Viviendas: el difícil equilibrio

La entrega de viviendas sociales construidas por el Estado viene provocando un intenso debate en nuestra provincia, no solamente por la emergencia habitacional imperante -son muchas las familias que no tienen techo- sino por otras cuestiones derivadas, como la metodología de las adjudicaciones, la calidad de la construcción, las deudas de los beneficiarios y hasta el valor de las unidades.
El debate sobre la morosidad de una parte considerable de los beneficiarios tomó trascendencia pública ante la gran cantidad de barrios construidos en los últimos tiempos. El IPAV, con demasiada demora, planteó que instrumentará los pagos mediante el descuento de los recibos de sueldos o de la boletas de servicios de los adjudicatarios. Un cambio drástico en un sistema que, durante décadas, había sido una lotería en la que algunos cumplían con su obligación -legal y moral- de pagar mensualmente su cuota y otros tantos no. La ausencia de penalidades contribuyó a crear un estado de evidente injusticia entre los mismos beneficiarios.
En esta compleja cuestión se han sumado enérgicos reclamos por la calidad de la construcción, las condiciones deficientes en que se entregan las unidades y los problemas de acceso a servicios como la salud y el transporte públicos. Tampoco faltaron reacciones extremas, como las vividas en este capital y General Pico, en que se llegó a la usurpación y hasta el hostigamiento a funcionarios como el que sufrió el mismo vicegobernador en la ciudad norteña.
Entre la voluntad de bajar la alta evasión en el pago de estas viviendas y la metodología implementada para asegurar el cobro de las cuotas -en muchos casos esa laxitud en los controles forma parte de los mecanismos del clientelismo político-, cabe preguntar hasta dónde puede avanzar el Estado. Cómo una administración puede garantizar que haya justicia entre los ciudadanos que fueron beneficiados con una vivienda social reduciendo la brecha de morosidad y, a la vez, contemplar la situación de quienes, por sus dificultades económicas, no pueden afrontar, al menos totalmente, su pago ni están en condiciones de acceder a un techo de otra forma.
El justicialismo, que gobernó esta provincia en forma ininterrumpida desde la instauración democrática, mostró un excesivo apego a la demagogia al entregar viviendas sin exigir el reintegro de las módicas cuotas que deberían permitir que el sistema se retroalimente y no se agote en el tiempo. Contribuyó a generar así una cultura de la dádiva y de la ausencia de responsabilidad en quienes fueron beneficiados con cuantiosos dineros del tesoro público, es decir, de todos los pampeanos.
En indiscutible que la mano del Estado debe respaldar y dar oportunidades a aquellos que por su situación económica y social no pueden vivir en condiciones dignas. Aunque también debe garantizar que el beneficiario cumpla con su cuota, porque es -o debería ser- la base solidaria para que otros puedan alcanzar el mismo derecho. Ese, el del control estricto y, simultáneamente, la contemplación de cada situación, es el difícil equilibrio que deben asumir los gobiernos con sus políticas sociales.