Guerra judicial

I. Las últimas semanas fueron pródigas en noticias provenientes del Poder Judicial. El más desprestigiado y con mayor imagen negativa de los tres poderes del Estado, según todas las encuestas, parece empecinado en erigirse en una suerte de supra poder, desafiando la división tripartita republicana con el apoyo indisimulable de la prensa corporativa, la derecha macrista y la elite económica.

La última resolución de la Corte revocando la designación de un representante del oficialismo en el Senado de la Nación al Consejo de la Magistratura (CM), y designando en su lugar a otro de la oposición, configura una clara intromisión del Poder Judicial en el Legislativo. La CSJ dio vuelta dos fallos anteriores en sentido contrario, ignoró que el consejero ahora inhabilitado ya había asumido jurando ante el propio presidente del tribunal y desconoció un antecedente similar del año 2015 protagonizado por el entonces oficialismo macrista que no mereció reproche alguno. La doble vara a todo vapor.

El paso anterior del tribunal había sido declarar la inconstitucionalidad de la ley del CM, vigente durante quince años, y restaurar una ley previa anulada por el Congreso. Violar la división de poderes se ha vuelto la especialidad de estos cuatro varones que conforman la mini-Corte actual.

II. Días atrás, el nuevo fracaso legislativo para lograr que los jueces que ingresaron antes de 2017 tributen el Impuesto a las Ganancias, como el común de los mortales, mostró otra cara ominosa de la corporación judicial. Esa vez la oposición de derecha apoyó a sus señorías para que sigan parapetadas en una acordada de la Corte del año 1996. Como dijera en vida el jurista Julio Maier, una acordada es una resolución administrativa interna de los tribunales y no puede, de ninguna manera, incursionar en materia tributaria, un ámbito exclusivo del Congreso. Así, el privilegio de esquivar el pago de Ganancias tiene un basamento ilegal e ilegítimo, sobre todo en el Poder que detenta, por lejos, las remuneraciones más altas de la administración pública. Con qué autoridad puede un juez condenar a un ciudadano por evasión tributaria si está incurso en la misma ilegalidad.

También en las últimas horas se conoció que el supremo Carlos Rosenkrantz ya intervino en 56 causas que involucran a ex clientes suyos de cuando ejercía la abogacía en su estudio privado. Al momento de asumir su cargo había prometido que se excusaría ante casos semejantes. Ahora, al incumplir su promesa está, además, violando el Código de Procedimientos que impone a los magistrados el apartamiento en las causas que presenten tales circunstancias. En cuatro de ellas una de las partes es el Grupo Clarín, al que defendió Rosenkrantz para que pudiera esquivar la Ley de Medios Audiovisuales.

III. Otras noticias recientes del palacio judicial están en sintonía con las ya citadas. La Cámara Federal porteña, llamada Cámara M por estar integrada por los jueces que instaló a dedo Mauricio Macri (Bruglia, Bertuzzi y Llorens) liberó a los violentos integrantes del grupo neofascista Revolución Federal y le pidió a la jueza Capuchetti que concentre la investigación del atentado contra Cristina Kirchner en los tres detenidos, en su propia custodia y, como no podía ser de otra manera, en La Cámpora. Los grandes aportes económicos de la empresa Caputo Hermanos a los liberados, las arengas en la redes convocando a la violencia magnicida y los claros vínculos con los participantes directos del ataque no aparecen en el radar de estos jueces que deben sus sillones al expresidente Macri y aún no han sido reemplazados a pesar de estar concluidos los concursos que se demoran en el mismo Consejo de la Magistratura que ahora preside el supremo Rosatti. Eso sí, Llorens no se privó de pedir la prisión de CFK por una vieja causa armada a partir de... un traslado de muebles. Y otros colegas suyos pidieron que se resuciten los engendros del "dólar futuro", el "memorándum con Irán" y "Hotesur", a pesar de que fueron cerrados con sobreseimientos. El lawfare no descansa.