Domingo 02 de octubre 2022

El "apagón informativo" del alegato de las defensas

Redacción 21/09/2022 - 08.00.hs

El turno de los defensores en el juicio por la obra pública en Santa Cruz no está teniendo la misma cobertura periodística, en la mayoría de los medios, que la que tuvo el alegato de la fiscalía. Nada de qué asombrarse.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Las nueve jornadas que ocuparon los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para intentar demostrar la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y otros 11 acusados, con "tres toneladas" de pruebas, que finalizó con el pedido de condenas para todos ellos, fue trasmitido casi en directo por los principales medios de los grupos concentrados, como el grupo Clarín, La Nación, América, etcétera.

 

Sin embargo, desde el lunes 5, que comenzaron los alegatos de los abogados defensores de los imputados, el juicio pareció perder todo interés para esos grandes medios. Es que las intervenciones están desarmando una a una todas las supuestas pruebas que pretendieron esgrimir los fiscales para justificar los pedidos de condena. A la vicepresidenta le pidieron 12 años de prisión por la acusación de "asociación ilícita y defraudación agravada", más la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

 

"Acusación falsa y ridícula".

 

Así caracterizó el abogado Maximiliano Rusconi la imputación contra su defendido Julio De Vido, para quien los fiscales pidieron 10 años de prisión. "Hemos perdido toda fe en el estado de derecho. No tenemos ninguna fe que este tribunal nos escuche desde el lugar de la imparcialidad". Así comenzó Rusconi. Luego desnudó con prueba documental y testimonial surgida del propio expediente, que su defendido no había sido mencionado "ni una sola vez" en todo el juicio. Con sólidos argumentos, fue desmintiendo una a una las supuestas pruebas de la fiscalía, como cuando demostró que no hay un solo mensaje o llamado del arrepentido José López, el descubierto con los bolsos con dólares frente a un convento, que incrimine a De Vido. Sólo esgrimieron el mensaje a un encargado de ceremonial, Leonardo Pantanalari, al que no citaron como testigo.

 

Rusconi criticó el "uso político de la justicia" como instrumento de persecución contra dirigentes opositores, en épocas de Mauricio Macri. En el juicio sólo se dirime la obra pública en una sola provincia y un único empresario. Tanto el Tribunal, como la Cámara de Casación y la Corte Suprema de (In)Justicia negaron los pedidos de las defensas para que se auditara toda la obra pública de los gobiernos kirchneristas. De haberlo permitido surgiría que el empresario Lázaro Báez figura en el puesto 36 de contratistas del Estado, mientras que los primeros puestos eran del grupo Techint, Iecsa, del grupo Macri, que luego le transfirió a su primo Angelo Calcaterra, etcétera.

 

Rusconi también desnudó el mecanismo del "lawfare", que se utilizó para "blanquear" las denuncias que formulaban los funcionarios macristas como Javier Iguacel, o las diputadas Elisa Carrió y Margarita Stolbizer, con supuestas pruebas que eran producto del espionaje ilegal. El sorteo de las causas siempre recaían en el mismo juez y fiscal (Claudio Bonadío y Carlos Stornelli).

 

Los testimonios citados por los defensores de De Vido fueron claves para desnudar la falsedad de las acusaciones. Lejos de ser "lapidarios" como sostenían los fiscales, fueron favorables a la inocencia del ex ministro de Planificación de los gobiernos K.

 

Las auditorías también fueron en sentido contrario de los que sostuvo el Ministerio Público Fiscal a través de Luciani y Mola. Varios ex funcionarios de Vialidad Nacional, muchos de ellos que continuaron en funciones durante el macrismo e incluso fueron ascendidos, negaron la existencia de irregularidades en las obras en cuestión. Hasta Iguacel en su declaración reconoció que no había ninguna denuncia previa sobre irregularidades por obras en Santa Cruz.

 

Rusconi cuestionó que no hay hecho que se le pueda imputar a De Vido, y que en un juicio, además de explicar el tipo penal aplicable al caso, tiene que haber "caso", esto es, un hecho doloso cometido por el acusado. Nada de eso pudieron probar los fiscales.

 

Sin embargo, el coro mediático repitió durante nueve días que las pruebas eran "contundentes".

 

Solidez.

 

Y llegó el turno de los abogados de Cristina, que alegaron durante el lunes y martes, y el próximo viernes lo hará la propia acusada.

 

Con solidez, Carlos Beraldi dio cátedra de cómo debe desarrollarse una defensa en un juicio complejo porque se trata de desarrollar los diversos mecanismos de la administración del Estado en materia de obra pública.

 

Con los instrumentos legales que fue exponiendo en pantalla, con las declaraciones de testigos clave como los ex jefes de Gabinete Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich, entre otros, y hasta con preceptos constitucionales, Beraldi demostró que los fiscales mintieron en todo su alegato. "Mala praxis", lo llamó él, con elegancia y cierta condescendencia.

 

Todos los presupuestos del período investigado, 2004 a 2015, pasaron por el Congreso y fueron aprobados en ambas Cámaras. Sin embargo la fiscalía no convocó a legisladores para que dijeran si recibieron presiones para su aprobación. Las "reasignaciones" de partidas que se hicieron mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) fueron luego convalidados por la Comisión Bicameral del Congreso, con lo que adquirieron valor legal. Incluso en 2010, cuando la oposición del Grupo A no le aprobó el Presupuesto al gobierno, se elaboró uno alternativo, confeccionado por el luego ministro de Economía de Macri, Alfonso Prat-Gay. En la obra pública de Santa Cruz ¡tenía las mismas obras y los mismos montos que el rechazado!

 

Ocultamiento.

 

Los fiscales hablaron de "apagón informativo" para expresar la supuesta irregularidad de que los fondos derivados a Santa Cruz no habían pasado por el Congreso. Los defensores vienen demostrando que eso es falso. Los presupuestos, junto con las reasignaciones de partidas, tuvieron tratamiento y aprobación parlamentaria.

 

Los opinadores onda PRO, Eduardo Feinman y Jonathan Viale, en La Nación+, se refirieron a encuestas que revelarían que una mayoría de la población cree que Cristina es "culpable". Si fueran ciertas, no sería para asombrarse, visto el espacio que se le dio en esos medios al alegato de la fiscalía y el ocultamiento de los argumentos de las defensas.

 

Pero aún así, no es la gente quien tiene que juzgar y condenar en una instancia judicial. Deben hacerlo los jueces, y con pruebas, como las que están desarrollando con mucha solvencia los abogados defensores.

 

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