La atroz mentira contra Gils Carbó

Una de las persecuciones más despiadadas que llevó a cabo el macrismo cuando ejerció el gobierno fue la que tuvo como víctima a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. En esa brutal operación se alinearon todos los peso-pesados: el Grupo Clarín, el entonces presidente Mauricio Macri, la entonces diputada Elisa Carrió, el fiscal José María Campagnoli y, la frutilla del postre, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, hoy prófugo en Uruguay de la justicia argentina.
El último de los mencionados fue el que, desde el altar de la «mesa judicial», lanzara aquella amenaza con tinte mafioso advirtiéndole a la entonces funcionaria que si no renunciaba a su cargo irían presas ella y sus hijas.
Ahora, el juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano acaban de decidir el archivo de la causa que le armaron por inexistencia de delito. No son dos funcionarios judiciales de segundo orden, ni se les puede atribuir alguna simpatía con la exprocuradora. Ercolini y Taiano fueron protagonistas rutilantes de muchas de las operaciones judiciales que llevó a cabo el macrismo en Comodoro Py y siempre levantaron la mano presurosos para avanzar en las causas que tuvieran como víctimas propiciatorias a los adversarios políticos apuntados desde la «mesa judicial».
Por tal motivo, que sean ellos los que acaban de determinar que no hubo ninguna irregularidad en el proceder de Gils Carbó no es poca cosa. Queda desmontada así otra grosera operación mediática-judicial contra una funcionaria que había llegado a la Procuración General con el respaldo de prácticamente la totalidad del Senado. Y que tuvo un desempeño impecable, al punto que bajo su responsabilidad, la oficina de escuchas telefónicas no tuvo ninguna filtración a la prensa ni a legisladores oficialistas ni opositores. Algo que no ocurrió después cuando Macri puso por decreto a esa repartición bajo la órbita de la Corte Suprema y esta delegó el mando efectivo en el juez Martín Irurzun; sí, el mismo que pergeñó la «doctrina» que lleva su nombre para encarcelar a procesados sin condena y espiarlos en la cárcel cuando conversaban con sus abogados defensores.
Que esta artera maniobra haya quedado al descubierto ahora, una semana después de que un tribunal sobreseyera a Cristina Kirchner por la causa armada por el Memorándum de Entendimiento con Irán, debería mover a la reflexión a tantos periodistas enardecidos que, desde los medios porteños más poderosos, fueron arietes imprescindibles para perseguir y mortificar a inocentes con imputaciones espurias. Ambos casos fueron ejemplos paradigmáticos del «lawfare», la guerra judicial para hostigar a quienes la derecha, local y continental, considera «enemigos» de su proyecto político elitista.
¿Hay alguna forma de reparar este daño infligido? ¿No debería reponerse a Gils Carbó en su cargo después del fusilamiento mediático y judicial que padeció? Hace tres años que su lugar es usurpado por un procurador interino -que protege a un fiscal procesado por extorsión- puesto a dedo por Macri. Una aberración sin precedentes en la historia judicial argentina.