El gobierno de los jueces tuvo un freno

El conflicto de poderes desatado por la ofensiva de la Corte Suprema de Justicia contra el Congreso de la Nación tuvo por estas horas un nuevo round. El bloque del Frente de Todos y sus aliados ratificó la potestad del Senado de elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura según su propio criterio en lugar de obedecer mansamente el dictado de los supremos que pretendieron imponer el suyo.

La decisión de los miembros de la CSJ de constituirse en un suprapoder por encima de la división de poderes republicana establecida por la Constitución Nacional está afectando severamente la institucionalidad a pesar de que sus señorías, aviesamente, dicen actuar en su nombre. En esta aventura totalitaria no están solos, cuentan con el entusiasta apoyo de Juntos por el Cambio y los grandes medios de comunicación porteños que saben gritar muy fuerte para defender sus intereses de clase aunque carezcan de razones valederas, como en este caso.

El tridente conformado por el partido judicial, el partido mediático y el partido político de la derecha sabe actuar en tándem. Lo viene demostrando desde hace varios años cuando decidió llevar a la práctica la estrategia del lawfare con maestría sin par. Bajo el reciente gobierno de Mauricio Macri se dedicó con esmero a perseguir tanto a dirigentes políticos, sindicales y sociales como a empresarios a quienes llevaron a la cárcel sin molestarse en respetar las leyes de este país que exigen juicio con derecho a defensa y condena para hacerlo. El espionaje ilegal, la “mesa judicial” y la “doctrina Irurzun” fueron los instrumentos que utilizaron para avasallar las garantías constitucionales; eso sí, en nombre de la “república”.

El asalto al Consejo de la Magistratura debe encuadrarse en este escenario. Es el nuevo objetivo que se planteó el tridente. Para ello la Corte se arrogó facultades legislativas al declarar inconstitucional una ley con más de quince años de vigencia y revivir otra anterior que había sido anulada por el Congreso para, de tal modo, usurpar la presidencia del cuerpo que tiene entre sus funciones elegir a los jueces y fiscalizar su desempeño. Es decir, el presidente de la Corte ahora también preside el organismo que lo debe controlar. Otra muestra más de que la derecha, cuando se propone avanzar tras sus objetivos, no respeta límites constitucionales ni legales. Sobran las evidencias de que su autoproclamado republicanismo es puro chamuyo.

La actitud de firmeza que esta vez mostró el bloque del Frente de Todos en el Senado contrasta con la mansedumbre que se había observado en la totalidad del Congreso cuando toleró aquella primera intromisión de la Corte Suprema en sus facultades constitucionales. El “gobierno de los jueces” es una perversión del sistema republicano. El menos democrático de los tres poderes del Estado, el que no surge del voto popular ni rinde cuentas cada cuatro años de su desempeño, viene exhibiendo desbordes autoritarios indignos de la alta responsabilidad que le concedió la Constitución. Tamaña deserción de los compromisos institucionales pone en peligro la convivencia democrática.