Que un preso no oculte la realidad

La detención de un ex director provincial, por haber quedado firme un fallo condenatorio en su contra por enriquecimiento ilícito, no pasó por alto entre los pampeanos que se preocupan por el destino de los fondos públicos que aportan como contribuyentes. Siempre, en casos así, surgen opiniones diversas sobre si los encarcelados son sólo los llamados vulgarmente "perejiles" o no. Ese contrapunto sugiere sensaciones encontradas a causa de que es imposible suponer que funcionarios de primer nivel desconocieran -o al menos sospecharan- sobre esos manejos de dineros públicos para beneficio propio. Lo cierto es que más allá de este debate, que merecería ser profundizado, en los presidios pampeanos hay tres ex funcionarios marinistas purgando penas por ese delito.
Ese dato -por más o menos significativo que puede ser para la comunidad- no debería servir para ocultar otras cuestiones que por permanecer en un segundo plano suelen pasar inadvertidas. Una de ellas es la lentitud del Poder Judicial en las investigaciones que involucran a hombres que pertenecen o pertenecieron al poder político, más allá de que indudablemente sean casos más complejos que un robo simple o hasta un homicidio.
El detalle de que el ex director de Deportes terminó encarcelado por un error formal de sus abogados -v.g. hasta Al Capone supo caer por evasión de impuestos, mientras traficaba ilegalmente bebidas alcohólicas durante el período de la Ley Seca- es puramente anecdótico. En todo caso confirmaría lo que se está abordando en estas líneas acerca de la lentitud, porque si la Corte Suprema hubiera admitido el recurso de queja, quizá hubiese pasado un año o un año y medio más, hasta que el fallo quedara firme, siempre y cuanto el Alto Tribunal lo hubiera ratificado.
Por ese error -excederse en la cantidad de páginas de la queja- la causa se resolvió en "apenas" ocho años, incluyendo su instrucción, el juicio y todos los recursos defensivos posibles ante tribunales provinciales y nacionales. Y no fue la más lenta de las que se tramitan o tamitaron ante los tribunales pampeanos. Y esto expresado no desde la subjetividad de una opinión, sino desde la palpable realidad del almanaque.
Sobran los ejemplos. Entre la denuncia por los sobreprecios en las cloacas de Intendente Alvear y el juicio pasaron diez años, y la revisión del fallo aún espera un pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia. La segunda parte de esa investigación recién se está instruyendo.
La causa de las fundaciones truchas, que investiga presuntos desvíos millonarios de dineros del Estado, lleva seis años dando vueltas y ni siquiera tiene procesados. Las donaciones truchas en la Municipalidad de Santa Rosa empezaron a investigarse a mediados de 2001 y las dos condenas todavía no están firmes. El supuesto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Bienestar Social, Santiago Alvarez, se abrió a fines de 2005 y el imputado todavía no fue a juicio. Las condenas por enriquecimiento ilícito -nada menos- contra los ex popes del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda, Hugo Agüero y Luis Araniz, quedaron prescriptas por el paso del tiempo. La causa de los 73 viajes fantasmas del Ministerio de Bienestar Social fue elevada a juicio hace cinco años, obviamente las audiencias no tienen fecha. La condena contra Silvio Amoresano por enriquecimiento tampoco está firme. Y los presuntos sobreprecios pagados para la construcción del acueducto del Río Colorado se están instruyendo desde 2007.
¿Hace falta decir algo más? Sí, dos cosas. Que la Fiscalía de Estado informe públicamente cuánto dinero recuperó de todos esos desvíos, y que las máximas autoridades del Poder Judicial exijan a las jueces -no a todos, es cierto- más celeridad. Porque en definitiva, se supone, que todos quieren que se haga justicia.