Una bala de plomo para un mapuche

A menos de cuatro meses de la muerte de Santiago Maldonado una fuerza de seguridad mató a otro joven en un operativo de represión contra un grupo de mapuches de la cordillera patagónica. En lo que aparece como una escalada en el uso de la violencia para enfrentar la protesta social, esta vez fue la Prefectura la responsable de provocar la muerte de un ciudadano argentino.
Y como en aquella oportunidad, otra vez se pudo ver el inmediato despliegue del relato macrista en todo su esplendor. Funcionarios y grandes medios oficialistas combinaron sus esfuerzos para presentar este caso como un "enfrentamiento", es decir, como un choque entre oponentes que cuentan con recursos similares. Pero el resultado de las acciones y los testimonios de quienes estuvieron en el lugar hablan de algo muy distinto.
El joven mapuche, de solo 21 años, recibió el impacto de un proyectil 9 milímetros en la parte posterior de su cuerpo, lo cual indica que no se encontraba en una actitud de agresión sino de huída. Además se registraron otros dos heridos de bala entre los miembros de la comunidad mapuche mientras que los efectivos de la Prefectura no reportaron ningún daño físico. La asimetría no pudo ser más elocuente y habla de un operativo de represión violenta de una fuerza de seguridad que cuenta con una enorme superioridad de pertrechos ante un puñado de mapuches que blandían palos y piedras.
La ministra de Seguridad volvió a usar la misma estrategia que desplegó con la inicial desaparición de Santiago Maldonado cuando salió presurosa a respaldar a la Gendarmería sin una investigación de los hechos. Idéntico recurso empleó ahora al defender la actuación de la Prefectura indiferente al resultado ominoso de su incursión. Pero avanzó todavía más cuando dijo: "nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad", lo cual constituye no solo una amenaza sino también un desconocimiento de los límites legales dentro de los cuales se deben mover las fuerzas de seguridad y cualquier funcionario público en un marco de institucionalidad democrática. La ministra pretende ponerse por encima de la obligación de dar explicaciones que tiene todo agente del Estado.
Una numerosa manifestación recorrió las calles de Bariloche en protesta por el asesinato del joven. Allí se escuchó una frase que sintetiza lo ocurrido: "era joven, pobre y mapuche, por eso fue asesinado". Lejos de esta lectura, los medios porteños, firmes aliados del gobierno, volvieron a desatar una campaña de demonización contra los mapuches con un repertorio de prejuicios y acusaciones sin pruebas destinados a confundir e inocular en la sociedad una predisposición negativa hacia esa comunidad aborigen y su legítimo reclamo sobre la tierra.
El gobierno parece decidido a profundizar el uso de la violencia contra la protesta social. No faltan quienes observan esta tendencia como una estrategia orientada a captar la adhesión de sectores de la sociedad que defienden la aplicación de la "mano dura". La historia reciente de nuestro país -con su muestrario de tragedias- debería alertar a quienes diseñan estas políticas por los enormes peligros que encierran.