El crimen de Susana Montoya en Córdoba

La esposa de un desaparecido por la dictadura militar cívica, fue asesinada en su casa y los autores del crimen dejaron un mensaje amenazante para su familia.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El discurso negacionista del terrorismo de Estado, que promueve la vicepresidenta Victoria Villarruel, es imposible de sostener. Hay decenas de juicios por los crímenes de lesa humanidad que se han realizado y otros siguen su curso (aunque lentamente en los últimos tiempos). Allí existe abundante prueba sobre el horror de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que funcionaron incluso desde antes del golpe de Estado de 1976, como el de la Escuelita de Famaillá, en Tucumán.

 

Las consecuencias de aquel accionar ilegal llegan hasta nuestros días, con un presidente que agita discursos fascistas, anticomunistas y de odio. En medio de este contexto, el asesinato de Susana Montoya no puede ser investigado como un delito común.

 

Subcomisario.

 

Susana era esposa de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la policía de la provincia de Córdoba, que además militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT-ERP). Ricardo era ingeniero en Telecomunicaciones y en la policía hacía contrainteligencia, avisando a sus compañeros del accionar de las patotas, y así evitaba secuestros. Hasta que lo descubrieron y sufrió la peor de las suertes, a manos de los propios policías con quienes trabajaba.

 

En setiembre de 1979, fue llevado al centro clandestino Casa de Hidráulica, ubicado a la vera del lago San Roque, a 500 metros del paredón del dique, donde fue brutalmente torturado y según testimonios de la causa que se tramitó en el Tribunal Federal Nº 1 de esa ciudad en 2009, finalmente murió por las torturas y su cuerpo fue desaparecido.

 

En la sentencia del TOF 1 fueron condenados a prisión perpetua, el ex jefe del Departamento de Informaciones (el temido D2), Raúl Pedro Telleldín, los miembros de esa patota: Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, y los hermanos Antonio y Hugo Carabante. También tuvo condena el ex general Luciano Benjamín Menéndez, el genocida responsable de la represión ilegal en Córdoba y en todo el III Cuerpo de Ejército.

 

Amenazas.

 

El pasado viernes, Susana Montoya fue encontrada por su hijo Fernando Albareda en su casa de barrio Poeta Lugones, en Córdoba. Presentaba golpes en la cabeza y según el informe forense murió por “asfixia mecánica por ahorcamiento”. En el lugar había mucho desorden pero aparentemente no se llevaron nada, por lo cual la historia familiar en relación a la violencia sufrida por parte del terrorismo de Estado, es una de las mayores hipótesis para dilucidar el crimen. En especial por la amenaza escrita en una pared: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

 

No eran las primeras, durante el juicio de su padre, la familia de Fernando también recibía amenazas, y en diciembre pasado él encontró carteles en su casa, escritos a mano, con dibujos de cruces esvásticas, junto con seis balas, con mensajes intimidantes dirigidos contra él y su familia.

 

Si bien tuvo custodia policial durante un tiempo, luego le fue retirada. Esa decisión deberá ser investigada por la Justicia, pues si Susana hubiera tenido protección, quizás estaría viva.

 

La responsabilidad del gobierno es indudable, y hasta el día martes, a cuatro días de encontrado el cuerpo de Susana ni el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros ni el gobernador Martín Llaryora se habían pronunciado al respecto. Tampoco se conocieron mensajes de condolencias o apoyo hacia la familia.

 

Reparación.

 

En marzo de este año, como parte de un programa provincial que busca reparar los legajos de empleados estatales que fueron desaparecidos, el gobierno provincial y la cúpula policial, reconocieron que Ricardo Albareda había muerto “en cumplimiento de su deber” y en consecuencia se lo ascendió, post mortem, al grado de comisario. También se le reconoció seguro de vida, diferencias de haberes no percibidos y una reparación para su familia. Era un monto significativo de dinero que no había sido todavía cobrado.

 

Esa reparación política fue muy importante porque fue la primera y única vez hasta el momento, que la policía reconoció que había cometido un crimen de lesa humanidad contra uno de sus integrantes.

 

El fiscal que interviene en la causa, Juan Pablo Klinger, se maneja con total hermetismo y se sabe que van a investigar todas las hipótesis.

 

Vandalización.

 

Fernando es un militante de la agrupación HIJOS y es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese carácter, realizó durante años una labor docente, impartiendo clases en la escuela de cadetes de la policía cordobesa. En ellas contaba el caso de su padre y enseñaba nociones de DDHH a los futuros policías.

 

Sin embargo, el año pasado, al cambiar la cúpula policial, esas clases fueron suprimidas. Toda una señal del gobierno “cordobesista”, hoy tan amigo de la gestión de Milei a nivel nacional.

 

Este año, en junio, el legislador del Frente Cívico de Punilla, Walter Gispert denunció la vandalización del Espacio de la Memoria “Casa de Hidráulica”; allí funcionaba el ex centro clandestino donde fue torturado y asesinado el esposo de Susana. Ese lugar había sido señalizado en 2010, por la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, con un cartel que informa lo que había sucedido en ese espacio durante la dictadura militar.

 

No se trata de un hecho aislado, al calor de los discursos negacionistas y odiantes, han habido distintos hechos de vandalización de sitios de la memoria, a lo que se suma el desguace de muchos de estos espacios, como el que vienen denunciando hace meses los trabajadores estatales que allí cumplen tareas. El más emblemático es el Espacio de Memoria ex ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención, en la ciudad de Buenos Aires.

 

En medio de su dolor, Fernando escribió una carta que se difundió por las redes sociales, donde expresa sus sentimientos ante la muerte violenta de su madre. Pero también su decisión de acudir a todas las esferas del gobierno y del Poder Judicial exigiendo Justicia.