ARA San Juan: 44 muertos y ningún responsable

Los cuerpos de los submarinistas yacen en el lecho del mar esperando que algún milagro logre hacer parir, al Poder Judicial, algún acto de justicia y reparación.

 

JOSE ALBARRACIN

 

Este martes se cumplieron cinco años del hundimiento del ARA San Juan, el submarino de la Armada Argentina que llevaba 44 tripulantes, y cuyos restos fueron encontrados recién pasado un año, y sólo gracias a la ayuda internacional. Cinco años de impunidad, ya que, pese a la evidencia física contundente sobre la existencia de una grave negligencia, no se han determinado aún las responsabilidades políticas del siniestro. Sin embargo, como suele ocurrir en el sistema de (in)justicia argentino, la causa ya ha tenido varias metástasis, y amenaza transformarse en un laberinto innavegable.

 

Mundo marino.

 

Vale la pena recordar que el gabinete del gobierno en funciones en noviembre de 2017 se autoproclamaba "el mejor equipo de los últimos 50 años". Sirve como contexto para evaluar una crisis militar mayúscula, que al explotar, encontró al país sin ministro de Defensa, ya que el titular de esa cartera se encontraba de viaje por Europa, y no consideró necesario interrumpir su paseo para volver a afrontar el problema. Y es que -parafraseando a una referente de ese espacio político- "el otoño europeo es divino".En su lugar fungía la segunda del Ministerio, una ex concejal cordobesa cuyo conocimiento del mundo marino no pasaba del nivel parque acuático. Una persona que demostró tal ineptitud, que sólo le faltó confundir a la milla marítima con un crustáceo.

 

Como suele decirse en las películas, ninguno de estos funcionarios ha sido molestado por el curso de las investigaciones. Este tipo de acontecimientos sólo generan responsabilidades políticas si el gobernante de turno pertenece a algún espacio de corte popular, como lo prueban, sin ir mas lejos, los casos de la discoteca Cromañón, o el accidente ferroviario conocido como "Tragedia de Once".

 

Evidencia.

 

Hablamos aquí de "evidencia física" en referencia a las pruebas materiales: los testimonios suelen ser menos confiables, especialmente con testigos como el ex secretario del presidente, Darío Nieto, cuya memoria se mostró tan frágil al declarar, y aportó tan poco, que a punto estuvo de no recordar su propio nombre.

 

Lo que sí hay es una plétora de imágenes aportadas a la causa por los robots subacuáticos de la empresa Ocean Infinity, la responsable del hallazgo de los restos de la nave. Vale recordar que el hecho generó en su momento una gran repercusión en la prensa internacional, y puso en movimiento la proverbial solidaridad entre navegantes, en especial, los submarinistas.

 

Por desgracia, como la Marina intervino como "intermediaria" en la entrega de ese material gráfico al Juzgado de Caleta Olivia que lleva adelante las investigaciones, misteriosamente se perdió una cantidad indeterminada de fotos, con lo que ahora se ha armado una causa aparte para investigar qué material fue borrado, y por quién. Tampoco eso va a ser fácil: el perito a cargo protestó porque le entregaron equipos inadecuados para llevar adelante su tarea sin errores, pero el destinatario de esa protesta, el Consejo de la Magistratura, parece tener cosas más importantes de las que ocuparse, ya que no ha dado ninguna respuesta.

 

Escándalo.

 

De momento sólo hay cuatro marinos de rango intermedio con procesamiento firme. En esa resolución, la jueza actuante tuvo por acreditado que el submarino no había cumplido con los planes de mantenimiento programados, lo cual equivale a una negligencia grave.

 

Las posibilidades de que la cadena de responsabilidades se eleve de estas mojarritas hacia los peces gordos (el ministro y el presidente, que recortaron el presupuesto de las Fuerzas Armadas y no controlaron la seguridad de su personal, para luego incurrir en varios actos de encubrimiento del episodio) aparecen hoy como remotas.

 

Si hasta vienen zafando del escandaloso espionaje al que sometieron a los familiares de los tripulantes fallecidos, quienes insinuaron un sobrio reclamo por la investigación del hecho, lo que les valió ser víctimas de una persecución por espías de la AFI que haría palidecer a la Stasi alemana. Una Cámara porteña, integrada por dos "jueces" paisanos del entonces presidente -quien los puso en ese lugar por decreto- entendieron que era lícito violar la intimidad y la imagen de los ciudadanos, incluso menores de edad, ya que supuestamente la seguridad del gobernante estaba en riesgo.

 

Curioso maltrato, proviniendo como proviene de una fuerza política que presume de adorar a las Fuerzas Armadas, y cuya ministra de Seguridad se negó a investigar a sus subordinados de uniforme porque ella "no va a tirar un gendarme por la ventana". Pues bien, a estos cuarenta y cuatro argentinos y argentinas no los tiraron por la ventana. Sus cuerpos yacen en el lecho del mar argentino, irrecuperables para el duelo de sus deudos, a la espera de que algún milagro logre hacer parir, al Poder Judicial argentino, algún acto de justicia y reparación.