Al servicio de la élite

En su primer año de gestión, el gobierno de Javier Milei ejecutó un modelo económico que transfirió ingresos desde los sectores populares hacia las élites económicas. La caída del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y el ensanchamiento de la brecha entre ricos y pobres evidencian una economía diseñada para maximizar las ganancias empresarias, mientras las mayorías enfrentan el ajuste y la precarización.

 

El primer año de Javier Milei al frente del Ejecutivo consolidó un modelo económico que privilegia de forma sistemática a los sectores más ricos, dejando al resto de la población lidiar con los costos del ajuste. En esencia, el proyecto libertario no eliminó al Estado; lo rediseñó como un administrador eficiente de la desigualdad, promoviendo una brutal transferencia regresiva de ingresos.

 

La distribución durante el primer año de la gestión Milei se inclinó con énfasis a favor del capital. Según datos del Indec, la participación de los trabajadores en el PBI cayó del 45% al 39%, marcando uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Esta caída del ingreso laboral coincide con un incremento de las ganancias empresarias en sectores clave.

 

El caso del sector agroexportador es emblemático: la eliminación de retenciones para algunos productos agropecuarios generó una transferencia de recursos estimada en 9.500 millones de dólares a los grandes exportadores. Mientras tanto, las principales cadenas de supermercados y empresas de alimentos registraron márgenes de ganancia que, en algunos casos, superaron el 30%, muy por encima de los promedios históricos.

 

Por otro lado, las tarifas de servicios públicos aumentaron entre un 300% y un 500% en promedio, dependiendo del sector, impactando de lleno en los hogares de ingresos bajos y medios. La quita de subsidios directos profundizó esta presión sobre los presupuestos familiares, mientras los proveedores de energía, varios de ellos benefactores económicos del partido de Gobierno, registraron ganancias extraordinarias.

 

La inflación, que cerró el año en torno al 88%, erosionó los salarios reales, que acumularon una pérdida de poder de compra del 22% respecto al inicio de la gestión Milei. Los trabajadores informales y monotributistas, que representan un porcentaje creciente de la población activa, fueron los más golpeados, con caídas que en algunos casos superaron el 30%.

 

Los datos de pobreza y desigualdad son contundentes. La brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población pasó de 19 a 25 veces, según el último informe de la Universidad Católica Argentina (UCA). Esto coincide con un aumento de la pobreza, que alcanzó el 44%, y la indigencia, que trepó al 11%.

 

La brecha económica es un reflejo de la distancia entre relato y realidad.

 

El rasgo criminal del gobierno en curso se verifica con nitidez en la agresión permanente a los jubilados. Los recortes en prestaciones y beneficios, sumados a la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, arrasan con las posibilidades de sobrevida de millares de adultos mayores condenados a morir o mendigar.

 

La legitimidad del gobierno se sostiene en su capacidad para garantizar ganancias extraordinarias a los sectores más concentrados mientras utiliza el relato anti “casta” para deslegitimar cualquier oposición. La narrativa oficial promueve la meritocracia y el orden como valores absolutos, reduciendo la política a un espectáculo diseñado para sostener la hegemonía económica. La desorientación opositora y un aceitado dispositivo de comunicación -alimentado con fondos públicos- contribuyen a la festiva narrativa oficial. Milei celebra el primer aniversario de un programa injusto y cruel. El daño que provoca no es colateral. (Por Adrián Murano, extractado de El Destape)