Manipulación social con noticias falsas

El deplorable episodio que vivió la diputada nacional Marcela Coli en su localidad de residencia, Colonia 25 de Mayo, no es algo para enorgullecer a los pampeanos. Un grupo de vecinos se reunió frente a su casa para agredirla verbalmente, incluso lanzarle piedras, instigados por un mensaje mentiroso lanzado por las redes sociales. Según esa noticia falsa (fake new), en la vivienda de la legisladora se encontraba una de las personas que fueron acusadas penalmente por haber cometido abusos sexuales contra niños de un jardín de infantes. El juicio sufrió los avatares de un proceso amañado con imputaciones que no pudieron ser comprobadas, y por tal motivo llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y no se descarta que llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo cierto es que la diputada, ante el tumulto que se armó frente a su domicilio, invitó a una de las participantes del escrache a ingresar a su casa para que pudiera comprobar personalmente la falsedad del mensaje arrojado al ciberespacio. La mujer pudo descubrir con sus propios ojos la mentira y así lo comunicó al salir al resto de los gritones. Pero, por increíble que parezca, en lugar de retirarse, el grupo permaneció en el lugar y continuó con su actitud amenazante. Solo la presencia policial, convocada por familiares de la diputada y no por intervención de la fiscal, como se encargó de aclarar la propia Coli en diálogo con Radio Noticias, logró dispersar a los exaltados vecinos.

Más allá del alivio porque todo terminó sin agresiones físicas, preocupa sobremanera este caso de manipulación social que tuvo lugar en una modesta localidad del interior pampeano. Una frase que solemos citar los que vivimos en esta provincia reza que “aquí somos pocos y nos conocemos todos”. Alude, desde luego, a la escasa densidad demográfica de La Pampa y a la escala reducida de nuestras poblaciones, su capital incluida. Por tal motivo desconcierta doblemente esta reacción intempestiva de un grupo de vecinos veinticinqueños que se lanzaron a un escrache contra una autoridad legislativa y persistieron en su actitud aún después de comprobar que habían sido engañados. Pero también es condenable esa reacción incluso si hubiera sido cierto el mensaje. Y en esto habría que repartir responsabilidades con el aparato judicial en virtud del vergonzoso proceso que se siguió contra los docentes acusados sin pruebas.

El trauma social que se indujo en buena parte de la población veinticinqueña no puede superarse, tal como lo mostró este lamentable episodio. Los procesos de manipulación colectiva suelen tener raíces profundas. Las acciones psicológicas como los mensajes de odio prosperan cuando hay terreno fértil. Cabría preguntarse si este hecho no tiene su origen en aquel desgraciado caso que tomó dimensiones considerables y no pudo neutralizarse con la intervención de la justicia, pues no se investigó con rigor el verdadero origen de las denuncias de abuso y se prefirió perseguir a los educadores con un endeble andamiaje probatorio.