Juicio político a la Corte Suprema

Aunque no tiene la mayoría en Diputados para que el juicio prospere, el oficialismo inició el proceso contra los cuatro supremos, con ásperos cruces con el macrismo.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La Corte Suprema se redujo a cuatro miembros después de la jubilación de Elena Highton, y el presidente Alberto Fernández no propuso reemplazante, siendo esa una facultad que le otorga el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional. Es verdad que no cuenta con los dos tercios en el Senado para aprobar una eventual candidatura, pero esa iniciativa, aunque hubiera sido rechazada por la oposición de Juntos por el Cambio, habría sido una prueba de su actitud obstaculizadora para la normalización de la Corte.

 

Con el fuerte argumento de la perspectiva de género, un rechazo hubiera significado un costo político para la oposición. En la Argentina hay muchas juristas mujeres, de prestigio y progresistas, para ocupar ese cargo.

 

Sobran motivos.

 

Las acusaciones que fundamentan el juicio político a los jueces de la Corte están resumidas en catorce expedientes que fueron expuestos en la primera sesión de la Comisión de Juicio Político, el pasado jueves.

 

JxC lo rechaza porque considera que es un nuevo intento del gobierno de “avanzar contra la Justicia”, para lograr la impunidad de la vicepresidenta Cristina Fernández, quien fue condenada en diciembre del año pasado por un Tribunal Oral, en un juicio que tuvo grandes falencias probatorias.

 

Como bien lo aclaró la presidenta de la Comisión, Cecilia Gaillard, no se trata de un juicio penal, no se juzgan delitos, sino causales para la destitución de los jueces de la Corte Suprema. Entre ellas, la que figura en casi todos los expedientes, el “mal desempeño”, además de “incumplimientos y desmanejos”, “arrogarse facultades legislativas” y hasta “inhabilidad moral”.

 

“Circo”.

 

No casualmente los diarios Clarín, La Nación e Infobae, y sus medios digitales, televisivos y radiales, utilizaron el término “circo” para referirse al proceso iniciado en la comisión de Juicio Político de Diputados. El macrismo, ya se sabe, sigue la agenda mediática de lo corporación al pie de la letra. En realidad, fue la oposición la que montó un show en la primera reunión, con interrupciones y ataques, y el oficialismo no se quedó atrás con las respuestas.

 

Igual, para el Frente de Todos fue un triunfo que la comisión se haya reunido con presencia opositora, pues le dio validez al debate. A sabiendas que el juicio no va a prosperar en el recinto de Diputados por falta de votos, los diputados y diputadas oficialistas pretenden ventilar en debate público, las miserias de una Corte Suprema que hace mucho dejó de ser “independiente”.

 

Lo que importa a la gente.

 

JxC acusa al gobierno de intentar “correr la atención” de la agenda política sobre los temas que verdaderamente “le importan a la gente”. Es cierto que la mayoría de la población no está al tanto de lo que sucede en la comisión de Juicio Político. Por el contrario, está muy atenta a los debates orales en los casos del crimen del niño Lucio en La Pampa y del homicidio brutal del joven Fernando Báez Sosa por una patota de rugbiers, ambos juicios con amplia repercusión en los medios durante el mes de enero.

 

Otros temas ocupan a las mayorías populares: el salario o jubilación que no alcanza, los precios en escalada, la elevada inflación, la precarización del empleo, etc.

 

Pero la conformación de la Corte Suprema tiene gran importancia para la vida de la gente, pues son estos jueces quienes deciden, en última instancia, e inciden en muchos de esos problemas cotidianos.

 

Por ejemplo, la ley que declaró de interés público los servicios de telefonía móvil e internet, y por ende ponía un límite a los aumentos de tarifas, fue declarada “inconstitucional” por la Corte. El fallo salió “a la medida” de Clarín, el principal interesado, como dueño de Telecom, de poder aumentar esas tarifas. Resultado: los servicios de telefonía móvil e internet aumentaron durante el año pasado un 115%, 20 puntos por encima de la inflación. Una diputada oficialista mencionó este rol de la Corte en este caso y desde los medios salieron a “matarla” políticamente como si hablara de cosas ridículas.

 

Lesa humanidad.

 

Una de las acusaciones más fuertes es el fallo del “2x1” que dos de los supremos (Rosenkrantz y Rosatti; la tercera, Highton, se jubiló) firmaron en mayo de 2017 en el caso Muiño, un represor condenado por crímenes cometidos durante la dictadura militar, que había pedido ese beneficio, sancionado por ley en 1994, y derogada en 2001. Con ese infame fallo, la Corte sentaba un antecedente para que luego todos los genocidas solicitaran ese cómputo de la pena para quedar en libertad.

 

La contundente movilización popular obligó al Congreso a declarar, por unanimidad, que ese beneficio no podía otorgarse a condenados por delitos de lesa humanidad y luego, la propia Corte, un año y medio más tarde, tuvo que dar marcha atrás en ese ignominioso fallo.

 

Tuvieron que pasar casi seis años para que finalmente llegara el pedido de destitución a los supremos que suscribieron esa sentencia.

 

Chats.

 

Sobre Rosatti pesan varias acusaciones, una de ellas de una ex detenida desaparecida, Patricia Isasa, quien declaró que el hoy presidente de la Corte encubrió a un represor, Eduardo Ramos, quien la torturó durante su cautiverio. Ramos trabajaba en la intendencia de Santa Fe durante la gestión de Rosatti “y no hizo nada para apartarlo”.

 

El escándalo de los chats de Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, con el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D`Alessandro (en uso de licencia), es otra de las acusaciones. Robles aparece “pasándole letra” al funcionario macrista en relación a casos como el conflicto por los fondos coparticipables que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llevó a la Corte, donde finalmente obtuvo una sentencia favorable.

 

Por ello, es importante apoyar el proceso para la destitución de los jueces de la Corte Suprema, pero a la vez hay que señalar que la demora en aprobar una reforma al Poder Judicial, cuando se contaba con las mayorías para ello, es responsabilidad del gobierno del Frente de Todos.

 

La reforma judicial fue parte de las promesas de campaña y de los discursos de Alberto Fernández en las aperturas de sesiones del Congreso. Incluso hubo media sanción a un tibio proyecto en el Senado, que nunca fue tratado en Diputados, presidido en esos años por el actual super ministro de Economía, Sergio Massa.

 

Eso sin olvidar que dos de los supremos proceden del tronco justicialista, como Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, mientras que Ricardo Lorenzetti fue designado a instancias de CFK durante el mandato de Néstor Kirchner.