Domingo 02 de octubre 2022

Los viejos incendios y un nuevo debate

Redacción 19/09/2022 - 08.02.hs

El caso de la quema en las islas del río Paraná ha alcanzado proporciones inusitadas. En un país donde la aplicación de las leyes suele ser algo muy relativo (recuérdese el fallo de la Corte Suprema en el asunto del Atuel) parecería que un grupúsculo de agroganaderos y desarrolladores inmobiliarios puede más que toda una estructura de códigos que apuntan a la convivencia, y siguen propiciando desastres ecológicos con su accionar.

 

Los sucesos no son nuevos. Con todo lo que implica la distancia entre dos regiones completamente distintas en su ecología este diario ya había considerado la gravedad del problema durante el pasado año, cuando se inició el arrasamiento de las islas por el fuego, sin consideración alguna para sus consecuencias. Y por cierto que las denuncias en la región eran todavía anteriores.

 

Actualmente, y pese al escándalo desatado unos días atrás por los inconvenientes causados por las quemas y el humo, las autoridades comunales de la región despotricaron contra el gobierno entrerriano (a quien consideran responsable del desastre ambiental) y anunciaron una marcha sobre Buenos Aires donde, ya se sabe, atiende Dios, pese a estar en todas partes. Las banderas que portarán los manifestantes son sintéticas, elocuentes y dolorosas: "Queremos respirar", dicen.

 

El proceder se justifica. Pese a las medidas que, dicen, se han tomado el humo sigue atosigando las ciudades de Santa Fe y Rosario, ya con consecuencias muy serias, si no graves. Menudean por de pronto los reclamos de las madres que ven sus bebés con toses continuas y, ya en mayores, la aparición de manifestaciones de anormalidad respiratoria. Duele y asombra que los responsables de esos incendios, fácilmente identificables por las fuerzas públicas, prosigan en su ecocidio sin el menor interés y absoluta insolidaridad por los serios problemas que están causando. Su persistencia también hace evidente la escasa o nula acción de la fuerza pública.

 

Intimamente relacionado con el problema está el hecho de que el jueves venidero comenzará en la Cámara de Diputados de la Nación un nuevo debate en comisiones para avanzar con la aprobación de una Ley de Humedales. Tras diez años de proyectos presentados y tres intentos frustrados de aprobar la norma hubo consenso entre los bloques y las iniciativas presentadas. Esas magnitudes temporales obligan a pensar en la distancia que media entre los manejos legislativos que tratan de conciliar intereses políticos y la realidad, por dolorosa que esta sea. Más expeditivos, los pueblos que ven afectados su presente por la humareda y su futuro por el desastre ecológico preparan en estos momentos una marcha, y corte eventual, sobre el puente Santa Fe-Paraná, como forma efectiva de hacerse oír y que se proceda en consecuencia.

 

"El argumento de que una ley de protección de humedales atentaría contra el desarrollo productivo en esas zonas -ha dicho uno de los legisladores- es uno de los más utilizados por los sectores del lobby agropecuario que se oponen al proyecto. Una ley de humedales puede aportar a que las provincias y Nación tengan más herramientas para el ordenamiento del territorio. Esta no es una ley en contra de la producción, que es el principal argumento de la Sociedad Rural, es una ley en contra de la destrucción".

 

Acompañando esos conceptos, los pampeanos deseamos fervientemente que, cuando se trate la tan anhelada ley, los legisladores recuerden que hubo en La Pampa un gran humedal, de más de 5.000 kilómetros cuadrados, que mitigaba el desierto. El desinterés nacional y la falta de solidaridad hicieron que ya no esté.

 

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