Polarización y baja participación

El domingo 25 hubo elecciones en Córdoba. El escrutinio definitivo comienza hoy miércoles y se espera que confirmará el ajustado triunfo del oficialista Martín Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba, sobre Luis Juez, de Juntos por el Cambio.

 

IRINA SANTESTEBAN

 

Con el 95 por ciento de las mesas escrutadas, hubo un triunfo “pírrico” del gobierno de Juan Schiaretti, quien en 2019 había conseguido el 57 por ciento de los sufragios. Su sucesor, el intendente de la capital cordobesa, Llaryora, alcanzó el 42,76 por ciento, contra el 39,76 del actual senador Juez. Este sufrió el domingo su tercera derrota como aspirante a la gobernación, y si bien no pataleó como en 2007 cuando denunció fraude del entonces ganador Schiaretti -por una diferencia menor a un punto -, ahora ha expresado que “esperará el resultado” del escrutinio definitivo para reconocer el triunfo de su oponente.

 

Abstención.

 

Fue la elección con menor participación desde la recuperación democrática. Concurrió a votar el 68 por ciento del padrón, en el que había 3.051.544 personas habilitadas, de ellas 1.130.587 en la capital, que fue determinante para el triunfo del actual intendente. Llaryora obtuvo 822.057 votos mientras que Juez sumó 764.406; por su parte el voto en blanco fue del 4,91 por ciento (94.430 votos).

 

Sumados el abstencionismo y los votos en blanco, que en el tramo para legisladores fue mucho más alto (15,41 por ciento), más de un tercio de la población no fue a votar o lo hizo en blanco. En Córdoba no hay elecciones legislativas de medio término sino cada 4 años, el mismo sistema que el gobernador Gerardo Morales impuso en su reforma inconstitucional.

 

Polarización.

 

Las dos primeras fuerzas se alzaron con el 82,5 por ciento de los votos, dejando a los demás partidos un magro margen, entre los cuales el kirchnerismo aparece como el mayor perdedor. Detrás del voto en blanco se ubicó Encuentro Vecinal que llevó como candidato al abogado antiderechos Aurelio García Elorrio; La Libertad Avanza (de Javier Milei); el Frente de Izquierda FITU con Liliana Olivero, y Creo en Córdoba, el espacio K bendecido por Cristina Fernández.

 

Hubo una clara división entre el norte y el sur, ya que el oficialismo obtuvo triunfos en los departamentos del norte provincial, mientras que en el sur, donde tienen predominio los sectores agroexportadores, ganó Juez.

 

Ganador que perdió.

 

A pesar del triunfo, el oficialismo perdió la mayoría absoluta que ostentaba en la Legislatura Unicameral. En relación a las elecciones de 2019, redujo 15 puntos porcentuales su caudal de votantes, pasando de 49 legisladores propios a 32. Juntos por el Cambio, que tenía 14 legisladores, pasará a ser la primera minoría, con 34 bancas. Las cuatro restantes se reparten entre Encuentro Vecinal, La Libertad Avanza, el FITU y Creo en Córdoba.

 

Será la primera vez, desde que se puso en vigencia el actual sistema unicameral y sin elecciones de medio término, que el peronismo de José Manuel de la Sota y Schiaretti, quienes se alternaron en el poder en los últimos 24 años, no tendrá mayoría parlamentaria. Hasta hoy la sanción de leyes no había sido un problema para el gobierno cordobés, pues hasta las más resistidas, como las leyes previsionales, fueron aprobadas con “mano de yeso” y en no pocas ocasiones, con vallas y represión a manifestantes.

 

Pocas diferencias.

 

A pesar de la artillería que se lanzaron en la campaña electoral y después, no hay muchas diferencias entre HUC y JxC. La mejor prueba de ello fue el ofrecimiento del precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta a Schiaretti para que se sume a la coalición, camino a las PASO de agosto. Ello, que fue resistido y denunciado por Juez, con el apoyo de Patricia Bullrich, a la luz de los resultados, parece haber jugado a favor del senador.

 

Por el contrario, la estrategia de Llaryora, de sumar dirigentes del PRO a su coalición, como la vicegobernadora electa Miriam Prunotto y el presidente de esa fuerza Javier Pretto, no le otorgó el triunfo por una cómoda diferencia, tal como vaticinaban las encuestas.

 

Prunotto fue intendenta de Juárez Celman, localidad situada a 30 kilómetros al norte de Córdoba, y fue la responsable en 2019 de ordenar un violento desalojo policial contra familias humildes que habían tomado tierras por falta de viviendas.

 

Lo que viene.

 

Habrá continuidad en la gestión, aunque Llaryora en su discurso del domingo, festejando su triunfo, habló de una “generación que se retiraba” y de una nueva que “comenzaba de cero”. Aunque después le bajó el tono a estas declaraciones, y dijo que su mentor “será el nuevo presidente”, muchos vaticinan que habrá un acercamiento con Massa.

 

Dentro de un escenario de alta polarización, el peor rendimiento fue del espacio kirchnerista, que en 2015 alcanzó el 17 por ciento y en 2017 un 9 por ciento. En 2019 no presentaron lista y apoyaron la reelección de Schiaretti y en 2021, en elecciones nacionales, obtuvo un 10,5 por ciento. Ahora rasparon un magro 2 por ciento, por detrás de la izquierda, ocupando el sexto lugar.

 

Gran parte de esos votos perdidos fueron a Llaryora, con la teoría del “mal menor”, otros quizás más combativos votaron a la izquierda y habrá también desencantados que no fueron a votar o lo hicieron en blanco.

 

Pasadas las elecciones, los problemas cotidianos del pueblo cordobés continuarán, con la pobreza que afecta a 40 por ciento de la población, y un porcentaje de indigencia del 6,6. Como en Salta y Jujuy, las y los docentes salieron a pelear por su salario y solo levantaron las duras medidas de fuerza que paralizaron la educación durante semanas después que Schiaretti hiciera una cuarta propuesta, mejorando las anteriores. A esa lucha se sumó también el personal de salud, que denunció grandes falencias en el sistema público hospitalario. Durante la campaña, Llaryora inauguró un gran hospital materno infantil, pero los trabajadores sanitarios denuncian el cierre de los servicios de maternidad y neonatología en otros centros de salud.

 

Aunque no tan bravucón como Morales, Schiaretti también intentó criminalizar la protesta social, con proyectos de ley que restringían el derecho a manifestarse. En eso se dieron la mano el oficialismo y JxC, pues los proyectos presentados son de ambas fuerzas, y aunque duermen en algún cajón de la Legislatura, no han perdido estado parlamentario. Mientras tanto, el Poder Judicial ofreció su “ayudita” y a través de un fallo inconstitucional del juez de control Juan Manuel Fernández López, imputó a dirigentes sociales y sindicales que encabezaron protestas piqueteras y por mejores salarios. La semana pasada fue indagado el secretario general de ATE Federico Giuliani y mañana está llamado a declarar el dirigente del Polo Obrero, Emanuel Berardo. ¿El delito por el que se los acusa? Manifestarse en la vía pública. En eso Córdoba no es una isla, tampoco Jujuy.