Inexplicable silencio

El conflicto que por estos días enfrenta la ciudad con el monopolio del cable suma día tras día la adhesión del vecindario que observa el comportamiento de la empresa como un desafío al poder constitucional que la municipalidad tiene sobre los asuntos comunes. No escapa a los vecinos que detrás de ese desafío hay todo un programa de copamiento y ocupación del mercado -no solo del espacio aéreo- previendo que en breve la ley de Medios habilitará a la Cooperativa Popular de Electricidad a prestar el servicio de televisión por cable.
Al colgar sus cables de las columnas de la CPE, la empresa del Grupo Clarín intenta ganarle de mano ocupando el lugar físico en las columnas que debería ocupar el cable cooperativo para blindar el mercado que monopoliza desde que se quedó con los activos de las dos empresas que hasta no hace muchos años se repartían el negocio de la distribución de señales de TV en la ciudad.
El monopolio, está claro, no quiere tener competencia aquí. Y menos de una empresa con tanto prestigio y compromiso con el vecindario como la CPE. Sane que, no bien el cable cooperativo esté a disposición de los santarroseños, los usuarios de la TV cable se volcarán a él masivamente y dejarán el que hoy presta a un precio caro el monopolio de Hernestina Herrera. (Se sabe que la misma empresa, en las ciudades donde hay competencia cooperativa, ha bajado el abono a casi la mitad de lo que se le cobra a los usuarios santarroseños)
El cableado ilegal de la ciudad fue parte de esa maniobra tendiente a obstaculizar la prestación del servicio de TV cable cooperativo. Saben que la inconstitucional medida del juez mendocino -un rezago de los años de la dictadura- que suspendió la Ley de Medios, no resistirá mucho tiempo más y en breve la CPE estará en condiciones de disputarle el mercado que hoy dominan por ausencia de competencia. Por eso cablearon contra reloj desafiando una orden de no hacerlo y conectaron a los usuarios al nuevo tendido pese a carecer de licencia y autorización para hacerlo.
Ahora quieren endilgarle las consecuencias de su accionar negligente e ilegal a la municipalidad que le desconectará los cables.
No es extraño este comportamiento del grupo económico. Están acostumbrados a hacer la ley a su conveniencia y a presionar a gobiernos con sus tapas y noticieros. Lo extraño es que -mientras los vecinos toman conciencia de la batalla que se viene, y comienzan a hacer oír su voz-, por contraste se hace cada vez más evidente el silencio que guardan quienes deberían estar interesados en fijar posición claramente en este conflicto.
Ayer hicimos notar el curioso comportamiento de un ex intendente y ex diputado nacional pampeano integrante de la Autoridad de Aplicación que reemplazó al Comfer como organismo de control de las radios y canales de todo el país sujetos a licencia nacional. Su condición de ex jefe comunal califica su opinión sobre un tema que afecta, directamente, la autoridad municipal. Pero guarda silencio.
No es el único que desde el partido del gobierno provincial han elegido el silencio ante un tema tan crítico. No se ha pronunciado aún sobre el tema otra voz calificada, como la del ex gobernador, que han fijado una clara opinión favorable a la ley de medios y han denunciado con justeza que se trata de una pelea que dirime el futuro del poder en la Argentina entre las corporaciones y la política como instrumento de transformación social y económica. Que una de esas batallas entre la política y las corporaciones se libre en la ciudad donde tiene residencia, y que no haya dicho palabra de esa situación, es, a todas luces, una omisión de su parte que debería poder subsanar.
Lo mismo puede decirse del gobierno provincial que ha eludido cualquier pronunciamiento sobre el tema como si se tratara de un problema entre el intendente y una empresa y no un desafío intolerable donde el monopolio que intenta imponer su ley en el país, intenta hacer lo mismo en la ciudad. El silencio no es inocente en estos casos ni tampoco lo es la lectura que de él hace el grupo que, envalentonado tal vez por eso, y habiendo violado la ley, ha ido ahora al Superior Tribunal de Justicia para que convalide esa violación.