Tarifazos seguirán por dos años más, desafía el gobierno

El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que los aumentos en las taifas continuaran hasta 2020. "Estábamos con tarifas muy lejanas a ese costo y por eso tenemos que hacerlo de manera gradual: recién al cuarto o quinto año de este camino las tarifas van a llegar al nivel de su costo de producción", contó en un sincericidio. "Nosotros no podemos mentirle a la gente, nosotros tenemos que decirle la verdad y a veces la verdad es dolorosa", agregó.
Además, Frigerio intentó justificar el tarifazo: "El agua potable, para los que la tenían, el gas, la electricidad o el transporte se podían pagar a una tarifa muy lejana al costo de producción". "Las tarifas y los servicios básicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo", expresó.
Y finalizó sobre el tema: "Estamos dispuestos a escuchar alternativas y propuestas, primero de nuestros aliados, y también de la oposición. Hasta ahora no las hemos tenido, pero siempre estamos dispuestos a escuchar para tratar de mejorar las políticas públicas entendiendo que no hay otro camino que el que está llevando adelante el presidente. Sabemos que no es un camino fácil, pero estamos convencidos que este es el único camino posible para que la Argentina se ponga de pie y para resolver los problemas que llevan demasiado tiempo".

Tres cuotas.
El presidente del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, Pablo Kosiner, criticó el plan de cuotas para pagar las tarifas de gas anunciado el jueves por el Gobierno y remarcó que esa respuesta del oficialismo ante los reclamos por los aumentos en los servicios públicos "genera más desánimo que si no hubiesen dado ninguna solución". "Plantear que se resuelve postergando el pago de las facturas en tres cuotas con intereses, y solamente una parte mínima de las facturas, si no es una provocación, pasa raspando. Genera mayor desánimo que si no hubiesen dado ninguna solución", señaló Kosiner.
El legislador por Salta consideró que "la reacción del Gobierno frente a la problemática de las tarifas da para pensar que no han asumido la gravedad del problema". El líder del bloque legislativo del peronismo subrayó que la propuesta del Gobierno, definida en la Casa Rosada tras reuniones con la participación de radicales y referentes de la Coalición Cívica, "es insuficiente" y que "hay que buscar un nuevo criterio de régimen tarifario".

Congelamiento.
En ese punto adelantó: "Vamos a plantear el día martes, a partir de la presidencia de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y de la Comisión de Defensa del Consumidor, un plenario de comisiones para empezar a discutir los distintos proyectos que hay".
Kosiner señaló que la intención de su bloque no es un "congelamiento de tarifas", y explicó: "Buscamos alinear tarifas con los salarios, buscar criterios diferenciales para pymes y producción anclando en los niveles de inflación, revisando la tarifa social para que sea por ley". "No es verdad, como dice el Gobierno, que no va a haber más aumentos este año", afirmó el diputado. (Eldestapeweb.com /Télam)

Piden "razonabilidad" por el aumento de las tarifas
Los senadores Norma Durango y Daniel Lovera (PJ La Pampa) forman parte de la iniciativa presentada por el Bloque Justicialista para limitar los aumentos en las tarifas de servicios públicos de manera tal que no superen los incrementos salariales.
El proyecto va en consonancia con el proyecto que Argentina Federal y el Frente Renovador impulsaron en la Cámara de Diputados. Consta de 17 artículos, divididos en cuatro títulos, y tiene por objeto proteger a los usuarios residenciales, a las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajos o empresas recuperadas, y a los clubes de barrios y usuarios beneficiados por la tarifa social. Lo hace mediante la determinación de "pautas objetivas y complementarias" a las ya establecidas en cada uno de los regímenes de servicios públicos y transportes públicos.
La iniciativa retrotrae a los valores de noviembre de 2017 y define que los aumentos "no deben exceder el Coeficiente de Variación Salarial acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de la vigencia de la última actualización tarifaria, hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa". Estas tarifas "tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, período durante el cual no se podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria".
Para el caso de las empresas y cooperativas comprendidas en el proyecto, se establece la caracterización de tarifas "justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de equidad distributiva" a aquellas cuyo aumento anual sea gradual, sustentable y no exceda el nivel general del IPC publicado por el Indec, acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia. Esas tarifas, tendrán una estabilidad mínima de 24 meses, durante los cuales no podrán ser actualizadas.
Las tarifas alcanzadas por el proyecto de ley son las de energía eléctrica, gas, agua, y transporte público automotor y ferroviario, y aquellas que hubieran abonado a partir del 1 de noviembre de 2017 un monto mayor al establecido por la norma.
Por el valor del excedente, es decir aquel monto que se pagó en exceso respecto a esta nueva fórmula de cálculo, "se generará un crédito a favor del usuario" que se le descontará del próximo período de consumo.

Jubilados.
El proyecto del bloque Justicialista establece un Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicio Público, que fijará un cuadro tarifario diferencial para los servicios que alcanzará a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a tres salarios mínimos.
También incluye a los monotributistas inscriptos en categorías cuyo ingreso anual mensualizado no supere tres veces el salario mínimo; empleados del servicio doméstico; beneficiarios de pensiones no contributivas que no ganen más de tres salarios mínimos; beneficiaris de programas sociales nacionales, provinciales o municipales; usuarios que perciban seguro de desempleo; veteranos de guerra; discapacitados; pacientes cuyo tratamiento implique electrodependencia; clubes de barrio y de pueblo; entidades de bien público; centros asistenciales públicos; entidades educativas públicas; entidades religiosas y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social. También se incluye a pequeños emprendimientos comerciales y de servicios.