Argentina o FMI

El gobierno y sus aliados apuestan a consolidar en octubre una mayoría parlamentaria que les permita darle mayor velocidad y profundidad a la implementación de su modelo.

 

Por Carlos Heller *

 

A través de un comunicado, el Banco Central informó el “inicio de la Fase 3 del Programa Económico con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas”. Es a lo que se refirió el ministro de Economía en conferencia de prensa y dicha reforma se sustenta, según definió la autoridad monetaria, en “el saneamiento del balance del BCRA” que “permite avanzar en levantar el cepo”.

 

La palabra “cepo” es, a la vez, un término negativo para referirse a la administración de las Reservas y la alusión a una regulación que es absolutamente necesaria en nuestro país, que ha tenido una historia de déficits de divisas. Se trata de una debilidad que no se va a resolver con el fomento de las actividades extractivas, y un desdén hacia las actividades manufactureras, como promueve este Gobierno. Menos industria argentina, además de más desempleo, genera más importaciones e incrementa la debilidad cambiaria.

 

La decisión está sustentada por una significativa ampliación del endeudamiento internacional: el Gobierno anunció que de los U$S 20.000 millones del crédito con el FMI, U$S 15.000 millones “constituyen desembolsos de libre disponibilidad”. Los plazos son los siguientes: U$S 12.000 millones el 15 de abril, U$S 2.000 millones en junio, y U$S 1.000 millones durante 2025. Por otro lado, se comunicaron desembolsos de organismos internacionales (BID, BIRF y otros) por unos U$S 3.600 millones hasta junio, y U$S 2.500 millones antes de finalizar 2025. El acuerdo viene acompañado por la negociación con bancos internacionales para ampliar la facilidad del REPO ya existente por U$S 2.000 millones.

 

En resumen, un total de U$S 23.100 millones, de los cuales U$S 19.600 millones, ingresarán antes de junio. Sin duda, un enorme incremento de deuda pública externa, que subordinará aún más a nuestro país por años.

 

Fllotación.

 

La “flexibilización cambiaria” consiste en mutar a un régimen de “flotación cambiaria dentro de bandas” partiendo de un piso de $1.000 por dólar (el tipo de cambio oficial del 11 de abril cerró en $1.078) y un techo de $1.400. Según define el BCRA “dentro de las bandas, el tipo de cambio fluctuará libremente en función de las fuerzas de la oferta y la demanda”.

 

El avance en el desmantelamiento del “cepo” incluye la eliminación de todo tipo de restricciones de compra de divisas a las personas humanas (aunque se continuarán aplicando las percepciones impositivas sobre el turismo y los pagos con tarjeta de crédito).

 

Para las personas jurídicas, se eliminan las restricciones para los pagos de intereses y los pagos de dividendos desde el 1º de enero de este año. Sobre los pagos acumulados por los mismos conceptos pero previos a la fecha mencionada, y que no se han realizado por las restricciones anteriores, el BCRA está trabajando en una nueva serie de Bopreales.

 

Yendo al sector productivo, y analizando cómo impactarán en éste las nuevas medidas, en el caso de las exportaciones se elimina el “dólar blend” (80% por el mercado oficial y 20% por CCL) que al viernes cotizaba en $1.130,5.

 

Con el nuevo régimen cambiario es probable que aumenten los precios, aunque en parte podrían ser frenados por la recesión, la mayor desocupación y la mayor caída aún en el poder de compra de amplios sectores de la población.

 

Ingresos y pensiones.

 

El gobierno dice con orgullo que el FMI no pone condicionalidades porque hizo más ajuste del solicitado. Sin embargo, a través de un comunicado distribuido en la noche del viernes, el Fondo sostiene que “el programa se centra en fortalecer la calidad y la durabilidad del ancla fiscal. Esto se verá respaldado por la disciplina de gasto en curso, las medidas de eficiencia y las reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de participación en los ingresos y de pensiones”. En síntesis: más ajuste, más apertura de la economía, más desregulaciones, reforma laboral y reforma previsional. Nada nuevo bajo el sol.

 

El Indec difundió el viernes el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo. Se registró un aumento durante el mes de un 3,7%, muy por encima del 2,4% de febrero. Los alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor incidencia en el índice, subieron en marzo un 5,9%.

 

El presidente Milei dijo por cadena nacional: “Lamentablemente estos son los efectos de la aberración de la Ley Guzmán, que nos obligó a ir al Congreso a pedir autorización para aprobar este acuerdo con el Fondo cuando eso no ocurre en ningún país del mundo”. Según el jefe de Estado, la mencionada ley, al obligar a tratar el acuerdo con el organismo internacional en el Parlamento, generó una situación de incertidumbre y un aumento de los precios. Nada más lejos de la realidad.

 

Comisión.

 

La Cámara de Diputados también estuvo activa: aprobó crear una comisión investigadora del caso $Libra e interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. También se aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la paralización de la obra pública y el emplazamiento que obliga a las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto a debatir varios proyectos vinculados al régimen jubilatorio: restauración de la moratoria previsional, el pago de un bono extraordinario y un aumento de emergencia, entre otras iniciativas. Finalmente, se emplazó a la Comisión de Presupuesto para que convoque a debatir la declaración de emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional.

 

La convocatoria a la sesión se hizo con un conjunto de diputados y diputadas encabezados por los presidentes de los bloques de Democracia para Siempre, Unión por la Patria, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. El primer éxito fue la constitución del quórum. El segundo, la aprobación de todos los puntos del orden del día. Fue un hecho muy saludable: mostró que es posible construir mayorías para avanzar con iniciativas de una agenda opositora conjunta.

 

El gobierno y sus aliados apuestan a consolidar en las elecciones legislativas de octubre una mayoría parlamentaria que les permita darle mayor velocidad y profundidad a la implementación de su modelo de país. La unidad del campo popular y la construcción de una alianza amplia es imprescindible. No tenemos diferencias programáticas insalvables. Vamos hacia un escenario de confrontación entre modelos y debemos acumular la mayor cantidad de fuerza posible.

 

* Diputado nacional de Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.