Accidentes de tránsito: la tercera causa de muerte en nuestro país

Los accidentes de tránsito dejan aproximadamente unas seis mil muertes al año, con un número cuatro o cinco veces mayor de heridos. En los jóvenes menores de 35 años es hoy la principal causa de mortalidad.
IRINA SANTESTEBAN
Toda pérdida de un familiar o amigo es dolorosa, pero cuando sucede por un accidente automovilístico, pareciera más terrible. Por lo inesperado, porque nadie estaba preparado para que sucediera, y porque todos nos quedamos con la sensación de que podría haberse evitado. "Si hubiera usado el cinturón", "si el imbécil ése no se hubiera adelantado", son algunos de los pensamientos que nos asaltan, con el íntimo deseo de volver el tiempo atrás y que ese hecho tan terrible no hubiera sucedido.
Y aunque para algunos sea "el destino", en el caso de las muertes por accidentes en rutas, no hay tal destino sino responsabilidades concretas, tanto de quienes conducen como si fueran pilotos de Fórmula 1, como de las autoridades encargadas de la seguridad y control en el tránsito y también de los intereses económicos que promovieron el desmantelamiento del ferrocarril y que llevaron a las carreteras argentinas a ser verdaderas "rutas de la muerte".

 

Rutas obsoletas.
Argentina tiene una red vial obsoleta, un hecho que es exclusiva responsabilidad del Estado nacional en primer lugar, y de los estados provinciales, en segundo término. En 1932 se creó Vialidad Nacional por ley 11.658, estableciéndose un impuesto de cinco centavos al litro de nafta para iniciar la pavimentación de las rutas. Esa misma ley dispuso que las carreteras pavimentadas debían construirse con un ancho de 6,70 metros. Eso estuvo muy bien, pero lo malo es que 75 años después las rutas siguen teniendo las mismas dimensiones, cuando los vehículos -sean autos, colectivos o camiones-, que transitan hoy por las rutas, son muy diferentes en cuanto a porte y tamaño. Para el economista Ramón Frediani, quien integró el equipo que diseñó la Autopista Córdoba-Rosario en 1970, las carreteras deberían tener hoy un ancho de entre 10 y 12 metros. A 40 años de esa iniciativa, a la mencionada autopista todavía le restan 50 kilómetros para llegar a Rosario, cuando según la opinión del propio Frediani, la misma ya debería haber llegado a Jujuy.
La construcción de autovías es indispensable, si tenemos en cuenta que hoy circulan por las rutas argentinas, más de 500 mil camiones y 70 mil ómnibus.

 

El ferrocidio.
Una de las causas principales del colapso de las rutas, ha sido el desmantelamiento del ferrocarril, allá a principios de los '90, cuando el entonces presidente Carlos Menem, pronunció su célebre frase: "ramal que para, ramal que cierra". Los trabajadores ferroviarios se opusieron a la privatización y durante los años 1991 y 1992 protagonizaron heroicas luchas contra los miles de despidos que se venían, mientras la Unión Ferroviaria bajo la dirección del sindicalista-empresario José Pedraza, negociaba con el menemismo para participar del negocio de la privatización.
Más de 90 mil ferroviarios fueron despedidos y de una red de más de 40 mil kilómetros de vías férreas, sólo quedaron 7 mil. Con la excusa de que el Estado perdía un millón de pesos diarios, Menem entregó la más extensa red ferroviaria de Latinoamérica a grupos económicos que sólo la utilizaron para transportar mercaderías de su lugar de origen hacia los puertos, para la exportación, desapareciendo por completo el tren de pasajeros, mucho más económico y seguro que el transporte automotor y también de menor impacto ambiental. Transportar una tonelada por tren requiere la quinta parte de la energía que un camión consume, además de ser mucho menos contaminante, y de ahorrar todos los años miles de muertes y heridos por accidentes viales en todo el país. Obviamente, las rutas se llenaron de camiones y ómnibus, que ahora son de dos pisos, mucho más inestables y peligrosos.

 

Fracaso evidente.
Por medio de la ley 26.353, sancionada en febrero de 2008, el Estado nacional, junto a las provincias y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, suscribieron el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, ratificando las leyes anteriores en esas temáticas. Esta ley trata de diversos tópicos que los estados firmantes se comprometen a velar por su cumplimiento, tales como: licencias de conducir, alcoholemia, control de velocidades, control de requisitos para la circulación de los vehículos y control y fiscalización del tránsito en las rutas nacionales. Esa misma ley crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que actúa dentro del ámbito del Ministerio del Interior, y que tendrá como principal misión "coordinar los esfuerzos nacionales y provinciales para el control y fiscalización de la circulación vehicular en los caminos y rutas del país". Quiere decir entonces que en nuestro país existen leyes, convenios y organismos encargados de velar por la seguridad vial. Sin embargo, su fracaso es evidente si tenemos en cuenta las cifras de muertes y heridos por accidentes automovilísticos.

 

Recuperar el ferrocarril.
Las pérdidas económicas de las provincias y la Nación por estos accidentes también son grandes. En los primeros cuatro meses de este año, según la Superintendencia de Seguridad Vial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, los accidentes de tránsito disminuyeron un 21,6 por ciento en esa provincia respecto a igual período del año 2009, pero le costaron al gobierno bonaerense más de 14 millones de pesos por atención médica de los heridos, traslado de éstos y de los fallecidos, trámites administrativos, actuación de personal policial y bomberos, etc. Por ello, si los accidentes de tránsito ocasionan tantas pérdidas, en vidas, en dolor para las familias, en recursos económicos que se gastan en atender las consecuencias de esos accidentes, ¿por qué, a pesar de las leyes y los convenios que se firman, estas iniciativas no se cumplen o son insuficientes?
Resulta necesario y urgente la recuperación de la red ferroviaria, priorizando el transporte de pasajeros en un tren cómodo, económico y seguro. No hace falta el fastuoso proyecto del tren-bala, sino uno que circule a 100 ó 120 kilómetros por hora. Una iniciativa de este tipo no sólo descongestionaría las rutas, sino que generaría empleo, promovería la integración de regiones que serían unidas por el transporte ferroviario, fomentaría el turismo, etc. Por su parte, Vialidad Nacional y las provinciales tienen que acometer las obras necesarias para la recuperación de las rutas nacionales y provinciales, construyendo autopistas y reparando y ensanchando las carreteras.

 

Asumir los controles.
Los organismos encargados de los controles deben hacer su trabajo y no ser meros entes recaudadores o cobradores de multas. Deben fiscalizar con eficiencia y honestidad el cumplimiento de las normas en cuanto al respeto de la velocidad, consumo de alcohol, licencias de conducir, etc.
Por último, como está más que comprobado que el sistema de cobro de peaje sólo ha servido para que algunas empresas hagan buenos negocios pero no para mejorar y hacer más seguras nuestras rutas, este sistema debe ser eliminado y, tal como lo establece la ley de creación de Vialidad Nacional, las obras tienen que salir de los impuestos que para ese fin han sido creados y no de la estafa del cobro de peaje que desde hace 15 años venimos soportando los argentinos, mientras miles de vidas se pierden en nuestras trágicas rutas argentinas.