“Es un grave retroceso para la Argentina”

La senadora nacional Norma Durango (PJ-La Pampa) presentó una iniciativa parlamentaria por la que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Ministerio de Seguridad o quien corresponda, informe a la Cámara Alta los motivos por los cuales la Dirección de Derechos Humanos y el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ) no figuran en el nuevo organigrama de la mencionada cartera. La legisladora también pide conocer cuáles son las medidas que se han evaluado para darle continuidad a las funciones de esas reparticiones, si la decisión responde a los lineamientos generales de una política sobre Derechos Humanos del nuevo gobierno y, en tal caso, informe cuáles son los mismos.
El GEAJ es el encargado de la obtención de muestras de ADN por vía judicial, a fin de permitir la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
“Si este grupo especializado ha desaparecido es muy grave porque todavía tenemos nietos por recuperar”, sostuvo Durango, al explicitar su iniciativa, durante un diálogo mantenido ayer por la mañana en Radio Noticias.
“Es un grave retroceso porque la Argentina había alcanzado unos estándares muy altos a nivel internacional”, consideró la senadora.
“Hay un lamento generalizado en la población, que está muy angustiada y preocupada. Es de una insensibilidad que llama la atención en una etapa democrática”, argumentó.

“Preocupante”.
“Es muy preocupante, porque esta dependencia tenía la responsabilidad de asistir al Poder Judicial en los requerimientos relacionados con causas por sustracción de menores de 10 años, o supresión de identidad, originados durante la vigencia del terrorismo de Estado en el período comprendido entre los años 1976 y 1983”, expresó Durango.
“Comparto con Abuelas que todas estas medidas son un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, la desarticulación de áreas clave de derechos humanos abocadas desde 2003 a las causas de lesa humanidad en distintos organismos del Estado, son parte de la política de despidos masivos que está llevando a cabo el gobierno nacional” señaló.