Marchas multitudinarias por la Memoria y en contra el negacionismo

Masivas movilizaciones en todo el país, repudiaron el aniversario del golpe militar, y el discurso y el accionar oficial, que pretende negar el genocidio que produjo el terrorismo de Estado.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

La ley 25.633, de agosto de 2002, declaró feriado nacional el 24 de Marzo, para conmemorar el cruento golpe de Estado que dio origen a la dictadura militar cívica videlista, instaurando el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La ley fue sancionada durante la presidencia de Eduardo Duhalde y entre sus firmantes, está el ex senador nacional por Córdoba, luego ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda.

 

Marchas.

 

Las marchas por el 24 de Marzo comenzaron en 1986, convocadas por la entonces presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini. Las “locas” de la Plaza fueron un factor decisivo, junto a la resistencia del pueblo y la derrota ante el imperialismo británico en Malvinas, para el derrumbe de la dictadura y el advenimiento de la democracia en diciembre de 1983.

 

Esa primera marcha dividió al movimiento de DDHH, entre quienes apoyaban al gobierno alfonsinista y quienes mantenían independencia del discurso oficial. Es que aunque había promovido el primer juicio a las Juntas, Raúl Alfonsín fue paulatinamente cediendo ante la presión militar, por ejemplo cuando se negó a dar a conocer los nombres de los militares que surgían del informe de la Conadep, que en su arduo trabajo había relevado casi 9.000 desapariciones forzadas.

 

Los libertarios, que niegan el terrorismo de Estado y reivindican a los genocidas, se toman de ese número para cuestionar que hubo 30.000 desapariciones forzadas, tal como lo denuncian los organismos de DDHH desde hace años. Se “olvidan” de mencionar que hay documentos desclasificados del gobierno de los EEUU, que datan de 1978, en los cuales se reconocían 22.000 desapariciones, número que provenía de fuentes de la propia dictadura. Y ya Rodolfo Walsh, en su “Carta Abierta a la Junta Militar” que alcanzó a despachar el 25 de marzo de 1977, antes de enfrentarse con una patota que finalmente lo asesinó, denunciaba que había 15.000 desapariciones, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de desterrados.

 

Luego vendrían las leyes de Impunidad (Obediencia Debida y Punto Final), que dejarían libres a centenares de militares acusados por aquellos crímenes, política que completarían los indultos del presidente Carlos Menem.

 

Por ello, fue muy positivo que en 2003 se declarara la nulidad de esa legislación que había mantenido en la impunidad los crímenes de la dictadura.

 

Contra el negacionismo.

 

El lunes se marchó en repudio al golpe de Estado ejecutado por los militares argentinos y que fuera respaldado por los grandes empresarios, la jerarquía eclesiástica y la mayoría de los medios de prensa, hace 49 años. Fue una inmensa marea humana que colmó las calles y las plazas de Buenos Aires y de casi todas las ciudades del país, incluyendo localidades pequeñas, donde hubo también jornadas de Memoria.

 

Se ratifica así el rechazo que generan en amplios sectores de nuestro pueblo las políticas negacionistas de Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, la que visitaba al genocida Videla en su celda, la que pretende liberar a los (pocos) condenados que hoy cumplen prisión efectiva, pues la mayoría están cómodamente en “prisión domiciliaria”.

 

Tal como hiciera el año pasado, el gobierno de Milei lanzó otra provocación, al difundir un video protagonizado por Agustín Laje, un dirigente cordobés con pretensiones de politólogo, en realidad un fascista de poco vuelo intelectual.

 

En su discurso reflota la “teoría de los dos demonios”, algo que ratificó el vocero presidencial Manuel Adorni, cuando anunció que el gobierno iba a promover por ante la Comisión Interamericana de DDHH, que se declare como “crimen de lesa humanidad” el atentado contra la familia del capitán Viola en Tucumán, en 1974. Ya hay jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema, pues para que sean considerados “delitos de lesa humanidad” y por los tanto, imprescriptibles, deben ser cometidos por fuerzas del Estado, regulares o irregulares. No se consideran tales las acciones de organizaciones armadas, que no son promovidas por el Estado.

 

Laje copia el discurso de la dictadura y habla de una “guerra”, pero no menciona que hubo casi 500 bebés apropiados, y más de 500 centros clandestinos de detención; tampoco que la mayoría de las personas desaparecidas fueron secuestradas de sus domicilios o lugares de trabajo.

 

Motosierra contra los DDHH.

 

No es solo negacionismo lo de Milei, sino que su gobierno avanzó de manera implacable contra todas las políticas públicas y organismos estatales en materia de DDHH.

 

En la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en el edificio de la ex ESMA, se despidió a más del 60 por ciento del personal. Cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Desfinanció políticas como la de protección de testigos en los juicios de Lesa Humanidad; recortó todos los programas de promoción de los DDHH a nivel educativo; y en general produjo un severo ajuste en todas las áreas de esa Secretaría.

 

Palos y hambre.

 

Los DDHH deben ser considerados en su sentido amplio, abarcando derechos económicos, sociales y culturales. Por ello, la actual situación de aumento de la pobreza, el hambre y el desempleo; la grave crisis en vivienda, las condiciones denigrantes en salud y educación, la brutal represión policial a manifestantes que protestan, son todas características de un régimen fascista que no respeta la convivencia democrática.

 

Claro que sería injusto omitir que este gobierno ha llevado adelante estas políticas, gracias al acompañamiento de gobernadores, senadores y diputados de la “oposición amigable”, incluidos algunos del PJ, y un Poder Judicial que con contadas excepciones, mira para otro lado. Y si una jueza actúa contrariamente a lo que el gobierno espera, es atacada y denunciada por el presidente y el ministro de InJusticia.

 

La represión del 12 de marzo pasado en el Congreso contra hinchas de fútbol y pueblo en general que apoya el justo reclamo de jubilados, con un saldo de 120 detenidos acusados de sedición y un fotógrafo en grave estado, demuestra que esa calificación es correcta.

 

Por ello era necesario una marcha contundente y unitaria, superando la división que caracterizó a esta jornada desde 2006. Ello se logró en Buenos Aires y en otras ciudades, y aunque las diferencias persisten, fue un paso importante en pos de la Unidad que hace falta para enfrentar el fascismo, el ajuste y el FMI.