La Argentina que no puede ocultar el mundial

Mientras se desarrolla el Campeonato Mundial de Fútbol y millones de compatriotas alientan a la selección que busca la cuarta Copa, en el país arrecian los despidos y la crisis económica golpea duramente al pueblo trabajador.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

El presidente Javier Milei se jacta de ser un economista, y presenta el “ajuste más grande de la historia” como un éxito macroeconómico. Habla del equilibrio fiscal como si fuera un objetivo en sí mismo y exhibe la baja de la inflación como prueba irrefutable de que el rumbo es correcto. Pero detrás de esos dudosos números existe otra Argentina, invisible en los discursos oficiales pero palpable en la realidad cotidiana de las familias trabajadoras: la de quienes perdieron su empleo, la de quienes conservan el trabajo pero ya no llegan a fin de mes y la de quienes deben sumar un segundo empleo o hasta un tercero para sostener a sus familias.

 

Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran con claridad la magnitud del ajuste. Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026 desaparecieron 69.992 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una reducción del 20,4 por ciento de la planta estatal. Traducido a la vida cotidiana, significa que durante la gestión seudo libertaria fueron despedidas, en promedio, 75 personas por día.

 

Motosierra.

 

No se trata únicamente de una reducción de personal. Detrás de esas cifras hay organismos vaciados, políticas públicas desmanteladas y capacidades estatales construidas durante décadas que difícilmente puedan recuperarse en poco tiempo. El Correo Argentino perdió 5.465 trabajadores; la Operadora Ferroviaria, más de 4.000; el Banco Nación, 2.377; Aerolíneas Argentinas casi 2.000; la Anses, el Conicet, el INTI, el INTA y numerosos organismos estratégicos sufrieron recortes que, además de afectar a sus empleados, comprometen funciones esenciales del Estado.

 

La crisis también golpea con fuerza al sector privado, tal como lo analizamos en nuestra columna anterior (“Cierre de empresas en la era Milei, 17/06), la apertura indiscriminada de las importaciones, el atraso cambiario, la caída del consumo y las elevadas tasas de interés vienen provocando cierres de pequeñas y medianas empresas, suspensiones y despidos industriales. Cada fábrica que baja un turno, cada comercio que cierra y cada Pyme que desaparece arrastra consigo historias familiares, proyectos de vida y economías regionales que difícilmente puedan volver a ponerse en marcha en el mediano plazo.

 

Pluriempleo.

 

Durante décadas el empleo registrado fue sinónimo de trabajador con derechos: salario con aportes para una futura jubilación, vacaciones, aguinaldo, horas extras, etc. Los nuevos tiempos vienen muy diferentes, la juventud actual trabaja como monotributista, el famoso “emprendedurismo” que tanto pregona La Libertad Avanza. Pero son trabajadores, trabajadoras, solo que ahora más explotados.

 

Incluso aquellos que se mantienen como trabajadores formales, ven diluidos sus derechos al compás de patronales que se acoplaron enseguida a las nuevas relaciones laborales, bajo el disfraz de “modernización”, nuevo disfraz de la precarización.

 

Un informe del Centro de Investigaciones CIFRA, de la CTA de los Trabajadores, revela que, desde el inicio del gobierno de Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 35,2 por ciento de su poder adquisitivo y acumula una caída del 58,4 por ciento respecto de 2015. Para recuperar el poder de compra de hace diez años debería acercarse hoy a los 760 mil pesos, un indicador claro del deterioro del salario. Una familia tipo necesita casi cuatro salarios mínimos para no caer bajo la línea de pobreza.

 

En este marco, cuando el salario ya no es ni básico ni vital, surgen estrategias desesperadas de supervivencia. Crecen el pluriempleo, las horas extras, las changas, el trabajo por aplicaciones y el endeudamiento familiar. Docentes que dictan clases en tres escuelas; enfermeras que enlazan guardias interminables; profesionales que trabajan de día en el sector público y de noche en el privado; empleados administrativos que completan sus ingresos como conductores precarios de plataformas digitales. La jornada laboral de ocho horas, conquista histórica del movimiento obrero, comenzó a convertirse en un privilegio que pocos pueden sostener.

 

Salir a la calle.

 

En ese camino, la participación de los salarios en la riqueza nacional continúa reduciéndose mientras aumenta la rentabilidad de los grandes grupos económicos. El resultado es una transferencia de ingresos desde quienes viven de su trabajo hacia sectores concentrados del capital. Este proceso se profundizó en el primer año de la actual administración y convive con un incremento del endeudamiento de los hogares y la pérdida del poder adquisitivo.

 

La CGT continúa con su actitud complaciente, sin convocar a lo que debería ser el objetivo de una central obrera: salir a pelear para recuperar derechos y oponerse a que el salario siga siendo la variable del ajuste.

 

Por ello, es saludable que, con retraso, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores), junto con la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) se hayan reunido y resuelto profundizar la coordinación de un plan de lucha nacional. Se ha propuesto una Marcha Federal como anticipo de un Paro General, y el compromiso de rodear de solidaridad todas las peleas que se vienen dando ante los despidos y en defensa del salario. Diversas luchas recorren casi todo el territorio nacional, pero no encontraron un cauce común ni una voluntad en la dirigencia sindical de confluir en una huelga general, capaz de derrotar la Motosierra que está destrozando décadas de conquistas obreras.

 

Bajo la consigna "ninguna pelea puede quedar aislada", el objetivo de aquella reunión fue confluir con cada conflicto laboral, con las movilizaciones de jubilados frente al Congreso, con la lucha de las universidades, los docentes, los organismos científicos contra el cientificidio, los trabajadores de la salud, los metalúrgicos de Tenaris, los movimientos sociales y los reclamos provinciales que se multiplican en el país.