Casi nada para festejar

A pesar de los grandes logros del movimiento feminista, en los últimos años los ataques a los derechos Sexuales y Reproductivos no cesan. Desfinanciamiento y eliminación de programas, ponen en peligro las conquistas de la “marea verde”.

IRINA SANTESTEBAN

El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha que fue impulsada por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) en Costa Rica, en 1988.

En este día se busca reafirmar el derecho a la salud integral como un derecho humano; abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, y a trabajar en políticas públicas para mejorar los aspectos reproductivos, psicológicos, así como el combate contra la violencia de género y la discriminación.

Grandes conquistas.

En política, es bueno recordar que durante mucho tiempo las mujeres fuimos las grandes invisibilizadas. No podíamos votar ni ser candidatas, y aún luego de la ley de Sufragio Femenino (Nº 13.010), aprobada por el Congreso en 1947, el predominio masculino en los tres poderes continuaba casi intacto. Hubo que batallar para conseguir primero un tercio y luego la Paridad de Género en las listas de candidatos y candidatas, para que seamos reconocidas y ocupemos un lugar equitativo en los parlamentos.

Sin embargo, en algunos ámbitos de las decisiones políticas, ese predominio de los varones sigue siendo ostensible; las imágenes del gabinete ministerial del presidente Javier Milei hablan por sí mismas.

En el Poder Judicial, a pesar de tener una gran proporción de personal femenino, esa participación disminuye a medida que se asciende en la escala jerárquica judicial, para terminar en una Corte Suprema de Justicia absolutamente masculina.

Campaña.

El 28 de mayo de 2005 se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La organización de mujeres de diferentes ámbitos llevó adelante la reivindicación por “Educación Sexual para decidir; Anticonceptivos para no abortar; Aborto Legal Seguro y Gratuito para no morir”.

Esa lucha tuvo su primer hito legislativo en 2007, cuando se llevó al Congreso Nacional el primer proyecto que consagraba el derecho al Aborto. Fueron duros comienzos, cuando ni siquiera se lograban las firmas necesarias para que el mismo fuera llevado al recinto.

Luego, en 2018, el movimiento se potenció con el surgimiento de la Asamblea ni Una Menos, que recorrió el país en una enorme movilización el 3 de Junio de 2015, contra la Violencia de Género y los Femicidios. Y se llegó al debate parlamentario, la aprobación en Diputados y el rechazo por 8 votos en Senadores.

No hubo resignación y el proyecto se presentó nuevamente logrando su aprobación en diciembre de 2020. Fue un enorme logro, que se plasmó en datos sanitarios indiscutibles, con una caída notable de la mortalidad materna: en 2018 hubo 257 muertes maternas (3,7 por 10.000 nacidos vivos), mientras que en 2022 fueron 170 (3,4 por 10.000), según datos oficiales. Las muertes maternas son aquellas relacionadas con el embarazo y sus interrupciones, el parto y el puerperio. Las cifras de muertes por abortos clandestinos, antes de la sanción de la ley, no eran demostrativas de la realidad, pues muchas de ellas quedaban fuera de los registros oficiales.

Motosierra.

Las políticas de género y los programas tendientes a combatir la desigualdad que afecta a las mujeres, fueron -junto con el ataque a los jubilados y jubiladas-, las que más han sufrido la motosierra del gobierno de La Libertad Avanza.

La eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, para convertirse en una Subsecretaría dependiente del Ministerio de Justicia, fue uno de los primeros golpes. Y aunque ese ministerio, creado por el ex presidente Alberto Fernández, tenía sus grandes límites, había una batería de programas creados para sostener políticas tendientes a combatir las desigualdades que afectan a las mujeres y diversidades.

Los recortes fueron brutales, como el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que compraba y distribuía métodos anticonceptivos. Hoy se encuentra paralizado. Datos oficiales dan cuenta que la entrega trimestral de preservativos y demás anticonceptivos cayó un 64 por ciento entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024. Peor aún, en el último trimestre citado sólo se cumplió el 9,1 por ciento de las metas de preservativos y no se distribuyó ningún tratamiento para aborto medicamentoso (misoprostol/mifepristona).

Otra víctima de la motosierra fue el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA), a pesar del éxito de este programa que en una década había logrado reducir la tasa de maternidad adolescente en un 60 por ciento.

Estos recortes tienen sus consecuencias sanitarias, pues afectan directamente la salud de las mujeres, vulnerando el derecho a la decisión sobre los propios cuerpos, a una maternidad deseada y una salud plena. Así, el haber reducido drásticamente la posibilidad de acceso a métodos anticonceptivos, redundará en un aumento de embarazos no planificados ni deseados, así como en el incremento de infecciones producidas por transmisión sexual.

ESI ¡afuera!

Según un informe del Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires realizado en 2019, desde la sanción en 2006 de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), el 80 por ciento de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de abuso, pudieron reconocerlo gracias a las herramientas que les brindó la escuela en esas clases. Sin embargo, tanto la jerarquía de la Iglesia Católica, los sectores conservadores anti-derechos y ahora el gobierno de Milei, se oponen a esta ley por considerarla “adoctrinamiento”. Con la campaña “Con mis hijos no”, demonizan a docentes que intentan brindar a las infancias, las herramientas para reconocer y poder denunciar los abusos.

En 2025, el presupuesto para ESI en el Ministerio de Educación ha sido suprimido, y desde esa cartera afirmaron que será suplantado por otro programa que tendrá como objetivo “revertir las desigualdades y ampliar universos culturales y saberes” a través de la “educación para la afectividad y la sexualidad”. Puro verso, pues la ESI no tiene presupuesto.

La crisis económica general profundiza las inequidades en salud, porque quienes más sufren son las mujeres pobres, con menos posibilidades de acceso a controles médicos y nutrición.

En Argentina, la ampliación de derechos sexuales y reproductivos –desde la ley de aborto legal hasta el Plan ENIA– está estrechamente ligada a las mejoras en indicadores sanitarios.

A 20 años del inicio de la Campaña por el aborto legal, y en el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la consigna sigue siendo la misma: garantizar el derecho a decidir y defender los programas sanitarios conquistados. Las estadísticas –descenso de la mortalidad materna y de la maternidad infantil– muestran lo que está en juego: retroceder en estos logros equivale a perder vidas.