EE.UU. evalúa negar visas a personas con obesidad

El gobierno de Estados Unidos implementó una nueva política migratoria que podría afectar a solicitantes de visas afectados por condiciones médicas crónicas, entre ellas la obesidad, si éstas representen un riesgo potencial de gasto público. La orden que despertó polémica instruye a funcionarios de embajadas y consulados para considerar si el estado de salud del solicitante podría requerir tratamientos médicos continuos, medicamentos de por vida o futuras intervenciones.

Si bien no fija un límite de peso ni índice de masa corporal específico, la normativa apunta a determinar si la persona puede representar una carga para el sistema sanitario estadounidense.

Esta nueva disposición generó preocupación entre expertos en inmigración por el amplio margen de interpretación que concede a los funcionarios consulares, autorizándolos a “desarrollar sus propios criterios” para evaluar posibles emergencias médicas o costos futuros, a pesar de que la gran mayoría no posee formación médica especializada.

En la práctica, podría suceder que un pasajero con toda su documentación en regla sea derivado a un control sanitario adicional al llegar a un aeropuerto estadounidense. Quienes hayan viajado al país conocen el llamado “cuartito” de Migraciones, una oficina donde realizan interrogatorios e inspecciones adicionales a personas sospechosas. En casos extremos, la medida podría derivar en deportaciones inmediatas.

Evaluación médica.

Según el abogado principal de la Catholic Legal Immigration Network, Charles Wheeler, la nueva regla se aplicará a quienes tramiten visas de residencia permanente, más que a turistas ocasionales. Los funcionarios deberán analizar los exámenes médicos oficiales, la historia clínica y la capacidad económica del solicitante para sostener sus gastos de salud a largo plazo.

La guía consular les exige “determinar si puede cubrir los costos de su atención durante toda su vida esperada” sin recurrir a la asistencia pública. El formulario para la visa incluye una pregunta clave: “¿Tiene el solicitante recursos suficientes para cubrir estos costos sin recurrir a asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo?”.

La evaluación amplía el alcance a la edad del solicitante y la salud de sus familiares directos, como hijos o padres mayores, con la excusa de anticipar futuras necesidades de ayuda estatal. Esta cláusula podría afectar a familias multigeneracionales y personas de edad avanzada.

(NA)