Viernes 29 de marzo 2024

La megaminería y el medio ambiente

Redacción 23/02/2023 - 00.16.hs

Otra vez la confrontación entre los intereses económicos de la megaminería y el cuidado del ambiente ha desatado una fuerte polémica. El proyecto presentado por el gobierno de Mendoza para explotar un yacimiento de pórfidos de cobre denominado Cerro Amarillo, ubicado en cercanías del río Grande –el principal afluente del Colorado— despertó la reacción de las organizaciones ambientalistas de esa provincia, del gobierno de La Pampa y de la Fundación Chadileuvú entre otras entidades.

 

La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Senadores mendocina y será tratada ahora en la de Diputados, a pesar de que “no hay constancia de que se haya cumplido con la audiencia pública y la consulta pública previas a su presentación ante la Legislatura”, según señalaron las organizaciones que integran las Asambleas Por el Agua Pura (APAP).

 

Esta situación que hoy se vive en Mendoza es prácticamente una copia de lo que ha venido sucediendo en provincias como San Juan, La Rioja o Catamarca entre otras. A lo largo de toda la región cordillerana incontables explotaciones mineras se han desarrollado a pesar de la fuerte oposición de las poblaciones locales. En la mayoría de los casos las objeciones señalaron –y señalan— los procesos de contaminación ambiental, especialmente de las fuentes de agua, a partir del uso de sustancias químicas altamente tóxicas que se utilizan para separar los minerales y proceder a su explotación. Son incontables las denuncias presentadas a partir de derrames de líquidos contaminantes que han afectado fuentes de agua superficiales y subterráneas.

 

En todos esos casos, al igual que ahora en Mendoza, los gobiernos provinciales se muestran permeables y tolerantes ante la megaminería, en tanto las organizaciones ambientales y buena parte de la población expresan enérgicamente su oposición. Los gobiernos argumentan que priorizan las inversiones millonarias de las grandes compañías privadas multinacionales y que se generan muchos puestos de trabajo. Por su parte las entidades defensoras del medio ambiente responden que la alta generación de empleo es solo temporaria debido a que la actividad minera está altamente tecnificada. Y añaden que los grandes beneficios económicos se los llevan las empresas extranjeras mientras que los pasivos ambientales –glaciares destruidos, agua y escombros contaminados, paisajes arruinados, etc.— quedan por siempre para perjuicio de las comunidades locales. También señalan que los niveles de aportes tributarios, pagos por permisos, concesiones, derechos de exportación, etc., son insignificantes en relación a las utilidades astronómicas que perciben las corporaciones.

 

La cuestión del agua ocupa un capítulo central en esta controversia. Desde hace más de una década las precipitaciones nivales en los Andes vienen mermando considerablemente producto del cambio climático global. Ese fenómeno incide negativamente en los caudales de los ríos cordilleranos generando un grave problema para el consumo humano y la agricultura. En síntesis, la ecuación costo/beneficio es una cosa para las mineras y otra muy diferente para la población. Y el gobierno mendocino aparece más interesado en defender los intereses de las primeras.

 

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