La verdadera cara del modelo libertario

Las familias en Argentina se endeudan para adquirir alimentos, mientras la morosidad crece como consecuencia del ajuste, ante un gobierno indiferente al sufrimiento de las mayorías.

IRINA SANTESTEBAN

Hay una diferencia decisiva entre endeudarse para comprar un automóvil, un electrodoméstico, hacer un viaje o adquirir algún otro bien que no puede pagarse al contado, y endeudarse para comprar alimentos. En el primer caso, el crédito puede ser una herramienta para adelantar un consumo. En el segundo, es síntoma de que los ingresos no alcanzan para vivir.

Datos.

Eso es lo que está sucediendo hoy: Casi seis millones de personas se encuentran en situación de mora y cerca de 21 millones tienen algún tipo de deuda con bancos o proveedores no financieros de crédito. No es que de golpe la sociedad se lanzó de manera irresponsable al consumismo, sino que la mayoría de las familias no llegan a fin de mes.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos del Banco Central y de la Central de Deudores, muestra que en junio de 2026 había 20,96 millones de deudores y 5,91 millones en situación irregular, es decir, con atrasos superiores a 90 días. Desde febrero de 2024 aparecieron 2,60 millones de nuevos morosos.

La morosidad de las familias con los bancos llegó al 12,8 por ciento en junio, cuando en octubre de 2024 era apenas del 2,5 por ciento. Más grave es con las billeteras virtuales y otros proveedores no financieros: allí la mora trepó al 30,1 por ciento, superando el pico registrado durante la pandemia. En conjunto, la irregularidad de las familias ronda el 15,5 por ciento.

Este endeudamiento familiar está concentrado en préstamos personales y tarjetas de crédito, instrumentos que explican, a mayo de este año, el 73 por ciento del saldo moroso de los hogares, donde el atraso de los préstamos personales pasó del 3,3 por ciento en octubre de 2024 al 15,9 por ciento en mayo de 2026; en las tarjetas, saltó del 1,6 al 13,1 por ciento.

Para comer.

¿Para qué se utilizan esos créditos? Para lo que antes se pagaba normalmente con el salario, sin recurrir a préstamos: alimentos, medicamentos, servicios, transporte, gastos escolares y otros consumos indispensables. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, advirtió sobre la gravedad de esta situación y exigió algún tipo de regulación ante deudas que calificó de abusivas desde que se contraen. Ni qué hablar de lo que resulta cuando se cae en mora, con intereses usurarios, permitidos por la falta de mecanismos regulatorios.

No es un “asunto entre privados” como afirmó Javier Milei, lavándose las manos de su responsabilidad como impulsor del programa económico que destruyó los salarios y las jubilaciones, y está pulverizando el empleo. Cuando una familia pide dinero prestado para comprar un televisor, puede discutirse si tomó una buena o mala decisión financiera. Pero cuando una madre utiliza la tarjeta para ir al supermercado porque el sueldo se terminó antes de fin de mes, hablar de “decisiones individuales” es una forma de esconder el problema y culpar a la víctima.

No debería sorprendernos que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, argumenten de esa manera, incluso frente a tasas de interés que en determinadas billeteras virtuales llegan a superar el mil por ciento!

Habría que preguntarle al ministro cómo hizo para tener un patrimonio de $19.509 millones (13,4 millones de dólares), según su declaración de fines de 2025, revelando un crecimiento de un 37 por ciento en dólares, frente a los 9,7 millones de dólares que tenía a inicios de 2025, mientras la mayoría de los argentinos y argentinas se endeudan para poder comer.

Salarios que no alcanzan.

El informe de CEPA muestra la relación entre ambos fenómenos: la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones con el aumento del endeudamiento familiar.

La morosidad comenzó a acelerarse a partir del último trimestre de 2024, al mismo tiempo que se estancaba y profundizaba la pérdida del poder adquisitivo. Desde la llegada de Milei, el salario real de los trabajadores registrados acumula una caída del 8,7 por ciento según la medición utilizada por INDEC; si se actualizan los ponderadores del índice de precios con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, la pérdida llega al 18,7 por ciento.

Ante la pérdida de los ingresos familiares frente a los precios, primero se recortan los gastos prescindibles; después se eliminan los consumos que antes parecían normales; finalmente, cuando ya no queda nada para recortar, aparece el crédito. Y cuando tampoco alcanza el crédito bancario, aparecen las billeteras virtuales, las financieras y, finalmente, el usurero.

El informe de CEPA advierte justamente sobre ese proceso de “precarización del endeudamiento”. Los bancos reducen el crédito a quienes presentan dificultades y esas familias migran hacia proveedores no financieros que cobrano tasas muchísimo mayores. La deuda deja entonces de ser una herramienta para convertirse en una trampa: los intereses se acumulan, la deuda crece y el deudor termina muy lejos de poder cancelarla.

No es casual que casi cuatro de cada diez morosos tengan menos de 35 años. Entre los jóvenes de 18 y 19 años la irregularidad llega al 32,7 por ciento y entre los de 20 a 24 años alcanza el 33,6 por ciento, la tasa más elevada de toda la población.

Deuda eterna.

La Argentina está creando así una generación que no solo tiene dificultades para acceder a una vivienda o conseguir un empleo estable: comienza su vida adulta cargando deudas. Y mientras millones de familias se endeudan para comer, el Estado nacional continúa endeudándose para pagar deuda.

Aquí aparece la paradoja mayor del modelo. A escala doméstica se les dice a las familias que deben “hacerse cargo” de sus deudas. A escala estatal, en cambio, el endeudamiento aparece como una herramienta inevitable para garantizar la estabilidad económica y cumplir con los acreedores.

La deuda pública bruta alcanzó en julio los 484.722 millones de dólares. Una montaña de obligaciones que se renueva, refinancia y vuelve a crecer mientras una parte cada vez mayor de los recursos nacionales queda condicionada al pago de capital e intereses. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vuelve a colocar a la Argentina dentro de ese circuito: nuevos créditos para afrontar vencimientos anteriores, a cambio de políticas económicas que tienen como una de sus consecuencias centrales la contención de salarios, jubilaciones y gasto público.

Ese círculo vicioso debe cortarse con medidas drásticas que no serán tomadas por este gobierno. Si la Deuda con el FMI es odiosa y fraudulenta, debería suspenderse su pago hasta que una auditoría muestre responsables y eventualmente solo pagar lo que sea legítimo. Las deudas familiares deberían correr la misma suerte, pues nadie debería ser privado del derecho humano a la vida, y nadie puede vivir sin comer.