Voracidad y desastre

La catástrofe ocurrida recientemente en el sur mendocino obliga a considerar un título de este diario al respecto aparecido días atrás: ¿Mendoza pagó la consecuencia de apropiarse del agua del Atuel? La índole y magnitud del suceso hace que se deje de lado cualquier interpretación mezquina, orientada por un provincialismo extremo, para dar lugar a un análisis lo más objetivo posible, cuyas causas y consecuencias alcanzan un nivel nacional.

En verdad el sur mendocino –el Cañón del Atuel para ser más precisos, una formación que se extiende entre los embalses de El Nihuil y Valle Grande— sufrió la conjunción de los peores elementos naturales: una lluvia de enorme intensidad (algo más de 150 milímetros en una hora y 40 minutos); un área de precipitación relativamente reducida y una zona de muy fuertes pendientes, todo lo cual hizo que el caudal del río que, según cifras oficiales en ese lugar y época era del orden de los 80 metros cúbicos por segundo, prácticamente se trasformara en un turbión que superó a cualquier barrera artificial e invadió los lugares predominantemente turísticos. Una tormenta, en fin, como no se recordaba otra.

A quien observe este fenómeno con objetividad no puede dejar de sorprender lo súbito del hecho, máxime que –siempre a estar por las noticias oficiales— había observadores calificados que presumían –y advirtieron— la concreción del fenómeno, como efectivamente ocurrió. Es llamativo también que los servicios meteorológicos de una provincia tan dependiente de las precipitaciones y que debían estar conectados al sistema satelital que advierte de los cambios climáticos al menos con algunas horas de anticipación, no hayan dado la alarma correspondiente. Sea por estas u otras causas, el turbión generado por la intensa lluvia arrasó el tramo encañonado, arrastrando vehículos e inutilizando, por meses acaso, la infraestructura de producción hidroeléctrica que, además de su belleza, caracterizaba el lugar. Demás está decir que los caminos quedaron “intransitables para todo tipo de vehículos” y casi milagrosamente no hubo víctimas humanas.

Viendo las consecuencias es pertinente un interrogante: más allá de que este tipo de fenómenos resultan prácticamente indetenibles en su condición natural ¿el aluvión no se hubiera visto aliviado con los lagos de El Nihuil y Valle Grande obrando como barreras de contención, siquiera parcialmente? Es posible pero, a estar por las informaciones que se vienen dando desde semanas atrás, ambos espejos de agua estaban al máximo de su capacidad. Cualquier suelta preventiva hubiera sido prudente, pero también hubiera avalado los reclamos de La Pampa, la zona abajeña a la que las autoridades cuyanas nunca se dignaron avisar si había sueltas de caudales, cualesquiera fuesen las condiciones de aguas arriba.

La observación retrotrae a la audiencia de ambas provincias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo fallo Mendoza se niega a cumplir, desde hace cinco años, más precisamente al momento en el que se les preguntó a los representantes cuyanos el por qué de la negativa a formar un comité de cuenca para el Atuel, una herramienta ideal para el manejo de un río que escurre entre dos jurisdicciones políticas. La falta de una respuesta concreta para aquel interrogante permite, ahora sí, preguntarse objetivamente “si la voracidad de Mendoza por el agua del Atuel y su histórica postura de no permitir su escurrimiento natural hacia La Pampa no influyó también en la crecida del río y sus desastrosos efectos”.