Verbitsky: Esa mujer

El viernes, desde la Universidad Nacional de Río Negro, Cristina recibió un doctorado honoris causa y dijo que la alianza entre la oposición y un sector del Poder Judicial emite mensajes mafiosos que desdibujan la división de poderes y rompen el pacto democrático de 1983, que incluía el respeto por la vida del opositor.

 

POR HORACIO VERBITSKY

 

El jueves 9, el Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal publicó los fundamentos de la condena a CFK a seis años de prisión por administración fraudulenta, en la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuando ella era presidenta de la Nación y había una docena de escalones de distancia con quienes licitaban y adjudicaban las obras, incluidas en el presupuesto nacional votado tanto por el oficialismo como por la oposición.

 

La condena tiene como accesoria la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Hasta Santiago Cafiero dijo que era el comienzo de un camino formal hacia la proscripción de la vicepresidenta.

 

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso eligieron difundir el fallo en el aniversario del decreto 4161, de 1956, firmado por los dictadores Pedro Aramburu e Isaac Rojas, y por su ministro Álvaro Alsogaray, entre otros, que tipificó como un delito nombrar a Perón y Evita, usar los símbolos partidarios y cantar la marchita. Una de tantas casualidades, como la coincidencia de actos fundamentales de la instrucción y el debate con los procesos electorales de 2019 y 2023. Ese decreto histórico se inspiró en los procesos emprendidos en Italia y Alemania a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, para proscribir al fascismo y el nazismo. Estaban convencidos de que eran lo mismo.

 

Ahora lo que se procura es acabar con el kirchnerismo. Y no solo los jueces y los fiscales, dos de los cuales juegan al fútbol en la quinta de Maurizio Macrì.

 

Donde dije digo, digo Diego.

 

Roberto Navarro publicó un chat en el que el presidente Alberto Fernández dice: "Vamos a una PASO, por ejemplo, con Coqui Capitanich. Si él le gana al presidente sale tan fortalecido que es un gran candidato para llegar a la presidencia. Si yo le gano, como Coqui será el candidato de Cristina, seré el que termine con 20 años de kirchnerismo y puedo ganar las elecciones". Cuando la portavoz presidencial Gabriela Cerruti dijo que esas no eran palabras del presidente, Navarro protestó.

 

--Lo dijiste - comentó luego haberle dicho.

 

--Pero no era para publicar-dice que fue la respuesta.

 

La frase textual no fue retirada del portal de Navarro.

 

Consultado para esta nota, Fernández negó haber hecho esa afirmación. Explicó que su idea es que una primaria fortalece a todo el espacio, gane quien gane. Agregó que también dijo que en veinte años cambiaron muchas cosas: murió Kirchner, se produjo la batalla con las patronales agropecuarias por las retenciones, Cristina tuvo un segundo mandato con muchas dificultades, quebró Lehman Brothers, durante cuatro años gobernó Macrì. Sostiene que la suma de ambas reflexiones puede haber inducido a Navarro a "esa síntesis inexacta". La considera un error de buena fe.

 

El kirchnerismo auténtico.

 

El puñado de fieles del presidente oscila entre esa definición y la disputa por la propiedad intelectual de la marca. "Alberto es kirchnerista", informó su portavoz. ¿Qué son Rossi o Filmus? Tal vez Massa no lo sea, pero los demás somos kirchneristas, cree el presidente. La operación desplazamiento evoca la que Montoneros intentó hace casi medio siglo, acerca de cuál era el Peronismo Auténtico, que es la sigla con que se presentaron a las elecciones en Misiones, donde obtuvieron un 5%, ineludible precursor del randazzismo. Perón ya había muerto y el establishment no apoyaba a los auténticos. Alberto tampoco admite que él se reivindique como el verdadero kirchnerista. Están Cristina y Máximo, eso no se puede ignorar, dice.

 

El presidente insiste en que es un error colocar el acento en la proscripción de Cristina y no en la condena a una persona inocente, señala que la inhabilitación para ejercer cargos públicos es una accesoria a la pena, que queda a discreción de los jueces, y pregunta qué ocurriría si la Cámara Federal de Casación Penal (los visitantes habituales de Macrì, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos) decidieran confirmar la condena a seis años de prisión, pero revocaran la accesoria. Improbable, pero, en teoría, posible.

 

La ruptura del pacto democrático.

 

El viernes, desde la Universidad Nacional de Río Negro, la primera de las 16 que se crearon durante su presidencia, Cristina recibió un doctorado honoris causa y dijo que la alianza entre la oposición y un sector del Poder Judicial emite mensajes mafiosos que desdibujan la división de poderes y rompen el pacto democrático de 1983, que incluía el respeto por la vida del opositor. Mencionó la decisión firmada horas antes por la Cámara Federal de Apelaciones en contenciosos administrativos, que admitió el recurso del senador Luis Juez para incorporarse al Consejo de la Magistratura, en lugar de Martín Doñate, cuya postulación aprobó el Senado. Cristina no lo dijo, pero el fallo, redactado por la respetable jueza Clara do Pico, precisa que no le deja otra alternativa la decisión previa de la Corte Suprema, que ejerce así un verticalismo sofocante sobre los tribunales inferiores.

 

Sobre su condena sólo dijo que los fundamentos contenían millones de palabras y adjetivos, ni una prueba y un solo objetivo, la proscripción, y se remitió a la definición de Wado de Pedro: "Han reemplazado al código electoral por el código penal". Y la presentó como parte de una escalada, que incluye

 

. La lapidación de su despacho en el Senado previamente marcado con pintura roja, el 22 de marzo de 2022, cuando la Cámara de Diputados trataba el acuerdo con el FMI;

 

. La pegatina de carteles con su foto y la acusación de Asesina de 35.000 personas una semana después, que asoció con el negacionismo de los 30.000 detenidos-desaparecidos. "Había que poner más. Si nosotros somos los responsables de 30.000, ustedes, vos que sos la cabeza más visible del peronismo, son responsables de las 35.000" [muertes durante la pandemia];

 

- El intento de homicidio el 1° de septiembre, cuando un tirador gatilló sobre su rostro y sólo por milagro no salió el tiro.

 

El golpe y la economía bimonetaria.

 

Luego de esa descripción del momento institucional, se refirió a la economía bimonetaria, agravada por el tercio de la población que sobrevive en negro. Se remontó al golpe de 1976, que acabó con el modelo industrialista por sustitución de importaciones e instaló la financiarización, con la fuga de activos al exterior. "Hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional sino que estamos sin moneda también", dijo, lo que es causa de la inflación y la desvalorización del salario, que ejemplificó con un gráfico del diario La Nación.

 

Al comentarlo, concluyó que el salario no es la causa de la inflación: en 2015 era el más alto de la región y los precios crecían un 24% al año, mientras que ahora el salario está por el piso y la inflación supera el 100%. También descartó que la inflación sea consecuencia del déficit fiscal y mostró un gráfico de The Economist, en el que sólo cinco países del mundo tienen superávit fiscal. La pandemia y la guerra fueron terribles, pero no hay catástrofe más grande que la deuda externa contraída por el anterior gobierno entre 2015 y 2019, agregó. Al llegar al meollo de su exposición, mostró los vencimientos de deuda pública, que crecen cada año, de 15.000 millones de dólares en 2024 a 23.000 en 2027 y cuestionó la ilusión de que con las exportaciones de Vaca Muerta y el litio van a sobrar los dólares. También explicó que en la hipótesis de la dolarización, las víctimas principales serían las clases medias. Sin hegemonía democrática, como durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, ni consenso, que no se pudo alcanzar a partir de 2015, "bueno papito, que te ayude tu hermano".

 

Su propuesta fue el acuerdo entre las fuerzas políticas sobre el patrón de acumulación, las obligaciones del desarrollo y el crecimiento que necesita y demanda la sociedad. "vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos frente a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo [con el FMI] no para no pagar, sino para que nos dejen crecer. Entonces, es imprescindible el cambio de actitud, ponerse de acuerdo en lo fundamental, en el eje. Después la gente votará si le gusta cómo le paga el sueldo uno, cómo le gusta la tarifa del otro, pero ponernos de acuerdo en esto. Porque si no, podremos tener veinte Vaca Muerta, ochenta mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando los dólares y, fundamentalmente, y le tengo mucho temor a la fragmentación política".

 

Ni crítica ni sana.

 

En el Cohete, Aleardo Laría Rajneri, desmenuza el fallo del Tribunal Oral Federal 2 y sus fundamentos para condenar a Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, y Josefina Bolis destaca sus aspectos sexistas. En el mismo estilo del histriónico fiscal Diego Luciani, la sentencia abunda en adjetivos y frases grandilocuentes, como "una extraordinaria maniobra fraudulenta", pero admite lisa y llanamente que no fue posible obtener "prueba directa en torno al hecho criminal", de modo que se manejará con indicios y conjeturas. También chapotea en el barro político, discutiendo el concepto de lawfare o guerra jurídica, del que son protagonistas destacados. Como si no hubieran asistido a las audiencias del debate oral, los jueces repiten afirmaciones previas y no fundamentadas, sobre el beneficio ilegítimo que Cristina habría obtenido por la adjudicación de obra pública de Santa Cruz a Lázaro Báez, mediante los alquileres de dos hoteles, pese a que fueron operaciones insignificantes en relación con los montos de la obra pública, a precios de mercado y bancarizadas en blanco y declarados ante la agencia impositiva.

 

Como señaló el defensor de CFK, Alberto Beraldi, el fallo ignora olímpicamente los cargos presentados por la fiscalía, que eran insostenibles, sobre Asociación Ilícita y obras no realizadas pese a que se pagaron. En uno de los tramos más asombrosos de su panfleto, Giménez Uriburu, Gorini y Basso dicen que "el plan criminal" fue tan complejo y de apariencia legal que no permitió cuantificar el perjuicio para la administración pública. Tras cartón lo cifran en 84.000 millones de pesos, sin la menor explicación sobre la ruta seguida para arribar allí.

 

El Código Procesal Penal de la Nación, establece que en la valoración de las pruebas debe seguirse las pautas del sistema de la sana crítica racional, sin forzar la interpretación de los hechos y, en caso de duda, beneficiar al imputado. No es un sistema libre o arbitrario; lo limitan los principios de la lógica y la experiencia. De esta manera, el juez debe valorar los elementos de prueba presentados en el proceso, sin omitir ninguno, de manera razonada, coherente y objetiva, no por prejuicios o valoraciones subjetivas. Esto garantiza que la decisión se base en hechos probados y que se respeten los derechos de las partes en el proceso.

 

En este caso, debía probarse si la persona a quien se le había confiado el manejo, la administración o el cuidado de bienes e intereses pecuniarios ajenos, y sobre los cuales ejercía un poder de disposición, había cometido una administración fraudulenta en perjuicio del Estado. No cualquiera puede ser considerado responsable por este delito, sino aquel que cumpla con los requisitos específicos establecidos por el ordenamiento jurídico y que tenga una relación de garante con respecto al bien jurídico tutelado. Se trata de lo que la doctrina llama un delito de infracción de deber.

 

Como dice la sentencia, el sujeto activo no es quien realiza la acción delictiva, sino quien tenía el deber legal de evitar que se produjera. Los deberes legales del Poder Ejecutivo están establecidos en la Constitución Nacional, las leyes y los decretos. Como no es la persona encargada de firmar contratos y ordenar pagos a privados, no puede ser considerado como autor responsable de la defraudación simplemente por el cargo que ocupa.

 

Los jueces saben que el Poder Ejecutivo no entabló relación jurídica alguna en el ejercicio de su función con el beneficiario del delito. Entonces estiran la norma punitiva y recurren a la teoría de la causación acumulativa de la lesión, impropia para el derecho penal constitucional. Esa teoría considerada que una conducta puede ser causa de un resultado delictivo, cuando se acumula con otras conductas que, en conjunto, conducen al resultado, aunque cada una de por si no sea ilícita. Por eso fueron condenados los músicos callejeros que tocaron en Cromañon.

 

La teoría de la causación acumulativa amplía la responsabilidad penal a situaciones en las que el autor no ha causado directamente el daño y que, por lo tanto, no es responsable de manera individual de su producción. Además, diluye la responsabilidad penal, ya que puede ser difícil determinar cuánto contribuyó cada uno de los responsables a la producción del daño total. Por ello, es una herramienta controvertida en la justicia penal.

 

En este caso no puede aplicarse, ya que la competencia para realizar ciertas acciones está establecida por la ley y no puede ser asumida por alguien que no tenga la autoridad legal para hacerlo. Solo puede ser autor de un delito de defraudación por infracción de deberes, aquel funcionario administrativo competente que tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos y sobre los que ejerce un poder de disposición en razón de la relación que tiene con el patrimonio ajeno. Que no era CFK.

 

Los jueces sostienen que la gota que colmó el vaso de la corrupción fue el decreto 54/2009. Sin embargo, este decreto no transfiere fondos públicos a un privado, sino que delega competencias entre órganos administrativos y participan en su emisión numerosos funcionarios. Los fideicomisos son una realidad en la normativa argentina y su uso continuó durante la administración de Maurizio Macrì. Para los defensores del sistema, la constitución de un fideicomiso tiene como principal ventaja la creación de un patrimonio de afectación. Además, el decreto está firmado por el Jefe de Gabinete y el Ministro Julio De Vido, absuelto en esta misma causa.

 

Luche y vuelve.

 

Ayer, al cumplirse medio siglo de la elección de Héctor J. Cámpora, un plenario de la militancia justicialista que sesionó en la UTN de Avellaneda, utilizó la consigna Luche y Vuelve, que en 1972 acompañó la campaña por el regreso de Perón a la Argentina, 16 años después de la ilusoria penalización del decreto 4161. Bajo el título "Ayer nada sin Perón, hoy nada sin Cristina", el documento difundido antes del encuentro, sobre el que se trabajaría en comisiones, decía que la saña, persecución y odio contra la Vicepresidenta se debe a que "con ella vivíamos mejor, avanzamos en la recuperación de un proyecto basado en la producción y el trabajo, recuperamos Justicia Social, reafirmamos Soberanía. Todavía está fresco en la memoria popular ese período de dignificación nacional y popular y no habrá método, por más violento que sea, capaz de borrarlo". Por eso su liderazho es "irremplazable y sin alternativa". La consigna "Romper la proscripción" implica generar las condiciones para que Cristina pueda ser candidata. "Lo que está en juego en los tiempos que se vienen en Argentina es la Patria. La vuelta del macrismo recargado intentará no dejar piedra sobre piedra en una brutal revancha de clase. No podemos quedarnos esperando que nos digan qué hacer. No creemos que todo se resuelva en las conspiraciones de Palacio, ni que los debates electorales agotan la política". En respuesta al mensaje de Cristina de diciembre, el documento afirma que "sacamos el bastón de mariscal para asumir el protagonismo colectivo en la construcción de una nueva victoria", y en referencia al presidente Fernández, señala que "la moderación no es nuestro idioma. Construir la Patria de los humildes es nuestra bandera. Enfrentamos a los poderes fácticos que pretenden sumirnos en la resignación, al mismo tiempo que se apropian de la riqueza nacional con exclusión y salarios de miseria. La democracia tiene sentido, como nos enseñó Néstor Kirchner, si cada día se hace algo por mejorar la vida de las mayorías".

 

La militancia- anuncia- "estará a la altura de las circunstancias históricas y saldrá a la calle a ponerse la Patria al hombro" y "defender los intereses del pueblo y la nación significa, en estos tiempos, no resignarnos a que el endeudamiento externo defina nuestro destino, lo que implica necesariamente una renegociación integral del acuerdo con el FMI que libere nuestra perspectiva de desarrollo privilegiando las demandas del pueblo y no la de los acreedores. En lo inmediato nos impone que actuemos con mayor firmeza para poner freno al abuso de los formadores de precios que impiden la recuperación de los ingresos de las familias trabajadoras y de nuestros jubilados y jubiladas. Es fundamental comenzar a dar vuelta con urgencia en favor de quienes trabajan, la injusta redistribución actual de las ganancias". También aduce que defender los intereses de las mayorías es "planificar que los recursos naturales sirvan al objetivo de reconstruir una Argentina industrial con pleno empleo y justicia social" y "recuperar soberanía a través del estricto control estatal del comercio exterior y la transformación de un sistema financiero especulativo en un servicio público que apuntale la producción y el trabajo". Luego de anunciar acciones "en cada provincia, en cada distrito, en cada barrio, en cada casa", concluye que "Cristina encarna el único liderazgo capaz de encabezar con coraje y convicción ese plan de gobierno, orientado a impulsar un programa de desarrollo económico y social que nos permita conquistar, definitivamente, la grandeza nacional y la felicidad de nuestro pueblo".