Drogas: una política judicial anacrónica

La Justicia federal en La Pampa parece más preocupada por perseguir y sancionar el consumo de estupefacientes que el narcotráfico. A esta decepcionante conclusión se arriba cuando se observan los datos de un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación a los que tuvo acceso este diario. El trabajo abarca un extenso período de tiempo: diez años, entre 2011 y 2021, y permite saber que, en toda la geografía nacional, no estamos solos pues hay otras cinco provincias en donde también se reitera la misma modalidad de la persecución al consumo en mayor o igual medida que a la comercialización ilegal de drogas: San Luis, Mendoza, Catamarca y Jujuy. Mal de muchos consuelo de tontos.

Hace tiempo que los paradigmas de las políticas penales contra la narcodependencia y el narcotráfico vienen sufriendo severos, y muy fundados, cuestionamientos. Los que saben del tema nos dicen que el consumo no es un problema penal sino sanitario, y que los esfuerzos punitivos tienen que concentrarse en los grandes jugadores del tráfico y, sobre todo, del lavado de dinero. Como en este último segmento están involucrados reconocidos operadores del sistema financiero legal, entre ellos entidades bancarias de nombres rutilantes, buena parte del aparato judicial y policial, con la anuencia muchas veces de los estamentos políticos, se entretienen con los "perejiles": los consumidores y, a lo sumo, los pequeños distribuidores barriales o los que transportan pequeñas cantidades.

Hasta la Corte Suprema de Justicia sentó un precedente en el año 2009 con el denominado "Fallo Arriola" que declaró inconstitucional el artículo 14 de la Ley de Estupefacientes 23.737. Por esa sentencia el consumo de estupefacientes en el ámbito privado quedó protegido por el artículo 19 de la Constitución Nacional que ampara las acciones privadas de las personas. Es cierto que luego no se logró avanzar en una actualización de la ley, pero también lo es que se abrió una oportunidad para cambiar el enfoque anacrónico de la persecución penal indiscriminada que lo único que logra es, como reza el Martín Fierro, atrapar al "bicho chico" y dejar libre al "bicho grande".

De 5.886 expedientes judiciales abiertos en La Pampa por causas vinculadas a las drogas, 2.996 -exactamente la mitad- fueron motivados por tenencia para consumo personal; y solo 1.337 (23 por ciento) por comercializar, transportar, almacenar o fabricar narcóticos. Es decir, el esfuerzo punitivo hacia el consumo más que duplica el que motiva el narcotráfico, un contrasentido que habla de una vetusta concepción que victimiza aún más a las víctimas de la narcodependencia y alivia a los victimarios, es decir a los que lucran con el comercio ilegal de drogas.

Mucho se debate sobre la mejor forma de encarar el grave problema de los estupefacientes. Pero lo que sí es seguro es que persiguiendo con mayor saña a los que consumen que a los que trafican o a los que lavan las fortunas que genera este lucrativo negocio ilegal, no se darán pasos significativos. Al contrario, estos últimos seguirán prosperando y agradeciendo que el aparato judicial se distraiga penalizando consumidores.