El juez García Allocco denunciado por ser productor sojero

Carlos Francisco García Allocco es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. El Gremio de Judiciales lo denunció en un programa de televisión porque su conducta es violatoria de la ley.
IRINA SANTESTEBAN
La denuncia contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia cordobés, Carlos Francisco García Allocco, la hice como secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), junto con Pablo Olmedo, secretario gremial, el 9 de octubre. Fui a los estudios del programa ADN, que conduce el periodista Tomás Méndez y que se transmite por Canal 10 de Córdoba, el canal de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba. Méndez es el periodista que denunció el escándalo de los narco policías.
Llevaba las pruebas que me habían acercado mis compañeros judiciales, quienes habían bajado de Internet los formularios de AFIP donde constaba que García Allocco estaba inscripto desde el 1 de mayo de 1994, pagando ganancias por tres ítems: siembra de cereales y otros cereales, cría y venta de ganado vacuno y alquileres de campos.
Cuando esos formularios llegaron a mi oficina yo no podía creer lo que veía. Me pregunté si no sería algo desactualizado, pero no, el papel decía que García Allocco no se había dado de baja. La fecha de impresión del formulario era el 4 de octubre de 2013.

 

Tajante.
Mi perplejidad tenía que ver con que, aunque no soy ninguna especialista en ciencias jurídicas, como abogada y trabajadora en el Poder Judicial durante los últimos treinta y un años, siempre supe que los magistrados no pueden tener negocios de índole industrial, comercial, financiera ni agropecuaria.
La Constitución Provincial de Córdoba, que data del año 2001, es tajante al respecto. A los magistrados y funcionarios judiciales les veda la militancia política partidaria y la actividad comercial en un sentido amplio, dejándoles abierta exclusivamente la docencia e investigación.
Y no se trataba de un juez de baja o mediana ubicación en la pirámide mediterránea. Es el número uno de esa escala, asumido como presidente del Tribunal Superior por el voto de sus seis colegas, para ejercer tan altas funciones en 2013. ¿Era a la vez un productor agropecuario en Marcos Juárez, violando disposiciones constitucionales? Seré un poco ingenua, pero confieso que no lo podía creer.

 

Los datos.
En síntesis, el formulario de la AFIP decía: "Impuestos y fecha de alta:
Ganancias Personas Físicas (05-1994).
Reg. Trab. Autónomo Categoría T3 Cat II Ingresos Desde $25.001 (05-1994)
IVA (05-1994) Ganancia Mínima Presunta (01-2002)
Reg. Seg. Social Empleador (11-2006)
Sicore-Impto. a las Ganancias - 32 (11-2009)
Actividad:
Principal: 12111 (F-150) Cría de Ganado Bovino-Excepto en Cabañas y para la Producción de leche.
Secundaria(s): 11131 (F-150) Cultivo de Soja".

 

Imposibilitados.
El periodista Méndez me preguntó si esas actividades eran compatibles con el rol de titular del TSJ y contesté que no. Que la Constitución Provincial, en su "Sección III-Poder Judicial, Capítulo I-Disposiciones Generales. Prohibiciones", incluye el artículo 156, que reza: "Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones".
Méndez tenía en el piso grandes láminas con el artículo 22 del Código de Comercio de la República Argentina, que dice: "Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado: 1.- Las corporaciones eclesiásticas; 2.- Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical; 3.- Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente".
La otra prohibición que fulmina la doble faz de productor agropecuario y sojero está en el Código de Ética para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, que en su artículo 3.9 advertía: "El Ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las actividades político-partidarias y con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación partidaria. También lo es con la actuación profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio".
Uno de quienes redactó ese Código de Etica es Armando Andruet, vocal del TSJ, que borró con el codo aquella redacción, pues tenía despacho de por medio a alguien que la violaba sin pudor. Peor aún, cuando esta secretaria general de la AGEPJ hizo la denuncia pública, los miembros del máximo tribunal, con una reacción corporativa, salieron a respaldar a García Allocco. ¿Defendían a uno de los suyos, como una forma de defenderse a sí mismos?

 

Argumentos falaces.
Tomado con las manos en la soja, el titular del TSJ dijo que esas supuestas incompatibilidades no eran tales y ya habían sido superadas al momento de su asunción como vocal. Y que lo suyo no constituye un acto de comercio.
Sobre esos dos descargos tan poco solventes, mi réplica es la siguiente:
-En el orden de prelación de las normas, la que tiene mayor rango es la Constitución de Córdoba, con su artículo 156 ya citado. Y a él debería someterse el mayor exponente del Poder Judicial cordobés, dando el ejemplo. Un prestigioso constitucionalista como Adonis Molina Herrera, consultado por Radio Mitre, La Voz del Interior, CBA24N y Canal C, opinó que la citada actividad era incompatible con su elevada función.
-Sobre que el Código de Comercio en otro pasaje dice que no es acto de comercio el que los labriegos vendan el fruto de sus esfuerzos, entiendo que se refiere a labriegos, condición ajena a García Allocco, quien ante la AFIP fijó residencia en Belgrano 643, de Marcos Juárez. Es el mismo domicilio de su esposa Norma Bermejo, quien en 2003 reemplazó como senadora nacional de Unión Por Córdoba-Partido Justicialista a Beatriz Halack, quien a su vez había suplantado a José Manuel de la Sota. Justamente fue este gobernador quien en 2007 propuso a García Allocco como miembro del TSJ, con relaciones políticas algo promiscuas que también generaron dudas sobre la independencia de criterios de este vocal respecto al gobierno provincial.
-¿Será que el jurista sojero y ganadero sólo siembra y cría para la alimentación de su familia? No parece, porque está inscripto en Ganancias Personas Físicas, Ganancia Mínima Presunta e Impuesto a las Ganancias. Recuérdese que como vocal del tribunal, no paga impuesto a las ganancias; con el último aumento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia su salario se elevará a 60.000 pesos mensuales.
-Finalmente, aún cuando a la hora de su designación por De la Sota se hubieran descartado en la Legislatura varias objeciones, eso no sería un certificado de calidad legal. Salvando las distancias, los genocidas protegidos por las leyes del perdón de 1986 y 1987 también decían que sus casos eran cosa juzgada. Afortunadamente desde 2003 en adelante esas normas fueron anuladas y se reabrieron los juicios largamente archivados. Con García Allocco sucede algo que tiene algún punto de parecido: en 2006 el interventor del Correo Argentino, Eduardo Di Cola aportó fotocopia de un contrato legalizado por escribana donde García Allocco alquilaba un campo en Saira, al norte de Marcos Juárez, junto con dos socios empresarios. Ese contrato duró entre 1993 y 1996, y el firmante había sido designado camarista en 1992, por lo que estaba violando las incompatibilidades legales y constitucionales.

 

Haz lo que yo digo.
Una empleada judicial de Corral de Bustos fue designada en diciembre de 2011 como prosecretaria en esa jurisdicción, el escalón más bajo de funcionaria. Un par de meses antes había sido consagrada como concejal ad honorem de Guatimozin, de 2.800 habitantes, donde había sido una destacada militante social, en la escuela del pueblo, sin carácter partidista. El TSJ le abrió un sumario, la suspendió y en un lapso breve la cesantearon.
En este caso, ocurrido en 2013, me tocó pedir una reunión a García Allocco donde le propuse que no sancionara a esta empleada sino, en todo caso, que se le aplicara una sanción menor. Que ella no había sido consciente de su error y lo admitía. Que su concejalía no era remunerada sino ad honorem. Etc. Fue en vano. El presidente se puso a pontificar sobre la ética y las incompatibilidades.
Por eso cuando fui al estudio de ADN con la denuncia no pensaba tanto en el conflicto con el TSJ por el régimen de Porcentualidad en las remuneraciones que la Agepj reclama con un plan de lucha desde el 1 de julio pasado. Más que nada pensaba en esa compañera cesanteada y el doble rasero de estos dioses del Olimpo.
Afortunadamente el caso está bien visible ante la opinión pública. "La Voz del Interior" on-line tiene una encuesta para votar si la actividad agropecuaria de García Allocco es compatible o no con su función judicial. El guarismo le era desfavorable por 92 por ciento contra sólo 8 por ciento que lo justificaba.
El presidente del TSJ votó en abril pasado a favor de la continuidad de las obras de la cuestionada multinacional Monsanto en esta provincia. ¿Votó el jurista o el sojero que apuesta a la semilla RR y ahora a Intacta RR?