El papel mojado de Ciccone o los temas urgentes de economía

EMILIO MARÍN
En política, como en el resto de los asuntos de los mortales, hay prioridades. Se impone ir de lo más importante o lo de menor cuantía; concentrar esfuerzos en resolver lo primero y luego atender lo demás.
Según la oposición conservadora, pareciera que lo decisivo para los 40 millones de argentinos es si Alejandro Vanderbroele fue o no un testaferro del ex ministro de Economía, Amado Boudou.
Junto a tan poco estratégico interrogante, la otra consideración opositora es clausurar las puertas de los colegios a los peligrosísimos jóvenes de "La Cámpora". El jefe de gobierno de la Ciudad, que no aportó una idea positiva durante el desgastante conflicto del Subte, esta vez tuvo una iniciativa. Habilitó un 0-800 para que los padres de los alumnos denunciaran incursiones camporistas en los establecimientos escolares. Si querían alertar contra venta de droga en la puerta de las escuelas, o violencia policial contra los alumnos, no tenían esa línea de comunicación. Para hacer maccartismo sí.
Y no es que los asuntos tan meneados por la oposición sean despreciables absolutamente, como la posible relación de Boudou con la sospechada empresa de billetes. Interesa y la justicia está ocupándose, con nuevos juez y fiscal luego de las denuncias del vicepresidente contra Daniel Rafecas y el procurador Esteban Righi. El caso Ciccone, que fue a la quiebra y fue recuperada en base a un procedimiento discutible de la AFIP, que no suele brindar tantas oportunidades al resto de firmas en ese trance, también tiene su magistrado a cargo.
No parece que el mundo se vaya a desplomar por el caso de la imprenta, cuyos billetes, en comparación con la grave crisis económica internacional y su implicancia local, tienen la pobre cotización del papel mojado.
El Senado ya dio media sanción a la estatización de Ciccone, tras dos semanas de debate del proyecto oficialista. El argumento, que tiene su miga, es que se asegura la "soberanía monetaria". Como se opinó aquí cuando se hablaba de los billetes de 100 pesos con el rostro de Evita -una buena idea- es que a los argentinos no les importa tanto qué figura esté en los pesos sino que éstos alcancen para vivir. Y lo mismo con esta discusión: fabricada en Ciccone o en Casa de la Moneda, lo que interesa es que esa plata no se desvalorice con la inflación y que los compatriotas tengan una vida digna. Si hay una empresa estatal que los imprima, tanto mejor.
Lo notable de esta discusión es la pulverización del elenco opositor. El ejemplo es el FAP: los diputados socialistas votarán por el No, los juecistas por el Sí y Lozano-De Genaro por la Abstención.

Es la economía...
Mientras esos opositores practican su deporte favorito (pegarle a la presidenta y pelearse entre ellos con pasión similar), los argentinos de a pie tienen otras preocupaciones. Tienen que ver con la economía, porque hasta los poco confiables datos del Indec han confirmado que en mayo y junio hubo un estancamiento. Si se considera todo el primer semestre queda un 2,5 positivo frente a igual período del año anterior, pero de todas maneras son porcentajes que indican una tendencia a la ralentización de la economía, con pronóstico reservado.
Interesa entonces discutir las causas de esa situación y, sobre todo, las maneras de abordarla y salir de la mejor manera, para que no haya tantas consecuencias negativas para el empleo y la producción nacional.
Lo primero, quizás, sea tomar conciencia del problema y no creerse a salvo como si los argentinos fueran los campeones mundiales de la economía. No son los más perjudicados del planeta y en estos años se pudo crecer gracias a medidas adoptadas por el gobierno a contramano de las recetas de ajuste, tal como lo elogió el lunes el Nobel Josep Stiglitz, junto a la presidenta Cristina Fernández.
Pero ahora esos costados favorables de la política económica pueden no ser suficientes. Y no sólo por el viento adverso disparado desde las humeantes potencias mundiales, sobre todo Europa pero también Estados Unidos, últimamente un poco puesto fuera de foco del drama como si ya hubiera retornado al crecimiento.
Para los cristinistas, casi todo el problema se reduciría a la crisis mundial. Este es buena parte del asunto pero no todo, pues hay asuntos internos que conviene identificar y ver las responsabilidades empresarias y políticas.
Un economista nac&pop como Aldo Ferrer, actual embajador en Francia, disertó en el Congreso de AEDA y planteó: "no podemos atribuirles a los acontecimientos internacionales recientes las tendencias de la economía nacional. Hay que tratar de evitar poner en el afuera la causa principal de los problemas. Como cuando en las fases de auge se dice que es todo por el viento de cola, ahora no pensemos que es solamente por el viento de frente". A Ferrer nadie podría decirle que es miembro de la "opo" ni de la "corpo". Y está pidiendo identificar cuáles son las trabas domésticas que a su vez potencian las interpuestas por el desorden internacional.
Los entendidos en la economía local vaticinan que el PBI debería crecer en 2012 al menos 4,5 por ciento para no destruir empleos. Si la marca cayera a casi la mitad, entonces se oirá el ruido de esa destrucción y la correspondiente protesta social, pues -acorde a los antecedentes- el movimiento obrero se hará sentir. El plan gubernamental para escindir la CGT quizás quiera poner sordina.
En otra conferencia, el economista Eduardo Basualdo, miembro del directorio de la flamante YPF, hizo un diagnóstico sobre las correcciones que deberían implementarse: "mayor presencia estatal en producciones estratégicas junto a la adopción de políticas activas para combatir el elevadísimo grado de extranjerización, concentración y escasa diversificación de la producción que tiene nuestro país".

...Y es la política.
La posibilidad de adopción del enfoque de Basualdo puso en pie de guerra a Clarín y "La Nación", para quienes los controles del Estado en materia hidrocarburífera, como antes en el mercado cambiario, significan poco menos que una revolución chavista-bolchevique.
Sería un error creer que esas campañas se limitan a Marcelo Bonelli y otros columnistas a tantos dólares la nota, según contrato como el ventilado por la presidenta de la Nación. No. Es una cuestión de intereses de clase, monopolistas, de los peores.
Esos sectores del establishment, los mismos que nunca ganaron tanta plata como con este gobierno, valga la paradoja, ahora están abroquelándose para defender sus privilegios. Y si la marea del crecimiento económico tiende a bajar, sus presiones políticas pueden ganar tanta altura o más que en 2008, cuando se encolumnaron detrás de la Mesa destituyente sojera.
Ahora hay muchas más cosas en juego. Clarinete y Gaceta Ganadera están pendientes de la disputa política y judicial para que Cablevisión desarme su monopolio. Esta acción legal promovida por el grupo Uno (Vila-Manzano), que no son ningunos santos, llega a instancias decisivas cuando, por otro lado, se aproxima el 7 de diciembre. La Corte Suprema resolvió que ese día caduca la cautelar interpuesta por Héctor Magneto en contra del artículo 161.
Y aquél lo obliga a vender (regalar seguro que no) las licencias en exceso. "Cablevisión controla 158 licencias de TV por cable, 134 más de las permitidas", admite Carlos Pagni, de "La Nación", detractor de la ley de medios.
Esa pelea se hará más áspera en estas semanas y meses, y cualquier cosa -menos objetividad- puede esperarse de esos conglomerados mediáticos que marcan la agenda a las centrales empresarias de las que son parte (UIA, IDEA, Fundación Mediterránea, etcétera) y a la oposición conservadora.
La economía también se roza con la política en el tema inflación, un asunto donde el gobierno le saca el glúteo a la inyección. En cambio Ferrer, en la exposición mencionada, admitió "la necesidad de bajar una inflación que no es conveniente y evitar la fuga de capitales".
Esa suba de precios no es responsabilidad central del Ejecutivo, al margen que su Indec la mide en forma escandalosa. Ese termómetro será un desastre, pero "la fiebre" es culpa de los 200 grupos monopolistas formadores de precios. De nuevo van juntas política y economía: la cúpula empresaria de la UIA y la Bolsa de Comercio se reunió para apoyar a Carlos P. Blaquier, del Ingenio Ledesma, procesado por los crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Ignacio de Mendiguren, titular de la UIA, y Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio, tan amigos de la presidenta Cristina, tuvieron ese gesto político hacia Blaquier, que es como decir en contra de los juicios por violaciones a los derechos humanos. ¿Defenderán al dueño del monopolio azucarero para defenderse a sí mismos? Muchos de los máximos directivos de las grandes empresas y bancos tienen cuentas pendientes que rendir en dos frentes. Uno, su conducta durante la dictadura, que gracias a ellos fue militar-cívica. Dos, su responsabilidad por mercados oligopólicos, pobreza, deuda externa, ajustes, inflación y fuga de capitales.
Como dijo Evita y repitió Guillermo Moreno: la "puta oligarquía".