Hospitales, marchas y fondos universitarios

Francisco J. Babinec *

 

Esta semana hay una nueva marcha del sector universitario (docentes, estudiantes, no docentes y autoridades) reclamando por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que garantiza la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles, y atiende las necesidades de fondos para el funcionamiento de las Universidades Nacionales. 

 

Además de las partidas para salarios y funcionamiento, la ley contempla una partida específica para hospitales universitarios.  Esto viene a cuento porque en estos días asistimos a un debate áspero entre los directores de los hospitales de la UBA y autoridades nacionales, las que sostuvieron cumplir con el envío de los fondos. Pero en el párrafo final del comunicado respectivo, las autoridades reconocían que no lo habían hecho en todo lo que va del año, porque no habían decidido cómo distribuirlo, palabras más palabras menos. 

 

Para quienes no están en el tema, aclaro que en algunas de las Universidades en las que se dicta la carrera de medicina, hay Hospitales Universitarios, generales, oncológicos, odontológicos y veterinarios, que dan formación profesional y brindan servicios médicos, generales y especializados a la comunidad, con el concepto de una única salud. Otras Universidades han firmado convenios con los gobiernos de las provincias en las que tienen sede.

 

En lo que va de su gobierno, la relación de Javier Milei con el mundo académico y el sistema de ciencia y tecnología ha sido como mínimo conflictiva. Estos dos años de gestión han estado jalonados por recortes presupuestarios, despidos, descalificaciones y acusaciones de desmanejos. Se eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el FONID, que la Nación transfería a las provincias para mejorar el salario docente con una suma de dinero no remunerativa. Este fondo fue creado en 1998 para compensar asimetrías entre provincias en los salarios de docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales y de otros organismos. El destrato es generalizado: el Gobierno desjerarquizó al Ministerio de Educación, rebajándolo a Secretaría, y el Presidente y su gabinete han desmerecido los logros del sistema de ciencia y tecnología. Me viene a la memoria un Ministro de Educación de la Nación que se refirió alguna vez a los investigadores del CONICET como “inventores” para luego descalificar los estudios sobre folklore en el Delta.

 

Con las universidades, La Libertad Avanza, el partido de Milei, hizo un culto del pedido/exigencia de auditar las cuentas de las Universidades, ignorando (u omitiendo) que tienen un primer control por sus Consejos Superiores, luego por las Unidades de Auditoría Interna y finalmente por la Auditoría General de la Nación, en tanto que están en jurisdicción del Poder Legislativo; no se elige el auditor ni se puede rechazar una auditoría, parece innecesario decirlo. La Ley para el financiamiento del sistema de Universidades Nacionales fue sancionada por el Poder Legislativo en dos oportunidades (2024 y 2025), vetada por el Ejecutivo en ambas ocasiones; y finalmente el veto fue rechazado por las dos Cámaras. El Gobierno se vio obligado a promulgarla, pero eludió ponerla en vigencia aduciendo que la norma no preveía los fondos necesarios. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional, integrado por los rectores de las Universidades Nacionales y provinciales, y presidido por el Rector de la UNLPam Oscar Alpa, interpuso un amparo que dio lugar a una medida cautelar, dictada por el juez de primera instancia y confirmada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero la semana pasada esta Cámara volvió sobre sus pasos y suspendió la cautelar hasta que la Corte Suprema se pronuncie de manera definitiva. Hasta que eso ocurra, el Gobierno confía en sancionar una nueva ley gracias al cambio en la composición de ambas Cámaras tras las elecciones de octubre pasado.

 

Significa esto que todo está bien? Por supuesto que no, hay problemas que todo conocemos y que no hemos podido resolver aún. La deserción en los primeros años, el estiramiento de los plazos para concluir los estudios, los retos que presentan las nuevas tecnologías, la adaptación de los planes de estudio a una nueva organización de la sociedad son desafíos que ciertamente no se podrán enfrentar recortando fondos y frenando salarios. La Universidad de La Pampa, como otras, ha hecho esfuerzos para mostrar año a año a la comunidad lo que se hace en su aulas y laboratorios. Y tiene un Consejo Social, creado en 2004, como un órgano consultivo y de asesoramiento, un espacio institucional de diálogo y cooperación. Es el punto de convergencia donde la Universidad y la comunidad construyen agendas comunes para impulsar el desarrollo local.

 

Esta nueva Marcha Federal Universitaria por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional será la cuarta, tras las realizadas en abril y octubre de 2024, y en septiembre de 2025. Un detalle que confirma el escaso interés del Gobierno por las Universidades Nacionales es que la segunda marcha fue seguida por el primer veto a la Ley de Financiamiento. Espero que esta marcha sea tan multitudinaria como las anteriores. El Sistema de Universidades Nacionales es una construcción y un logro de todos los argentinos, que contribuyen a sostenerlo con sus impuestos. Es una vía para la realización individual y el ascenso social, pero también una inversión que el país hace para contar con los profesionales necesarios, un ámbito para la realización de investigaciones científicas y tecnológicas, y la difusión de los avances a la comunidad.

 

* Profesional Investigador INTA (Jubilado) y Profesor Adjunto Regular UNLPam (Retirado). Centro Pampeano de Estudios Sociales y Políticos.