Maduro ganaría los comicios municipales por su ofensiva económica

La derecha venezolana busca que la votación del domingo sea un plebiscito contra Maduro. Sin embargo el presidente puede salir airoso por su ofensiva económica. De todos modos cabe aclarar que no son elecciones presidenciales sino municipales.
EMILIO MARÍN
No es fácil pronosticar qué puede resultar de la elección venezolana del domingo 8, cuando se elegirán 335 alcaldes municipales, dos metropolitanos (uno en Caracas y otro de Alto Apure) y 2.455 concejales.
Es que la última puja, el 14 de abril pasado, fue ganada por el presidente Nicolás Maduro sobre el opositor derechista Henrique Capriles, pero sólo por 1,4 por ciento de los votos, algo así como 240.000 sufragios. Esa relativa paridad, con diferencia a favor del chavismo, abre cierto interrogante sobre si esa derecha no puede el domingo emparejar y hasta pasar a ganar.
El cronista cree que no. Confía en que la experiencia de los meses transcurridos desde la ajustada victoria de abril puede haber sido mejor aquilatada por la mayoría de los venezolanos. Y que por lo tanto los candidatos del Gran Polo Patriótico, estructurado alrededor del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), van a ser los ganadores en la mayoría de las ciudades.
Esa creencia se basa en una consideración política: la oposición nucleada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no luce hoy como una fuerte confluencia alrededor de la candidatura única de Capriles. Va en muchos casos desperdigada en candidatos que expresan más o menos lo mismo, en la búsqueda de retrotraer Venezuela a la neoliberal "Cuarta República".
Por otro lado Capriles y sus sponsores de Fedecámaras, la misma entidad patronal que entronizó brevemente a Pedro Carmona como presidente golpista en abril de 2002, han tomado posiciones muy antidemocráticas en estos meses, que pueden haber erosionado su capital de abril. Por ejemplo, se negaron a reconocer la victoria democrática de Maduro, siguiendo al pie de la letra la línea del Departamento de Estado. Washington no reconoció al presidente, ha expulsado sus diplomáticos, no ha cubierto su embajada en Caracas, etc. Hacer seguidismo al imperio no es, en términos generales, una política de masas en Venezuela y Latinoamérica, aunque por supuesto concita un cierto paquete atado de votos poco patrióticos.

Maduro se viene afirmando.
El otro motivo por el que el cronista cree que el gobierno bolivariano saldrá airoso de esta nueva prueba es que -desde abril hasta aquí- Maduro ha tomado el toro por las astas. Y aunque aún no ha transcurrido el tiempo suficiente como para completar la aplicación de esas medidas en materia de inflación, de lucha contra la corrupción, etc, ya se puede apreciar que es adecuado el sentido de lo impulsado por el Palacio de Miraflores.
El 6 de noviembre pasado el mandatario inició su ofensiva económica contra los especuladores, industriales y comerciantes que remarcan precios y ganan fabulosas diferencias. Otros blancos son segmentos de ese empresariado que han recibido divisas del Estado a precio oficial de un dólar a 6,30 bolívares (en el mercado paralelo se cotiza diez veces más) y que en vez de usar esas divisas para importar productos necesarios, las destinaron a otros fines. Entre otras maniobras vendieron dólares en el mercado negro, los fugaron a paraísos fiscales, vendieron productos importados a altos precios, etc.
De ese modo defraudaron los objetivos alegados ante la Cadivi (Comisión Administradora de Divisas), motivando la justa reacción gubernamental. Maduro expuso casos concretos de empresas proveedoras de materiales eléctricos como la Tienda DistinLamp que habían aumentado sus precios 7.000 por ciento, pese a haber recibido dólares del Banco oficial para importar y vender a precios normales.
La población deberá elegir entre los alcaldes que defienden el Plan de la Patria, original de Hugo Chávez en 2012 y continuado por Maduro, con preocupación por mantener los productos a precios razonables, y los candidatos de la derecha, afines a Fedecámaras, que fomentan la inflación superior al 50 por ciento anual. Razonablemente se puede pensar que tomarán la primera opción, que coincide con sus intereses.
El citado Plan de la Patria fue el programa presentado por Chávez cuando fue electo presidente la última vez. Maduro lo adoptó como su plataforma para 2013-2019 y el martes de la semana que concluye fue votado como ley de la República, por la Asamblea Nacional. El titular de la misma, Diosdado Cabello, la llevó hasta Miraflores y la entregó al presidente, quien declaró que ese documento debería ser una carta de navegación de todos los alcaldes que sean electos el domingo y "completar la ecuación para ejercer el mandato popular".

Burgueses con miedo.
Como ocurre en otras latitudes latinoamericanas, un contexto de alta inflación y el consabido desabastecimiento empresarial, no es políticamente neutro y suele ser el caldo de cultivo para que la derecha trate de desembarazarse de gobiernos que molestan sus intereses. Y eso se vio en Venezuela muchas veces desde que Chávez ganó su primera elección en diciembre de 1998.
Las municipales que se celebran el 8 de diciembre serán la número 20 de la saga de la República Bolivariana y dicho sea de paso fueron todas ganadas por el chavismo, menos un referéndum sobre reforma de la Constitución, que Chávez perdió por un punto y medio, y lo reconoció apenas dos horas de finalizado el escrutinio.
Los segmentos más parasitarios del empresariado están con miedo porque ven que Maduro viene avanzando en su ofensiva económica y que ésta goza de mayor apoyo popular según diversos sondeos. Y lo peor para ellos es que tal política tiene el andamiaje jurídico y legal correspondiente, lo que no les permite ponerse como supuestas víctimas de una "dictadura".
La Asamblea Nacional aprobó la llamada Ley Habilitante, un recurso constitucional que permite por doce meses al presidente dictar decretos con carácter de leyes, para lo cual debió contar con la autorización y el voto positivo de tres quintas partes de los legisladores. En base a esa ley, Maduro ya dictó tres decretos muy necesarios para impedir aquellos sabotajes a la economía, que causan enormes perjuicios a la gente.
Uno fue sobre precios justos, que otorga márgenes de ganancia razonable a los empresarios pero impide los abusos y remarcaciones. Otro que pone un techo a los alquileres de locales comerciales para que las inmobiliarias no cobren cualquier alquiler a los comercios, sobre todo chicos y medianos, y que llevan a éstos a remarcar. El tercero también pone topes a los precios de los autos y sus repuestos, para evitar que un auto usado se venda a dos veces lo que debería costar un cero kilómetro, como estaba sucediendo.

Respetar la ley.
Los empresarios de Fedecámaras rechinan sus dientes de odio contra el presidente y coinciden con Capriles en que se trata de un mandatario ilegítimo, que toma medidas chavistas insensatas y que en definitiva actúa casi como una marioneta castrista.
Los diputados de la oposición más extremistas, como Leopoldo López y Corina Machado, dicen que el sucesor de Chávez padece "una insanía mental". Y en general en esos círculos de la MUD se repite el insulto racista de que un chofer de autobús, como era de origen sindical Maduro, no puede ser presidente de la República.
En eso no son muy creativos porque con diferencias de matices es lo que los grupos oligárquicos y racistas de Bolivia decían del "indio" Evo Morales. O más atrás en el tiempo, lo que opinaron del premio Nobel de la Paz a la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú.
Para garantizar el control de precios, el Estado viene movilizando sus inspectores, apoyados por el movimiento estudiantil y otros sectores populares. Los empresarios que luego de esas inspecciones vuelven a violar los precios, son demandados legalmente y algunos encarcelados. La fiscal general Luisa Ortega informó que hasta el 21 de noviembre había 26 empresarios presos. Ahora debe haber varios más.
Los chanchullos de los empresarios con las divisas entregadas por la Cadivi están siendo investigados por el flamante Centro Nacional de Comercio Exterior. Su objetivo es "garantizar y asegurar las políticas nacionales en materia de administración de divisas, ejecutar un plan de divisas, crear un plan nacional de importación, hacer seguimiento y control a los programas de inversiones en el exterior, etcétera".
A los venezolanos les debería interesar muchísimo la evolución de esa entidad creada al amparo de la ley Habilitante. Y a los argentinos también, teniendo en cuenta el buen antecedente del primer peronismo en 1946 con el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio). El interés es sobre todo actual, por los dramas del drenaje de divisas, la fuga de éstas, la especulación de los sojeros y otros monopolios con la liquidación de sus exportaciones y demás formas delictivas cometidas en el Río de la Plata.
Este domingo 19 millones de venezolanos van a elegir alcaldes y concejales, en un comicio limpio como los 19 anteriores, organizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y controlados por miles de militares del "Plan República". No son comicios presidenciales, pero tienen una indudable importancia nacional y regional, y al Mercosur le conviene una victoria de Maduro.