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Lunes 16 de marzo 2026

Empetrolados I

Redacción 16/03/2026 - 00.17.hs

El sistema argentino se basa en gran medida en declaraciones realizadas por las propias empresas operadoras, lo que deja márgenes más amplios para inconsistencias estadísticas entre extracción, transporte y ventas.

 

Por Ing. Javier Mariano García Guerrero

 

“El petróleo es el excremento del diablo: trae riqueza, pero también corrupción, conflictos y dependencia”. Juan Pablo Pérez Alfonzo (fundador de la OPEP).

 

En una Argentina que produce alimentos para más de 400 millones de personas y sobrenada sobre un mar de hidrocarburos, con la 3ª reserva mundial de gas no convencional del planeta, entre un 1/4 y 1/3 de la población pasa frío y hambre. Los males de la marginalidad derivan en diversos problemas sociosanitarios como enfermedades evitables y muertes prematuras. Bastaría con alrededor del 3% de la energía que produce el país para garantizar calefacción segura a todos los hogares vulnerables. Mientras en Europa o Estados Unidos menos del 10% de los hogares reduce su consumo energético por razones económicas, en la Argentina esa proporción alcanza aproximadamente un 20%, un nivel comparable al de países mucho más pobres de la región.

 

El desafío no se limita a la coyuntura tarifaria o al precio de los combustibles y su deriva inflacionaria, sino que involucra la administración y distribución de la renta petrolera, la planificación integral del sistema energético, la protección de los usuarios vulnerables y la adopción de políticas públicas orientadas a la eficiencia y la necesaria transición energética. La política es la expresión concentrada de la economía.

 

La mayoría de los países utilizan la abundancia energética como instrumento de política económica. Mientras el precio residencial promedio de la electricidad en Argentina ronda USD 0,09 por kWh en 2025, en Arabia Saudita, es de USD 0,048, en Qatar de USD 0,032, en Kuwait de USD 0,029. Transforman la energía barata en factores de competitividad de su industria y mejora del poder adquisitivo doméstico.

 

Efecto multiplicador.

 

El precio del petróleo Brent ya supera los USD 115 por barril y podría duplicarse a corto plazo, multiplicando los costos de transporte, fertilizantes, alimentos y logística, agudizando el peso de la deuda externa por la suba de la tasa de interés internacional, derivada de la mayor inflación y racionamiento de la liquidez. En los estudios sobre demanda residencial en nuestro país se verifica que aun con fuertes aumentos tarifarios el consumo cae poco y el gasto energético aumenta proporcionalmente más que los ingresos. Mientras en Uruguay o Brasil los hogares destinan entre 6 % y 7 % de su ingreso a energía, en Argentina ese esfuerzo se ubica cerca del 12 %, para calefaccionar o cocinar. El proceso de reducción de subsidios energéticos y realineamiento de los precios relativos iniciado a fines de 2023 produjo incrementos acumulados cercanos al 344% en electricidad y al 617% en gas hacia 2025. En este escenario los hogares de menores ingresos reemplazan combustibles más seguros por alternativas más baratas pero contaminantes -como leña o combustibles sólidos- aumentando la exposición a monóxido y otras toxinas.

 

Otro factor determinante en el precio final de los combustibles en la Argentina es el peso del componente impositivo. Entre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Impuesto al Dióxido de Carbono, el IVA del 21 % y tributos provinciales como Ingresos Brutos, la carga tributaria representa hasta el 45 % del precio final de las naftas y el gasoil. Estos impuestos implican ingresos fiscales del orden de AR$ 4,5 billones anuales, equivalentes aproximadamente a 0,8 % del PBI. En este nivel de precios internacionales, el incremento automático de la recaudación podría compensar una reducción del 15 % en la carga impositiva sobre combustibles que podría aliviar significativamente el costo del transporte y de la logística sin comprometer su contribución al equilibrio fiscal.

 

Reducir discrepancias.

 

Igualmente trascendente resultaría reducir las discrepancias entre producción declarada y los volúmenes efectivamente comercializados mejorando los sistemas de medición y control aplicados a la industria. El sistema argentino se basa en gran medida en declaraciones de producción realizadas por las propias empresas operadoras con controles administrativos posteriores, lo que deja márgenes más amplios para inconsistencias estadísticas entre extracción, transporte y ventas. México en 2010, registraba diferencias estimadas entre producción y balances de hidrocarburos cercanas al 7 % del volumen total; tras la implementación de medición electrónica obligatoria, conciliación digital de inventarios y auditorías permanentes, esas discrepancias se redujeron al 2 % en menos de una década. En Nigeria, donde el robo de petróleo, pérdidas operativas y deficiencias de medición generaban diferencias del 15 % del volumen producido a comienzos de siglo; luego de la introducción de monitoreo satelital, control volumétrico en oleoductos y sistemas de trazabilidad digital, se redujeron hasta el 5 % en 15 años. Si se toma como hipótesis que en Argentina las discrepancias potenciales entre producción declarada, transporte y comercialización pudieran ubicarse en torno al 12 %, una reducción hasta el 3 % implicaría recuperar aproximadamente 9% de producción efectiva, equivalente a 25 millones de barriles de petróleo al año y cerca de 4.000 millones de m³ de gas natural adicionales. Valuados a USD 115 por barril, esos barriles representarían unos USD 2.875 millones, mientras que el gas -equivalente a unos 141 millones de MMBtu- alcanzaría cerca de USD 7.340 millones si se lo calcula al precio vigente internacional de USD 52 por MMBtu. En conjunto, el volumen recuperado rondaría USD 10.000 millones anuales, de los cuales aproximadamente USD 1.200 millones corresponderían a regalías provinciales adicionales, además de ampliar la oferta para el mercado interno o la exportación fortalecerían tanto el balance energético como el equilibrio fiscal.

 

"La eficiencia administrativa no es un fin en sí mismo, sino la garantía de que los recursos escasos lleguen efectivamente a cumplir su función social". Dr. Angel Ginestar (Ex Director del Citaf)

 

* Posgraduado y ex Investigador del Centro Interamericano de Tributación y Administración Financiera. CITAF: Organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

 

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