El largo camino que falta recorrer

I - Las palabras de Eugenio Zaffaroni sonaron como música para los oídos de la clase política gobernante lugareña: "Los medios presionan más a la justicia que el poder político", dijo el ministro de la Suprema Corte de visita en Santa Rosa invitado por la Universidad Nacional de La Pampa donde fue distinguido como "profesor honorario". Zaffaroni se refería en general a lo que pasa en el país y no a la historia reciente pampeana donde esa afirmación, sin ser totalmente errada sobre la influencia de los medios, no se ajusta a la realidad. La historia de connivencia PJ-PJ (Poder Judicial - Partido Justicialista) es la de una larga relación que hizo posible aberraciones jurídicas como la re-reelección de Rubén Marín, avalada por el Superior Tribunal de Justicia. Aquí el poder político, cuando lo necesita, es capaz de manejar las decisiones de la justicia más allá de lo que digan los medios. Puede sacrificar un peón y hasta un alfil en ese juego de ajedrez imaginario con la sociedad, cuando la paciencia indignada de los pampeanos se encrespa, pero a la hora de la continuidad hegemónica son capaces de cambiar la historia interpretando la Constitución de La Pampa y hasta de las matemáticas (la re-re se aprobó con menos votos que los requeridos) a la medida de las necesidades políticas como aquélla de 1999.

II - En La Pampa, hasta la crisis de 2001, el gobierno había logrado disciplinar de tal grado a la justicia que no había casi fallo que no fuera a su medida. Algunos magistrados, la excepción que confirmaba la regla, resistían e intentaban actuar con independencia. Pero la gran mayoría estaba siempre más preocupada por no enojar a los poderosos caciques locales y evitar así la posible amenaza de un juicio político que blandían los diputados justicialistas contra todo juez o fiscal que se atreviera a salirse del libreto de impunidad que se había escrito para esos años de hipercorrupción y hegemonía.
Pero luego de ese año bisagra y de las jornadas del 15 de febrero de 2002 cuando la asustada clase política gobernante local mandó a reprimir la pacífica protesta de vecinos a los palos, gases lacrimógenos y balas de goma en plena Plaza San Martín (un episodio que, curiosamente, no hay casi quien reivindique ni recuerde en la efemérides comarcal), esa influencia del poder con la justicia se rompió, no del todo es cierto, pero lo suficiente para que a partir de allí se iniciara una seguidilla de causas que terminaron con funcionarios en la cárcel y un intocable cómplice del descontrol echado del Tribunal de Cuentas. (¿Es casualidad que ese mismo funcionario echado no fuera acusado por un fiscal que viene de aquéllos años serviles de la justicia a la medida del poder?).

III - Pero el mensaje principal que los pampeanos debemos tomar de la presencia de Zaffaroni en la Universidad pampeana no es tanto éste de la influencia mediática o política sobre la justicia sino su entusiasmo por la propuesta presidencial sobre la democratización de la justicia. Repensar el sistema judicial, nos dijo Zaffaroni a los pampeanos, es una deuda de la democracia recuperada. Ese es el punto que aquí debiera haber calado más hondo y que es más necesario debatir. Todo lo malo que la influencia política ha sembrado en su relación con la justicia pampeana tiene su origen en el mecanismo arbitrario de designación de jueces y funcionarios que no fue modificado ni un ápice con ese engañapichanga del supuesto Consejo de la Magistratura que como otras creaciones de la Reforma Constitucional de 1994, fue "para la gilada" pues no cambió en nada la desproporcionada influencia que el oficialismo tiene en la designación de los jueces y funcionarios del Poder Judicial. Tanto que la oposición, o sea, sumada, la mayoría de los pampeanos en términos electorales, no tiene ingerencia representativa en ese organismo que resuelve quiénes serán los hombres de la justicia y, así, cómo será esa justicia.
Ese Consejo no tiene presencia opositora, un punto que la presidenta se encargó de destacar es imprescindible modificar si es que en serio queremos avanzar hacia la pretendida democratización de la justicia con la elección directa de sus miembros. Aquí es posible hacerlo pese a que es la Constitución la que establece la representación del Ejecutivo, del Legislativo, del STJ y de la matrícula de abogados en la conformación del Consejo de la Magistratura. Con que se acuerde una ley que establezca que esos representantes se elegirán por voto directo de los ciudadanos en cada elección, se lograría la democratización que tanto ansía el kirchnerismo. Cómo dijo EZ: "una sentencia es un acto de gobierno". En una provincia donde aún hay quienes se empeñan en decir que es un acto aséptico y apolítico, esa frase reveló la distancia que aún debemos recorrer. (LVS)