Un límite ante un desaforado accionar

Por más que el gobierno nacional lo niegue o simule indiferencia, es imposible negar que la última movilización popular en defensa de la educación pública sacudió al país todo. En realidad, este increíble reniego oficial sobre el tema no es más que otra característica inserta en el plan socioeconómico mileísta que va destruyendo al país, con la misma concepción neoliberal, pero más urgida, según pedía Mauricio Macri.

Un millón y medio de personas en las calles de todo el país rechazando esa concepción política, que se inserta en una tendencia mundial, parece marcar un límite al desaforado accionar del gobierno, con el protagonismo de la gente que ya no presta atención a los cantos de sirena de quienes vinieron “a terminar con la casta” y convertir a la República en una potencia en un lapso relativamente corto. Terminaron constituyéndose en casta ellos mismos, sublimando una hipocresía y corrupción nunca vistas, donde hasta niegan las evidentísimas pruebas de ese proceder delincuencial, con una intensidad tal que sectores aliados comienzan a tomar distancia. Si hasta la misma CGT, otrora brava con los gobiernos democráticos (el actual no lo es) debió abandonar su transigencia y plegarse al movimiento.

Guste o no, desde una óptica positiva la Argentina era el país atípico de la América Latina y ello se debía fundamentalmente a la vigencia de más de un siglo de educación pública. En apenas tres años, con falsos argumentos de macroeconomía, equilibrio fiscal y eficiencia, el gobierno mileísta hizo trizas esa condición. Paralelamente, fue destruyendo los organismos que derivaban del nivel universitario y que hacían (y todavía hacen los restantes) a la vida diaria del país e incluso a los contactos internacionales. Cierto es también que para proceder así tuvo el apoyo de los votantes, claramente ingenuos y crédulos, que no advirtieron que remachaban sus propias cadenas y ahora deben luchar contra una estructura propia del más férreo conservadorismo. Las aterradores cifras de desocupación - en las que según se dice se produce una renuncia docente cada dos días, obligadas por empleos miserables— son la muy expresiva certeza de la realidad nacional.

Sin embargo, ya se está haciendo evidente en algunos ámbitos políticos, informativos, laborales y hasta de sectores de poder que medran al amparo de los favores económicos gubernamentales, una pregunta que imponen las circunstancias: ¿qué hacer con un gobierno encabezado por un desaforado que desoye las leyes parlamentarias y que ignora abiertamente la Constitución, seguido por una runfla de mayormente incapacitados que medran desde sus cargos? La respuesta apropiada y constitucional no podría ser otra que el juicio político, pero esa acción, al margen de las dificultades que presenta por la condición y calidad de los legisladores que deberían intervenir, también aparece como riesgosa si se considera la sucesión, que podría quedar a cargo de una vicepresidenta peligrosamente negacionista y reivindicadora de la última dictadura genocida.