Espionaje encubierto

La resolución 829/2025 del Ministerio de Seguridad, en articulación con la 828/2025, instituye un “Consejo Académico” para formar agentes encubiertos que operan con identidades digitales falsas, sin autorización judicial, sin control parlamentario ni auditoría externa. Esta estructura vulnera de raíz el Estado de derecho y merece ser rechazada y denunciada con urgencia.

 

No existe justificación para que un órgano creado por resolución ministerial asuma funciones operativas —selección de instructores, coordinación con magistrados, supervisión de personal con acceso a datos sensibles— sin respaldo legislativo. Interpretar esta figura como “honoraria” no disimula su carácter ejecutivo. Se trata de una arquitectura clandestina, consagrada desde el Ejecutivo pero sin legitimidad legal.

 

Desde el punto de vista jurídico, estas resoluciones contravienen la Constitución Nacional en múltiples artículos: la privacidad (artículo?19), la inviolabilidad de la correspondencia (artículo?18), el debido proceso y el hábeas-data (artículo?43). Además, la ley 25.326 prohíbe expresamente que el Estado trate datos sensibles —como ideología, afiliación política y opinión— sin orden judicial o consentimiento informado. No es un problema de forma: es una demolición del marco legal que sostiene la democracia.

 

El escenario político y social agrava aún más la situación. En medio de recortes presupuestarios dramáticos en salud, educación, ciencia, cultura y universidades, se dedica una parte del aparato estatal —aunque no se explicite— a formar agentes clandestinos para controlar alianzas políticas y sociales. Este contrasentido evidencia un rumbo de Estado orientado al espionaje preventivo, lejos de la justicia social o el derecho a disentir.

 

La falta de intervención del Congreso y la ausencia de dictamen jurídico constituyen una afrenta institucional. Estas resoluciones son actos administrativos sin sustento normativo que exceden las competencias ministeriales, violando la Ley de Ministerios 22.520, la de Seguridad Interior 24.059 y la de Inteligencia 27.319, entre otras. Este tipo de vicios estructurales autorizan su anulación por inconstitucionalidad.

 

En términos de derechos humanos, se introducen herramientas de persecución encubierta contra movimientos sociales, sindicales y políticos, sin posibilidad de protección legal. Se afectan los derechos a la información, la organización, la protesta y la privacidad, perjudicando a quienes participan en la vida democrática.

 

Es evidente que no hay error técnico ni desorden normativo: lo que está en marcha es un plan de espionaje institucionalizado, legitimador del autoritarismo bajo la vestimenta de seguridad. Resulta inaceptable que se habilite —sin control alguno— un dispositivo de intervención política camuflado en normas administrativas.

 

Por estas razones, estas resoluciones deben ser rechazadas y denunciadas de inmediato. Es necesario exigir su anulación, abrir investigaciones legislativas y judiciales, y establecer mecanismos de fiscalización pública y judicial inequívocos.

 

Si el Estado se permite espiar sin límites, se instala una arquitectura de miedo que transforma la democracia en sistema de control. Eso no puede ser. No debe naturalizarse. Rechazo y denuncia son las únicas respuestas razonables frente a este atropello.

 

Porque allí donde el Estado vigila a su pueblo sin causa, sin ley y sin control, lo que se rompe no es solo el derecho: se rompe la confianza colectiva. Se deteriora la idea de ciudadanía libre, se condiciona la palabra, se inhibe la participación, se siembra la sospecha como método de gobierno. El espionaje preventivo no es una herramienta más: es la negación de la democracia como proyecto compartido. No hay neutralidad posible frente a este tipo de medidas. No se las puede observar desde afuera ni analizar con distancia. Se está ante una frontera política decisiva: permitir que el Estado opere desde las sombras o exigir que rinda cuentas a la luz del derecho. Entre el miedo y la democracia, no puede haber equidistancia. (Por Lorena Pokoik, diputada nacional de Unión por la Patria)