedrina.
Por la gravedad de los sucesos, está bien que el fiscal Luis Comparatore haya pedido a Oyarbide que cite a declarar al ministro Zin y a su colega en el orden nacional, Juan Manzur. No porque se sospeche de ambos sino para escuchar sus testimonios sobre a qué empresas adquirían medicamentos, sus precios y controles.
Algo sale a luz, más allá del rol que pudiera haber tenido Zanola: el Estado "no tiene la casa en orden" en materia de salud pública, relación con las obras sociales sindicales, provisión de medicamentos, rendición de fondos provistos por la Administración de Programas Especiales (APE), etc.
La que sale relativamente bien parada en este asunto es Graciela Ocaña, ex ministra de Salud que renunció luego de las elecciones del 28 de junio en el marco de sus diferencias con Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. El enfrentamiento fue a raíz de manejos que aquella juzgó como poco transparentes en las obras sociales del sector y la no rendición de 208 millones de pesos aportados por APE.
Ahora Ocaña ha vuelto al ruedo político golpeando a esa cúpula sindical. "Espero que se hagan cargo de lo que han hecho en sus obras sociales", declaró a radio América.

¿Negocio o derecho humano?
Esta causa judicial puede ser de "utilidad pública" para reabrir un debate trascendente. La salud, ¿es un negocio para lucrar o se trata de un derecho humano?
Si es lo primero, no habría mucho que cambiar del actual ordenamiento capitalista, con su poca medicina preventiva, sus muchos hospitales desfinanciados, sus médicos y enfermeras por lo general mal pagos, las obras sociales conducidas por sindicalistas de pocos escrúpulos y las prepagas con ejecutivos que tienen aún menos de esa esdrújula para ganar dinero.
A lo sumo, en ese caso, habría que castigar a las mafias para "sanear el negocio", erradicando los remedios truchos que ya serían algo así como el 10 por ciento del mercado y evitando operatorias delictivas como las que investiga el juez Oyarbide.
Pero si la salud es un derecho humano básico, entonces el Estado debe subir cualitativa y cuantitativamente su rol, acentuando la política social, redistribuyendo el ingreso, fomentando la prevención, coordinando los establecimientos públicos y obras sociales democratizadas, eliminando las prepagas y grandes prestadores, varias de ellas extranjeras.
Una política nacional en la materia debería estatizar los laboratorios extranjeros como Merck y Roche, y los nacionales monopólicos como Bagó y Roemmers. En su lugar, habría que fortalecer e invertir en los 40 laboratorios que pertenecen al gobierno nacional, las provincias y universidades, "que ya fabrican cerca de 350 principios activos" ("En busca del remedio adecuado", revista Rumbos, Romina Ruffato). La autora recuerda que en abril del año pasado, "el Estado creó el Programa para la producción pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos".
Esa debería ser la base para una política distinta y que el país necesita, sobre todo el grueso de la población que no tiene prepaga ni obra social. ¿O se cree que sólo Obama tiene que solucionar el drama de casi 50 millones de personas sin seguro de salud? Los problemas argentinos son gravísimos no sólo por las mencionadas mafias sino también, y sobre todo, por la cantidad de pobres, excluidos, etc, y por las enfermedades que "no son rentables" de atender según la contabilidad de la medicina privada, sus clínicas y laboratorios.
Para concluir, dos palabras más sobre Zanola. Años atrás este cronista criticó en este diario la liquidación del Instituto Servicios Sociales Bancarios que el burócrata había decidido por consejo de la consultora estadounidense Coopers&Lybrand (actual PricewaterhouseCoopers), despidiendo a miles de empleados. Zanola envió entonces una nota de protesta al director de LA ARENA. Otra extensa nota dirigió hace dos años, con motivo de otro artículo de este cronista donde se cuestionaba el 8 por ciento de aumento salarial aceptado por el sindicalista ofertado por los banqueros enriquecidos de Adeba y ABA, cuando el resto de los gremios logró aumentos superiores. Patrón al fin de cuentas, el capo de la Bancaria, en su sillón desde 1982, no se dirigió al cronista para darle sus razones sino que hizo "reservas de acciones legales" ante la empresa, procurando alguna sanción al empleado.
Las vueltas que tiene la vida. Ahora Zanola deberá demostrar cuán buen abogado es, respondiendo los cargos de Oyarbide. El 23 de septiembre votan los bancarios de todo el país y después de 16 años de lista única, hay una de oposición. Sobre 80.000 empleados, sólo 12.000 están en condiciones de sufragar. Ojalá lo hagan bien porque les va la salud en ello.