El fondo sojero y la redistribución

Una diputada justicialista pampeana presentará en el Congreso de la Nación un proyecto para volver a poner en vigencia el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero. Se trata de una provechosa herramienta del Estado destinada a financiar obras en todas las provincias y municipios del país que fue puesta en marcha en 2009 bajo el gobierno de Cristina Kirchner y suprimida en 2018 por el entonces presidente Mauricio Macri. El fondo se constituía todos los años con el aporte del 30 por ciento de los derechos a la exportación generados por la soja y sus productos derivados, y una de sus principales virtudes era que se liquidaba en forma expeditiva, sin las consabidas demoras burocráticas a las que nos tiene acostumbrado el Estado nacional cuando se trata de distribuir recursos al interior. Esa cualidad hizo que fuera muy valorado por los gobernadores y jefes comunales de todo el país, pues todos los años recibían "fondos frescos" para promover la obra pública.

La supresión del Fondo Sojero durante el cuatrienio macrista fue una muestra cabal de lo que significó aquella experiencia neoliberal que se destacó por el empeño que aplicó a la hora de eliminar derechos y beneficios a los sectores populares para poner el Estado al servicio de los negocios del capital concentrado. Así se redujo a niveles ínfimos la obra pública, se eliminaron infinidad de programas sanitarios, educativos y científicos, la paritaria docente, el proyecto satelital, etc. Como contracara el Estado se puso al servicio de garantizar la especulación financiera, la fuga de capitales, el fraude en el comercio exterior mediante la eliminación de controles, etc.

La iniciativa de la legisladora pampeana llega en un momento muy oportuno. Por estas horas los argentinos están presenciando un espectáculo bochornoso. La Sociedad Rural Argentina, representante de las mayores explotaciones agrarias del país, presentó un recurso de amparo ante los tribunales de la provincia de Córdoba para impedir que el gobierno nacional siga cobrando los derechos de exportación -las conocidas retenciones- a los productos agropecuarios que se venden al mercado internacional. Un productor santafesino, ex dirigente de la Federación Agraria y muy conocido por sus participaciones en algunos medios de comunicación, calificó a esa maniobra como "un golpe para desfinanciar el Estado", llevado a cabo por la elite más poderosa de lo que se conoce como "el campo".

El ministro de Agricultura salió, con tono mesurado, a cuestionar esta iniciativa que busca, ostensiblemente, desestabilizar al gobierno y fogonear las confrontaciones sectoriales. Nada dijo, pudiéndolo hacer, del excepcional momento económico que está disfrutando el campo más concentrado producto del aumento sideral de los precios internacionales y de la cotización del dólar.

El proyecto de la diputada no solo permitirá profundizar el debate sobre la redistribución de la riqueza que se genera en el país sino que buscará reimplantar un mecanismo de alivio financiero para los estados provinciales y municipales que fue eliminado de un plumazo durante el gobierno que más daño provocó en menos tiempo desde el retorno de la democracia.