Cómo fue el espionaje contra Gils Carbó

Redaccion 15/10/2021 - 21.07.hs

La AFI, la AFIP y la ANSES macristas espiaron a Gils Carbó, a su hija y a varios jueces. La información surgió de las investigaciones a la Mesa Judicial.

 

ARI LIJALAD

 

El gobierno de Mauricio Macri utilizó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a la ANSES y a la AFIP para espiar a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y a una de sus hijas. El dato confirma las amenazas del actual prófugo Fabián «Pepín» Rodríguez Simón acerca de que renunciaba o irían por sus hijas. El espionaje ilegal incluyó también a la jueza Ana María Figueroa y a otros magistrados del fuero civil y laboral, víctimas de las presiones de la Mesa Judicial macrista.
La información surge de varias presentaciones del fiscal Franco Picardi, que tiene a su cargo la investigación sobre el accionar de la Mesa Judicial que se dedicó a la persecución de jueces, fiscales y opositores durante el gobierno de Macri.

 

Se la tenían jurada.
Lo más evidente es que desde todos los organismos se buscó información sobre Gils Carbó. No es casual: Macri quería su cargo a toda costa y no escatimó esfuerzos. Puso al Estado en función de hostigar a la entonces Procuradora, todo coordinado con el Grupo Clarín y los estudios de abogados de grandes empresas nucleados en el Colegio de la calle Montevideo. Todos se la tenían jurada: Clarín porque Gils Carbó intentó frenar su reestructuración de deuda fraudulenta; el Colegio de la calle Montevideo porque sus miembros, abogados de grandes empresas, chocaban una y otra vez con la negativa de Gils Carbó de avalar concursos y quiebras truchas cuando era fiscal del fuero Comercial; Macri porque le frenó su intento de convertir a Buenos Aires en una guarida fiscal y no le hubiera dado cobertura a los fiscales que se sumaran al lawfare desplegado desde su llegada a la Presidencia.
Para apartar a Gils Carbó le inventaron causas judiciales a ella y a sus hijas, en el típico esquema de retroalimentación entre Comodoro Py-Clarín-AFI. Parte de los datos que utilizaban surgía de este espionaje ilegal desde la AFI, la AFIP y ANSES.
En una nota que el fiscal Picardi le envió a Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, le solicita «se informen las razones y/o justificaciones que motivaron las búsquedas (…) por parte de agentes el organismo, a través de las plataformas de la Dirección Nacional de Migraciones y de Nosis». Desde la AFI SE buscó información de Gils Carbó, una de sus hijas y la jueza Pérez Pardo en el sistema Nosis, que provee antecedentes fiscales y comerciales.

 

Espionaje ilegal.
El artículo 4 de la ley de Inteligencia establece que la AFI no puede «obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción». Revisar en Nosis o en Migraciones viola expresamente este artículo.
En el caso de AFIP, no es novedad que la utilizaran para la persecución a opositores. La propia CFK denunció que Macri usó la AFIP para hostigarla. La actual conducción del organismo encontró que la AFIP de Macri realizó miles de consultas de información fiscal sobre CFK y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, que se designaron funcionarios a dedo para investigarlos e incluso que hubo grupos de seguimiento, que se actuó de manera coordinada y fuera de la ley con juzgados y fiscalías y que se omitía notificar a la actual vicepresidenta de todos los procedimientos.

 

No solo Gils Carbó.
Ahora el fiscal Picardi encontró que desde la AFIP se buscó información en la plataforma de Migraciones sobre Gils Carbó y sobre el juez Néstor Miguel Rodríguez Lucero. Tiene identificados a los empleados que hicieron la búsqueda pero al igual que en la AFI el fiscal quiere saber si hubo órdenes de realizarla, quien la dio, a quién se le remitía la información y los legajos de los involucrados.
Desde ANSES el macrismo hizo búsquedas en la plataforma de Migraciones. Las espiadas fueron Gils Carbó, la jueza de Casación Ana María Figueroa (que ya denunció presiones de la Mesaa Judicial macrista) y las juezas Pérez Pardo y Mirta González Brunbridge. El fiscal tiene identificadas a las personas que hicieron los rastreos y le reclamó a Raverta que informe si hubo directivas de búsqueda, quien dio las órdenes y copia del legajo de todas. (Extractado de El Destape).

 

Se cayó la operación mafiosa.

 

El juez federal Julián Ercolini archivó la denuncia contra la exprocuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó por supuestas irregularidades en el alquiler de un inmueble denunciadas por el diario Clarín y Elisa Carrió en virtud de que la fiscalía no pudo comprobar la validez de la denuncia.
En abril de 2017 la fiscalía de distrito de Saavedra y Nuñez impulsó una acción penal en base a una noticia publicada en el sitio web del diario Clarín, sobre «supuestas irregularidades en la locación de un inmueble» por parte de la Procuración General de la Nación en 2015.
La decisión de alquilar el edificio se tomó porque se iba a implementarse el modelo acusatorio y se necesitaba un lugar para el funcionamiento de procuradurías y fiscalías especializadas. El 26 de febrero de 2016, la Sección Contrataciones de la PGN informó que en virtud «del diferimiento de la implementación del modelo acusatorio del CPPF, resultaba necesario «reconsiderar la razonabilidad de las locaciones de inmuebles que fueran impulsadas para su implementación». Por ello, se consideró que en virtud de la «situación de restricción presupuestaria imperante», correspondía rescindir unilateralmente el contrato de locación que se había suscripto.
Tras la denuncia inicial, la investigación se amplió por una presentación falaz de Elisa Carrió y Fernando Sánchez vinculada a otros dos convenios para adquisición o locación de inmuebles entre 2014 y 2015.
La denuncia sin sustento que publicó el diario Clarín no fue el único movimiento contra la entonces procuradora General de la Nación. En octubre de 2017, Clarín reveló, bajo el editorial «Último reducto kirchnerista en la Justicia», el número del celular de la hija de la jefa de los fiscales, una clara vulneración a su privacidad. (El Destape).

 


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