En Chile discuten si declaran como un derecho constitucional acceso a educación de calidad

La propuesta, la segunda desde que estalló el conflicto, incluye 21 medidas y fue primeramente considerada insuficiente por los estudiantes, que comprometieron para el viernes una respuesta oficial.

 

El documento plantea en su parte medular los siguientes puntos:

 

- Incorporar como garantía constitucional el derecho a una educación de calidad, en manos hoy de las familias y uno de los puntos centrales de las peticiones de estudiantes.

 

- Traspasar desde los municipios a agencias especiales de educación la administración de los colegios públicos, donde estudia el 40% de los estudiantes chilenos y que presentan los peores índices de calidad. Esta sólo se hará efectiva en los municipios que muestren una deficiente administración de los colegios, por lo tanto no será en todos los casos como exigen los estudiantes.

 

- Crear una superintendencia de educación superior, que fiscalice el uso de los recursos y la no existencia de lucro en las universidades, expresamente prohibido en la legislación pero burlado a través de diversos resquicios legales. La propuesta no se pronuncia respecto del lucro que obtienen los colegios subvencionados por el Estado.

 

- Aumentar la cobertura y calidad de la educación parvularia. Una petición que no está expresamente planteada en el petitorio de los estudiantes.

 

- Aumentar el gasto y modificar el sistema de financiamiento escolar para colegios mixtos, donde estudia más de la mitad de los estudiantes chilenos y en que el Estado y los padres aportan al pago de los aranceles.

 

- Fortalecer la formación de profesores.

 

- Implementar un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación escolar, que establece requisitos básicos de calidad.

 

- Acelerar la reconstrucción de colegios afectados por el terremoto de 2010.

 

- Aumentar el aporte al presupuesto de las universidades estatales, que hoy oscila entre un 14 y un 20%.

 

- Reestructurar el sistema de becas y créditos estudiantiles para la educación superior, rebajando los intereses de los costosos créditos privados que la mayoría de los estudiantes usa para financiar sus estudios.