¿A qué juega el poder económico?

La independencia judicial, la libertad de expresión y el respeto a las instituciones están siendo violentados en el gobierno de Milei. Existe un silencio atronador del poder económico, pese a que hasta hace poco eran sus reclamos.

 

Alfredo Zaiat

 

Durante años, con especial dedicación en el ciclo político del kirchnerismo, el mundo empresarial ha reclamado con vehemencia el respeto a las instituciones de la República, exigiendo independencia del Poder Judicial al cuestionar la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo y criticando la utilización del Poder Legislativo como “escribanía” de la Casa Rosada.

 

Convocaba a la convivencia democrática cuando el debate público subía varios decibeles con proyectos de ley que intentaban modificar, en los márgenes, la desigual relación de fuerza entre sujetos sociales y buscaban ampliar derechos económicos, sociales y personales.

 

Demandaba tolerancia en el disenso de ideas y se mostraba en primera fila en la defensa de la libertad de prensa. En términos globales, exigía seguridad jurídica para generar las condiciones económicas y normativas que permitieran comenzar un período de inversiones privadas.

 

Transcurridos quince meses del gobierno de Javier Milei, cada uno de estos principios del poder económico están siendo violentados y, pese a ello, existe un silencio atronador de cada uno de sus miembros y entidades que lo agrupan, sin observaciones críticas sobre la descomposición de las normas básicas que constituyen el pacto democrático, inaugurado en 1984.

 

Por el contrario, algunas cámaras empresariales, por omisión, y otras mediante comunicados, apoyan los desbordes institucionales y represivos de la administración liberal-libertaria.

 

“La CAC repudia la barbarie”.

 

Una muestra de este comportamiento de doble estándar en la evaluación política de los gobiernos es la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que picó en punta. Fue la primera entidad que emitió un comunicado, en la misma noche del día de la represión de las fuerzas policiales durante la habitual marcha de los jubilados, en esta ocasión apoyada por hinchas de diferentes clubes de fútbol.

 

El sugerente título del mensaje institucional (“La CAC repudia la barbarie”) induce a considerar una posición crítica por la brutalidad ejercida por las fuerzas bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es decir, la barbarie de pegarle a jubilados indefensos.

 

El mensaje no fue en este sentido. Replicó lo difundido por el gobierno y la red oficial de medios de comunicación: hubo manifestantes que “buscaron desestabilizar”.

 

Existen documentos fílmicos y fotográficos, además de decenas de testigos, que muestran, de forma incuestionable, que la alteración de “la paz social, el respeto y la convivencia democrática” fue provocada por las fuerzas de seguridad.

 

Esta posición pública de una de las principales cámaras empresariales constituye la expresión más nítida de la descomposición del discurso formal del poder económico vinculado al respeto de las instituciones, el republicanismo y la libertad de expresión.

 

Libertad de negocio.

 

El ensañamiento de la Policía Federal y Gendarmería con los y las fotoperiodistas y la agresión permanente de Milei a periodistas y a medios de comunicación no provocan la reacción de las tradicionales cámaras empresariales, que durante años han manifestado preocupación por la libertad de expresión.

 

La ex combativa Asociación Empresaria Argentina (AEA), bajo la conducción de Héctor Magnetto (Grupo Clarín), Paolo Rocca (Grupo Techint) y Luis Pagani (Arcor), tuvo una tibia reacción cuando uno de los suyos, la familia Saguier (Julio César, quien es uno de los vocales de la entidad), quedó bajo el fuego verbal de Milei.

 

En realidad, los negocios de la compra de Telefónica (grupo Clarín) y de petróleo y gas en Vaca Muerta (grupo Techint) no pueden verse afectados por ahora “cuestiones menores”, como la libertad de expresión y la vida de los fotoperiodistas amenazada en cada manifestación donde participan las fuerzas de seguridad.

 

La conducción política del poder económico (Clarín y Techint) no tiene interés en ocuparse, en estos momentos, de estas cuestiones que, en otras instancias, sirven para atormentar a gobiernos que no son de su agrado.

 

Lo mismo sucede con la mayoría de los integrantes de la Unión Industrial Argentina, dominada por Techint, que se desentiende del proceso de desindustrialización con apertura comercial.

 

Alianza entre facciones.

 

El documento “La teoría del ciclo del eterno retorno. Los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual”, elaborado por Eduardo M. Basualdo y Pablo Manzanelli (Flacso y Cifra-CTA), ofrece una caracterización del gobierno de Milei que facilita la comprensión del comportamiento del poder económico en esta etapa política y económica, respaldada por una alianza entre grupos locales y el capital financiero internacional.

 

Las actuales tensiones que atraviesan la economía liberal-libertaria se explican por la disputa que existe “ya sea para garantizar el cumplimiento de los compromisos de la deuda (capital financiero), ya sea para mejorar el tipo de cambio exportador (sector agropecuario), o ya sea para sostener la política energética y de Vaca Muerta (grupos locales)”.

 

La negociación con el FMI para conseguir dólares con el fin de garantizar las ganancias acumuladas en la bicicleta financiera y el debate sobre el atraso cambiario son las dos expresiones de esta acumulación de presiones entre facciones del poder económico.

 

Disciplinamientos y rebeldía.

 

La represión bárbara de las fuerzas de seguridad, bajo el mando de la ministra Patricia Bullrich, está al servicio de este proyecto político y económico del no retorno. Es la revancha clasista que tiene el propósito de disciplinar a los sectores populares, estableciendo una participación decreciente de los trabajadores en el ingreso a través de la reducción del salario real, la desocupación y la restricción de las conquistas sociales obtenidas por las luchas populares a lo largo de décadas.

 

La revancha clasista también se compone de odio mediático y social, violencia política en los medios y en las redes sociales, la estigmatización de diferentes colectivos con la letra “K” y la obscena persecución judicial y mediática a Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo su punto máximo en el atentado a su vida.

 

Las movilizaciones masivas, pese a la violencia institucional que Milei y Bullrich prometen extender, son el principal desafío para este proyecto de exclusión económica y social. (Extractado de El Destape)