Lunes 24 de junio 2024

La ficha moralista

Redacción 11/06/2024 - 00.24.hs

La condena por ocultar pagos a una actriz porno no le impide a Donald Trump ser candidato a Presidente en Estados Unidos.

 

POR SEBASTIAN FERNANDEZ *

 

El jueves 11 de julio, pocos días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana, Juan Merchán, juez de primera instancia de Nueva York, dictará sentencia contra Donald Trump. El 30 de mayo, un jurado de Manhattan lo declaró culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales de su empresa. La acusación sostuvo que esos registros fueron usados para ocultar el pago a la actriz porno conocida como Stormy Daniels para comprar su silencio sobre la supuesta relación que mantuviera con el entonces candidato presidencial, antes de la campaña electoral de 2016. Algo que Trump siempre negó.

 

La falsificación de documentos privados no reviste una enorme gravedad penal en el Estado de Nueva York. Sin embargo, al sostener que el objetivo de la adulteración fue ocultar sus encuentros sexuales con Daniels frente a los votantes, los fiscales consideraron que la maniobra podía ser considerada una especie de estafa electoral.

 

Teniendo en cuenta la edad de Trump, la ausencia de antecedentes penales y la pena máxima esperada (no mayor a los cuatro años), es improbable que Merchán mande a la cárcel al ex Presidente. Lo más probable es que opte por un período muy acotado de prisión efectiva y el resto en libertad condicional.

 

¿Pero qué pasaría si el juez tuviera un arrebato de punitivismo extremo y condenara a Trump a transitar toda la condena en una celda? En lo que respecta a su campaña presidencial, el ídolo de nuestro Presidente de los Pies de Ninfa no padecería más que la incomodidad de tener que llevarla a cabo de forma virtual. Es más, podría incluso ser declarado Presidente en el caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre de este año. En efecto, la Constitución norteamericana no prohíbe que un condenado en un juicio penal pueda presentarse a elecciones e incluso llegar al Salón Oval. Los únicos requisitos que exige para ser candidato es ser ciudadano norteamericano por nacimiento, tener por lo menos 35 años y haber vivido al menos 14 años en el país.

 

Existe un notable antecedente: en 1920, el candidato socialista Eugene Debs hizo campaña desde la prisión federal de Georgia. Y aunque salió tercero, consiguió casi un millón de votos. Su condena, eso sí, no tuvo relación alguna con registros comerciales creativos o con estrellas del porno, sino con un discurso apasionadamente anti-bélico en defensa de los jóvenes encarcelados por evitar el servicio militar obligatorio. En 1918, cuando la Primera Guerra Mundial todavía requería del esfuerzo bélico de los Estados Unidos, oponerse a la guerra podía ser tomado como un acto de sedición. En todo caso, Debs no se quedó mucho tiempo en la cárcel: Warren Harding, su rival republicano, lo consideró un “preso político” y lo indultó apenas asumió la presidencia en 1921 (es una lástima que Harding no gobernara la Argentina entre 2019 y 2023, cuando no había presos políticos sino “detenciones arbitrarias de la Justicia”).

 

Legalidad.

 

Algunos juristas sostienen que para salir de la cárcel y llegar a la Casa Blanca (en caso de ganar las elecciones), Trump debería auto-indultarse. Para otros, teniendo en cuenta que la condena provino de un tribunal de Nueva York, es el gobernador de dicho Estado el que debería indultarlo. Más allá de esos debates leguleyos, lo relevante es que nadie niega la legalidad de su candidatura, aún condenado y encerrado en la cárcel, y nadie rechaza por ilegítima la posibilidad de que llegue a la Casa Blanca en el caso de ganar las elecciones. Podríamos afirmar que para los padres fundadores de los Estados Unidos -que firmaron la Declaración de Independencia y establecieron su Constitución- es el pueblo soberano el que elige a su gobernante, no los jueces, ni tampoco la moral pública.

 

Unos años antes, en julio de 2017, Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por el juez de primera instancia Sergio Moro. Sin prueba alguna que lo acreditara, Moro consideró que el ex Presidente había participado de maniobras de corrupción ligadas a la petrolera estatal Petrobras. La condena fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre, lo que impidió que Lula -en ese momento el político más popular de Brasil y candidato favorito a las elecciones del 2018- pudiera presentarse.

 

Lo paradójico es que la ley que se lo impidió fue “ficha limpia”, una norma apoyada con frenesí por los medios e impulsada por el propio Lula antes de dejar la presidencia. Respondiendo a la ola punitivista, la ley establecía que los condenados en segunda instancia en casos relacionados con “lesión al patrimonio público o enriquecimiento ilícito” no podrían aspirar a cargos electos.

 

Moro.

 

Por los servicios prestados al apartar al favorito de la contienda electoral, el juez Moro fue nombrado ministro de Justicia por Jair Bolsonaro, ganador de las elecciones del 2018. Luego de encarcelar a Lula, Moro se transformó en la envidia de la Justicia federal de nuestro país, en donde fue recibido por la Corte Suprema como un héroe y alabado por los medios (Hugo Alconada Mon lo llamó “el Messi de la lucha anticorrupción”). Pero su reinado fue breve: en 2021, el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil, revocó las condenas contra Lula al considerar que no se habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el solícito juez Moro. Un año después, Lula ganó las elecciones de 2022 contra Bolsonaro, aunque con un margen mucho más estrecho que las proyecciones de 2018. Había pasado 580 días en la cárcel.

 

En la Argentina, varias ONG ciudadanas de nombre luminoso y financiamiento opaco insisten desde hace años con la implementación de la ley “ficha limpia”. Ese proyecto tóxico no llegó aún a nivel federal, aunque hay varias provincias que lo implementaron. En algunos casos, como en Mendoza, el ahínco punitivista fue tal que alcanza con una condena de primera instancia para impedir una candidatura. Los entusiastas del proyecto argumentan que la ley vigente impide ser candidatos a los procesados por delitos de lesa humanidad, asimilando de esa forma la corrupción al terrorismo de Estado. Ese parece ser el truco para llevarse puestas las garantías constitucionales.

 

Es extraño que nuestra derecha y sus satélites, tan proclives a poner como ejemplo la seguridad jurídica y las instituciones de los Estados Unidos, no busquen imitarlas en este caso. Tal vez esos entusiastas de una Constitución Nacional que defienden ignorándola, consideren que nuestro pueblo no es lo suficiente maduro como para poder elegir a sus representantes sin la ayuda desinteresada de un juez oportuno. (* en elcohetealaluna.com)

 

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