Los jubilados, el FMI y las injusticias

Redaccion 22/10/2021 - 21.07.hs

Resulta a todas luces una iniquidad el hecho de que las personas jubiladas deban pagar gastos y honorarios de los abogados en los juicios que le ganan a la Anses.

 

MIGUEL RODRIGUEZ VILLAFAÑE*

 

En 2012, el FMI publicó el «Informe sobre la estabilidad financiera mundial» donde hizo una alerta sobre el impacto financiero del riesgo de longevidad. El FMI sostuvo: «Las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado (el llamado riesgo de longevidad) son muy grandes». La institución destacaba, fríamente, que retrasar la edad de jubilación permitía prolongar el período de acumulación de recursos jubilatorios y luego, con jubilaciones tardías, se acorta el período de uso de las mismas, dado el tiempo natural de la existencia humana.
Sin embargo, en el informe no se analizó las implicancias deficitarias para las personas y los pueblos de exigir el pago de deudas externas eternas ilegítimas, odiosas y usurarias impuestas por parte del poder financiero mundial. Y, tampoco, el FMI dijo nada que, en el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri contrajera una deuda por cien años, con una tasa de interés del 8,25 por ciento anual, que fue una de las operaciones financiera más rentable para los grandes fondos de inversión internacionales, que condicionaron el futuro a más seis generaciones argentinas.

 

«Culpable».
Siempre se hace aparecer que la culpable de los desfasajes presupuestarios es la mal llamada «clase pasiva». Y se la presenta como una carga para la sociedad. Todo ello sin juicio crítico, ni legal, ni moral sobre el tema. A su vez, el manejo mediático de la problemática no toca para nada los pagos de deuda externa, los edulcora, sin pedir que se paralice su pago y se haga una auditoría, para determinar si corresponde legalmente abonarlos.
Pero lo grave radica también en ignorar las deudas que existen para con ellos, no discutidas y legítimas. La Ley 24.463 de Procedimiento Judicial de la Seguridad Social, del año 1995, determina injustamente, en el artículo 21 que, ante los juicios de naturaleza previsional, «en todos los casos las costas serán por su orden». O sea, aunque las personas jubiladas hayan ganado el juicio a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), lo mismo deben pagar sus gastos y los honorarios de sus abogados.
Lo mencionado va en contra de lo que dispone la Constitución Nacional y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta por Argentina y ratificada por la Ley 27.360 de 2017. La Convención dispone que los Estados «adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos».

 

Uso abusivo.
El artículo 21 de la Ley 24.463, que lleva una vigencia de más 26 años, aún hoy no ha sido derogado y el Estado Nacional lo ha ratificado hace un uso abusivo de él. Ello porque, al no tener que pagar las costas, interpone todos los recursos posibles en todas las instancias tribunalicias, para dilatar cualquier resolución judicial aún cuando en el tema planteado hubiera jurisprudencia pacífica, contraria a la postura asumida por la ANSeS.
A su vez, la demora indebida y cruel a la que el Estado Nacional somete a los demandantes para que se les reconozca los derechos que les corresponde, en cuestiones de contenido alimentario y vital, no solo perjudica su patrimonio, sino que también ataca uno de los bienes escasos de las personas mayores, como es su tiempo. Un reconocimiento tardío de sus derechos, les impide disfrutar de lo que es propio.
Además, la norma va en contra del principio general de las costas judiciales, que determina el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que dispone: «la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiese solicitado», solo pudiendo el juez, excepcionalmente, eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido.

 

A los buitres, sí.
En diciembre de 2017, la nueva Ley Nacional 27.423 de Honorarios de Abogados en la justicia federal avanzó en el tema y el Congreso Nacional determinó, en el artículo 36, que «en las causas de seguridad social (…) las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación», o sea, de conformidad al artículo 68 referido. Inmediatamente después, el presidente Mauricio Macri dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 157, en febrero de 2018, por el que derogó el artículo 36. El gobierno entendió, evidentemente, que dicho pago de honorarios que correspondía abonar al Estado responsable en la demora, estaba en contra de los objetivos económicos planteados por el FMI.
El planteo es inaceptable, reparemos que entonces las víctimas previsionales, siempre deben pagar los honorarios de los abogados cuando tienen que litigar contra el Estado incumplidor, mientras que, a los fondos buitre, en el arreglo llevado a cabo por Mauricio Macri, en abril de 2016, se les pagó los honorarios de sus abogados, aún en las causas que perdieron ellos, como fue el embargo de la fragata Libertad en Ghana, en el que Argentina ganó el planteo judicial.
En el año 2019 propuse a la Comisión Especializada de DDHH de las Personas Mayores del Colegio de Abogados de Córdoba realizar una gran movida, para que se derogue a la brevedad el injusto e indebido artículo 21 de la Ley 24.463, por ser inconstitucional y afectar gravemente derechos de los jubilados y pensionados y reflotar el artículo 36 de la Ley Nacional 27.423, que fuera derogado por DNU. Lamentablemente, si bien la Comisión avaló la propuesta, la Sala de Derecho Previsional del Colegio y el Colegio mismo, aún hoy, a más de 2 años, no avanzaron en ella. ¿Será que defienden que es más fácil cobrar sus honorarios de la plata de la persona jubilada cuando les pagan lo adeudado, que ejecutar al Estado que perdió el juicio?
Todos somos responsables ante esta gran injusticia para con nuestros mayores. No podemos mirar para otro lado.

 

*Abogado constitucionalista y exjuez federal.

 


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