Verbitsky: Sin venda ni balanza, pero con espada

¿Quién controlaría a los jueces si, como de 1930 a 1976, fueran ellos quienes pusieran en riesgo los principios fundamentales que hacen a la esencia de la República? El tema volvió a discutirse en la Cámara de Diputados, donde se analiza la conducta del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti,

 

Por Horacio Verbitsky

 

Cuando Cristina dijo que no sería candidata, porque la condena en la causa Vialidad la había proscripto, la oposición política y mediática interpretó que era una excusa por temor a ser derrotada. La Vicepresidenta explicó que el objetivo no era ella, sino el peronismo y los derechos de los trabajadores.

 

Hace tres semanas se cumplió un año de la tentativa de asesinarla. "Estoy viva de milagro", dijo. Lo avalan los 300 disparos realizados por los peritos oficiales con el arma de Sabbag Montiel: no falló nunca. Sin embargo, el gravísimo episodio no forma parte del debate ni del análisis político, como si no hubiera ocurrido o sólo fuera una anécdota marginal. El ex fiscal del juicio a las Juntas, Luis Moreno Ocampo, dijo que hubo un atentado contra la Vicepresidenta pero que no hay violencia en la Argentina. Moreno Ocampo vive en Nueva York. Allí grabó esa declaración, a pedido de Rodrigo Lloret, director de educación de la editorial Perfil, que el miércoles lanzó, en la sala de audiencias de la Cámara Federal, una edición especial del Diario del Juicio, que se distribuirá gratuitamente en los colegios, para mantener la conciencia de lo sucedido entre 1975 y 1983.

 

Tres decisiones judiciales de esta semana disipan cualquier duda sobre la exactitud del temor de Cristina.

 

La Corte Suprema de Justicia por unanimidad rechazó un recurso del ex ministro Julio De Vido en la causa de los Cuadernos Fénix.

 

Una vez que la Corte Suprema jubiló a la jueza Ana María Figueroa, la Cámara Federal de Casación Penal, por el mero voto de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, anuló el sobreseimiento de Cristina por el memorándum de entendimiento con Irán.

 

Los mismos jueces revocaron un fallo del Tribunal Oral Federal 8 que había resuelto no elevar a juicio la causa contra la Vicepresidenta y sus hijos por lavado de dinero, resultante de la acumulación de los expedientes caratulados Hotesur y Los Sauces. Además, apartó a los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini, que habían cerrado la causa, de modo de impedir que ratificaran la inocencia de los Kirchner en el juicio.

 

Las tres sentencias, y su explotación por los grandes medios de la oposición, procuran incidir en la campaña electoral.

 

El ilusionista y el abrepuertas

 

Tanto Clarín como La Nación e Infoemba, en notas de Diego Cabot (el ilusionista que hace aparecer y desaparecer los Cuadernos Fénix) y de Daniel Pedro Santoro (el abrepuertas del espía y falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio), y Eduardo Aulicino, dijeron que la Corte Suprema había declarado constitucional la ley del arrepentido y que eso era un golpe para Cristina. La brevísima sentencia, de apenas una foja, no dice tal cosa. Sólo rechaza el recurso de queja presentado por De Vido, porque no se dirige contra una sentencia definitiva, que es una antiquísima jurisprudencia de la Corte. Pero no valida la ley del arrepentido ni se pronuncia sobre la causa de los Cuadernos Fénix.

 

Esos mismos medios minimizan la gravedad de la decisión adoptada y afirman que no tendrá incidencia en la elección presidencial, porque el trámite de las apelaciones y la elevación al debate oral recién concluirá durante el próximo mandato presidencial. El defensor de Cristina, Alberto Beraldi, quien apelará ambos fallos, sostiene que la sala I de la Casación debió integrarse con tres jueces, como los mismos Barroetaveña y Petrone sostuvieron en el mismo expediente hace pocos meses, cuando ante la recusación a la jueza Adriana Pallioti y la excusación de Carlos Mahiques, incorporaron a un tercer juez, que por sorteo resultó Javier Carbajo. También contradijeron su posición en la causa Dólar Futuro, donde accedieron al sobreseimiento sin que se realizara el juicio. También es llamativo el argumento que utilizaron para desvincular de la causa a Florencia Kirchner: dijeron que su inocencia derivaba de "su ajenidad a cualquier actividad política o desempeño en cargos públicos". Audaz creación de un nuevo tipo penal, del que Florencia es inocente. Beraldi sostiene que de este modo se ordena llevar a cabo dos juicios que, con centenares de testigos, habrán de durar no menos de tres o cuatro años, cuando los presupuestos básicos de los delitos atribuidos ya se encuentran desvirtuados o bien que demuestran en su trámite interferencias del poder político que los hacen insanablemente nulos a la luz de los principios básicos que consagra el Estado de Derecho.

 

Además, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, también tomó la palabra ante el diario español El País, para descartar por inconstitucional la propuesta de dolarización de la economía. El zarpazo está dirigido en primer término contra Javier Milei, pero no sólo. También le recuerda al resto de las fuerzas políticas que la República Autónoma del Cuarto Piso se reserva la última palabra en cualquier tema que le interese a su cuadrumvirato.

 

El presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Licht, destacó que esa irrupción de Rosatti en el debate electoral contradice sus opiniones previas como constitucionalista y la jurisprudencia de la Corte Suprema. "Toda una vida escribiendo sobre el self restraint y termina abogando por un pronunciamiento abstracto sobre un tema de política económica. ¿Dónde quedó aquello que la misión más delicada de los jueces es mantenerse dentro su órbita por cuanto la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio?", escribió. Licht recordó un texto de Rosatti en el que cita un fallo de 1940 del ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Felix Frankfurter: "Los espacios de decisión del político y del juez son distintos. Es tarea del político modificar las normas que puedan generar disconformidad en la sociedad, y es tarea del juez distinguir entre disconformidad e inconstitucionalidad". Llega al punto de afirmar que "si el juez intentara suplir al político proyectando su forma de pensar en descalificación jurídica (en suma, su disconformidad con una decisión política), estaría excediendo su competencia y violentando la división de poderes". El señalamiento es muy preciso, pero esa es la práctica de la Corte desde que fue anegada por la mayoría automática menemista de la década de 1990, con las Acordadas sobre Impuesto a las Ganancias (para que los jueces no lo paguen) y Comisión Nacional de Ética Pública (para que un órgano creado por el Congreso no meta sus narices en el feudo judicial). Las firmaron todos sus miembros del momento, menos el gran juez Enrique Petracchi.

 

Los ayatolás del cuarto piso.

 

Este desbarranque se aceleró durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti. La oposición, confabulada en el Grupo Ahhh que conducía Patio Bullrich, se había juramentado para no prestar acuerdo a ningún candidato del gobierno, lo cual permitió que Macrì heredara las vacantes de Petracchi y Carmen Argibay y enviara dos comisionados propios al tribunal, Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Muy parecido a lo que Donald Trump hizo en Estados Unidos, donde le responden seis sobre nueve jueces. El jueves próximo, el Senado intentará dar el acuerdo a 75 jueces que ya pasaron por el Consejo de la Magistratura y tienen dictamen favorable de Comisión, para que no se repita aquí la nefasta experiencia de Estados Unidos. Entre ellos, Ana María Figueroa.

 

En abril de 2015, con el fallo Colegio de Abogados de Tucumán, la Corte expandió el concepto de caso judicial y de legitimación hasta colocarse a un paso del control de oficio, incluso de las decisiones de una asamblea constituyente provincial, que es lo que se discutía. En “situaciones excepcionalísimas” (cuya apreciación queda librada a la opinión de los jueces supremos), cuando se denuncian lesiones “a la esencia de la forma republicana de gobierno”, la simple condición de ciudadano legitimaría a actuar en defensa de la Constitución amenazada, lo que implicaría admitir la acción popular. Pero luego aclara (o se contradice) que se trata de la acción aristocrática: no está legitimado cualquiera, sino quien la Corte Suprema decida. Semejante extensión del concepto de causa desnaturaliza una correcta aplicación de la doctrina de la división de poderes. El interés de las partes se redujo a una mera excusa para afirmar el poder de los funcionarios judiciales en contra de la voluntad de los poderes de elección popular.

 

En el sistema que rige en el país desde hace 16 décadas, los jueces son la última palabra en las causas, cuando una parte alega ser damnificada por el desconocimiento de un derecho por otra parte. Este sistema de control difuso de constitucionalidad diferencia a los jueces, que resuelven casos particulares y no generales, de los Ayatolás de la revolución iraní que tienen la última palabra en todo, también en la política. ¿Quién controlaría a los jueces si, como de 1930 a 1976, fueran ellos quienes pusieran en riesgo los principios fundamentales que hacen a la esencia de la República?

 

El tema volvió a discutirse en la Comisión de Juicio político de la Cámara de Diputados, donde se analiza la conducta de Horacio Rosatti, por haber invadido las atribuciones del Poder Legislativo, al declarar vigente la ley del Consejo de la Magistratura, derogada tres lustros antes por el Congreso. Esto permitió, además, que Rosatti pasara a presidir el Consejo, como titular de la Corte, cargo para el que fue elegido por su propio voto.

 

¿Que Milei es una amenaza al sistema democrático, como Lula le explicó en Naciones Unidas a Biden? Sin duda, pero la banda de los cuatro jueces supremos no es su antónimo, aunque en caso de que se imponga podría ser su rival, como cuando Godzilla enfrenta a Kong por el dominio del mundo.

 

Pero también es cierto que todo suele depender de la presión que ejerza el Poder Ejecutivo. El 27 de diciembre de 1990, la Corte Suprema aprobó la constitucionalidad del decreto 36/90, por el que Menem había convertido los depósitos a plazo fijo en los bancos por bonos del Estado, Bonex, aduciendo que el Congreso no se había pronunciado en contra. Estableció así la aprobación tácita, que hasta la reforma constitucional de 1994 no formaba parte del ordenamiento positivo. Con la única excepción de Petracchi, quien también entonces se negó a firmar tal fallo, la Corte llegó a decir que la transparencia republicana de las decisiones, se opone a “la necesidad de preservación de la vida misma de la Nación y del Estado” y que determinados remedios económicos deben tomarse de sorpresa. También descalificó a los “cuerpos pluripersonales” para tratar y resolver “con eficacia y rapidez”. Como, en casos de emergencia, es imposible buscar el acuerdo con todos, quien debe decidir es el Presidente, responsable de asegurar la paz y el orden social.

 

Hay otros ejemplos sobre la buena disposición de los jueces para legitimar medidas del poder político, por extremas que sean: Carlos Fayt redactó el fallo del Plan Bonex; Augusto César Belluscio la supresión de derechos laborales para los trabajadores de las empresas estatales sujetas a privatización, e incluso Petracchi, el per saltum que favoreció la venta a Iberia de Aerolíneas Argentinas. Los tres habían sido designados por Alfonsín.

 

Varios de estos temas fueron aludidos por Cristina ayer al presentar el libro de diálogos entre Néstor Kirchner y Torcuato di Tella.

 

Patrimonio de la Humanidad.

 

La Unesco resolvió incorporar el museo de sitio de la EXMA al Patrimonio de la Humanidad. Al desinformar sobre la novedad, La Nación sostuvo que el gobierno incurrió en un "increíble error" al afirmar que es "el primer sitio de memoria del mundo" en sumarse a la lista, y omitió los casos de Auschwitz e Hiroshima.

 

No es así: por temor a la utilización política, la Unesco había suspendido hace seis años la incorporación de nuevos memoriales sobre conflictos recientes, pero lo dejó sin efecto este año, siempre que la decisión sea unánime. La EXMA es el primer sitio de memoria reconocido por la organización desde que se levantó la moratoria. Por cierto, tanto La Nación como Clarín e Infoemba omitieron la difusión de la historia de esa medida, porque implica un reconocimiento que no desean hacerle a CFK.

 

La instalación de un museo de la memoria en la EXMA fue dispuesta por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires en 1996, por iniciativa de la legisladora Gabriela Alegre.

 

Para impedirlo, Menem resolvió en 1998, trasladar la ESMA a Puerto Belgrano y demoler las instalaciones históricas para erigir allí un parque a la unidad nacional.

 

Las sobrevivientes Laura Bonaparte y Graciela Lois presentaron un recurso de amparo para resguardar pruebas que pudieran esclarecer las desapariciones de sus esposos, Ricardo Omar Lois y Santiago Bruschtein, y de tres hijos de Laura y sus parejas.

 

En un fallo notable, el juez federal Ernesto Marinelli declaró inconstitucional el decreto. Con una fluidez y claridad inusuales en la Justicia argentina, el magistrado dijo que el patrimonio cultural que la Constitución manda preservar a las autoridades comprende los testimonios materiales de ciertos hechos producidos por el pueblo, como la casa de Tucumán y las cadenas de la Vuelta de Obligado, sin valor artístico o pecuniario pero valiosos porque "nos recuerdan la noble gesta de la Declaración de la Independencia" o la de su defensa "hasta el heroísmo por un puñado de patriotas". En este caso no se trata de hechos vinculados con la virtud y el heroísmo, "sino de hechos horrorosos, que causan genuina vergüenza". Se debe comprender que "se trata de expresiones de nuestra cultura y que el testimonio emblemático que los recuerda también forma parte de nuestro patrimonio cultural, por cuyo motivo no puede ser destruido por los gobernantes de turno" y reemplazado "por un monumento cualquiera". Por ello "los ciudadanos tienen el derecho de exigir a esas mismas autoridades "el cumplimiento de la obligación que les ha sido constitucionalmente impuesta en orden a la preservación del patrimonio cultural".

 

En el año 2000 la Legislatura de la Capital revocó la cesión del edificio a la Armada, que databa de 1924, para construir allí el museo.

 

Pero recién el 24 de marzo de 2004 la Armada entregó el que fue su principal centro de terror y exterminio.

 

El CELS había propuesto recuperar sólo el edificio central de las cuatro columnas y el casino de oficiales, donde vivían el director de la Escuela y sus oficiales, y en el que fueron alojados los detenidos-desaparecidos, en altillos identificados como Capucha y Capuchita. Pretendía que la Marina del presente custodiara el museo y rindiera homenaje a las víctimas de la Marina del pasado, como forma de educación democrática para las nuevas generaciones militares. Pero los demás organismos plantearon que no pondrían un pie en el predio mientras quedara un solo marino en los 35 edificios distribuidos en 17 hectáreas. Kirchner aceptó ese temperamento mayoritario y se construyeron en Puerto Belgrano nuevos edificios para albergar a las escuelas navales. Mientras tanto, sólo se habilitaron visitas guiadas, con cita previa, al casino de oficiales, que se preservó tal como los marinos lo dejaron. También la Armada proponía entregar sólo el Casino de Oficiales, porque consideraba que de ese modo sería más fácil recuperarlo al terminar el gobierno de Kirchner, en 2007. Sus previsiones de futuro no revelaban una buena calidad de la inteligencia naval, que se dedicaba a espiar a su propio personal y a los organismos de derechos humanos.

 

En enero de 2013, los organismos de derechos humanos le presentaron al gobierno nacional una propuesta para la realización del museo, que incluía la contratación de Alejandra Naftal como museóloga y del estudio de arquitectos de Hernán Bisman, con la idea de que se inaugurara el 24 de marzo de 2014, al cumplirse diez años de la recuperación del predio.

 

La incorporación al Patrimonio de la Humanidad contradice la pretensión de la candidata a la vicepresidencia por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, quien en una entrevista con la señal de noticias por cable de José Luis Manzano y Daniel Vila sostuvo que si se desalojaron los institutos navales, el predio debería ser devuelto a la familia Raggio, que lo cedió para esa finalidad.

 

La semana pasada, Villarruel fue la única mujer en el debate de los cinco candidatos a la vicepresidencia, en la señal de noticias por cable del Grupo Clarín. El 48% de los espectadores que respondieron a la encuesta de Clarín la vieron como ganadora, seguida por el tieso radical Luis Petri. Esto marca el sesgo de la audiencia en el principal medio opositor. Contribuyó a esa impresión la táctica de Agustín Rossi, al atacar en tono airado a Villarruel, a quien comparó con Alfredo Astiz como infiltrada en la democracia. Ella eludió respuestas precisas a las preguntas que le dirigió, como su lugar de trabajo antes de ser diputada, pero lo hizo con calma e ironía. Además, su voz aguda se distinguía en los momentos en que varios candidatos y los dos conductores masculinos se superponían.

 

A un mes.

 

Villarruel y Rossi se eligieron recíprocamente como antagonistas, lo cual refleja la convicción de sus respectivas fuerzas de que encabezarán los resultados el 22 de octubre y que pasarán a la segunda ronda, el 19 de noviembre. Petri, por su parte, se concentró en atacar al jefe de gabinete. Esto es coherente con el descarnado spot de Patricia Bullrich, en el que llama a terminar para siempre con el kirchnerismo. O sepultarlo, según la derrotada precandidata santafesina de la UCR, Carolina Losada. Agregó que sólo Bullrich estaba en condiciones de hacerlo. El uso de esas expresiones funerarias está naturalizado en el país político.

 

Resta por ver si los otros candidatos presidenciales seguirán la misma línea discursiva de sus vices o si aprovecharán el debate de esta semana para ajustar contenidos y estilo con vista al de Santiago del Estero, el 1° de octubre. Es imaginable que Massa desarrollará la referencia rápida que Rossi hizo a la economía con datos muy concretos sobre su gestión y que Milei también pasará de la enunciación general al detalle de sus proyectos. Por lo pronto, ya ha anunciado a quienes encargaría el Banco Central, el Ministerio de Infraestructura y el Conicet en caso de ser electo.

 

La coalición cambiante quedó perpleja ante el apoyo de los libertarios a la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, con la que Massa procuró ejemplificar la diferencia que habría entre su eventual gobierno y los que condujeron Macrì y el doctor Fernández. Los radicales que responden a Emiliano Yacobitti, el personal trainer político de Martín Lousteau, estaban de pie junto a sus bancas para sentarse si el oficialismo y sus aliados no conseguían el quórum, pero no fue necesario. Esto dejó en el aire el ataque que recibieron de parte de Macrì, que deambula entre Milei y Bullrich. En esta instancia no puede retacear el apoyo a su protegida, pero también debe pensar en el futuro, lo cual incluye un eventual balotaje y la composición del futuro Congreso. Allí sus votos pueden ser decisivos para reforzar las bancadas que conseguirá Milei, que tal vez ni siquiera lo pongan a salvo de un hipotético juicio político.

 

Hoy serán las elecciones de gobernador en Mendoza, que se disputan entre el cambiante radical Alfredo Cornejo, aliado con Bullrich, y el conservador adherido a la escudería Milei, Omar De Marchi, dos exponentes del más rabioso anti-kirchnerismo, que están cabeza a cabeza. Cambiemos ya ganó cinco gobernaciones, en cambio los aliados de Milei sólo en La Rioja superaron el 10% de los votos, lo cual muestra dos fenómenos muy distintos.

 

En la entrevista con Tucker Carlson, Milei negó ser racista o antisemita, pero se definió como anti-católico, de lo cual no había dudas luego de conocer sus denuestos contra el Papa Francisco, que no fueron personales sino doctrinarios. No obstante, entre los empresarios que se han alineado con Milei está Gonzalo Tanoira, ex presidente y ahora directivo de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, el agrupamiento patronal creado por el Episcopado Católico, del que depende. Carlson es un fenómeno mediático afín a Milei. Su gran popularidad lo ha llevado a considerar una posible candidatura presidencial o, en su defecto, acompañar a Donald Trump como vice.