Miles de manifestantes salieron a las calles

Miles de personas provenientes de diversas regiones de Perú volvieron a marchar ayer por las principales calles y avenidas del centro de Lima, en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones para reemplazarlos.

 

Asimismo, algunos manifestantes agregaron a las reivindicaciones la remoción de la rectora de la Universidad San Marcos, Jeri Ramón, a quien acusan de violar los estatutos de la entidad al solicitar la intervención policial ante la toma de esa casa de estudios el fin de semana pasado.

 

La Policía Nacional del Perú (PNP) cerró el acceso a la avenida Abancay para evitar que los manifestantes llegaran a las inmediaciones de la sede del Congreso, según el diario La República.

 

Delegaciones procedentes de diversas regiones caminaban por distintas avenidas, algunas de ellas rodeaban la céntrica plaza San Martín y otras se concentraban en el Parque Universitario, describió el periódico.

 

En tanto, otros manifestantes se congregaron frente a la sede de la embajada de Estados Unidos, en el barrio Santiago de Surco, sin que hasta las 19 se hubieran reportado disturbios.

 

Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.

 

Durante esas manifestaciones murieron al menos 47 personas en enfrentamientos -incluido un policía- y otras nueve por accidentes de tránsito y hechos vinculados a bloqueos, informó la Defensoría del Pueblo en su último reporte. Lima vivió el martes su jornada de protesta más violenta, con varios heridos por perdigones y piedras.

 

Alimentos y combustible.

 

Por otra parte, varias regiones de Perú comenzaron a sufrir escasez y drásticos aumentos de precios de alimentos y combustibles debido a los bloqueos de rutas que forman parte de las protestas que se realizan en el país desde hace casi 50 días, informaron fuentes oficiales y sindicales.

 

En los departamentos sureños Arequipa, Cusco, Puno y Tacna se registraba desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), principal combustible para vehículos y uso doméstico en el país. Arequipa es la segunda mayor ciudad del país y trabajan en ella unos 7.000 taxistas.

 

Asimismo, en el departamento amazónico Madre de Dios, fronterizo con Bolivia y Brasil, se reportó escasez tanto de combustibles como de alimentos básicos.

 

Por otra parte, habitantes de las ciudades de Juliaca y Puno, ambas en el departamento Puno, a más de 1.350 kilómetros al sur de Lima y escenarios de las protestas más violentas, afirmaron que se triplicaron los precios de productos como papas y tomates.

 

OEA.

 

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que reclamó al Congreso que apruebe "lo antes posible" el adelantamiento de las elecciones y aseguró que no se rendirá "ante grupos autoritarios" que reclaman su renuncia desde hace casi 50 días, al hablar en formato virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en Washington

 

"Soy consciente del legítimo derecho de las peruanas y peruanos que sienten que el Estado, en el sentido más amplio y en todas sus instancias, y desde sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no ha podido, en más de 200 años de vida republicana, concretar esa promesa de la que hablaba Basadre", dijo la mandataria.

 

"El Perú ve con suma preocupación que en la región se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos, institucionales, democráticos", agregó.

 

La intervención de Boluarte ante la OEA se produce pocos días después de que un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmara, tras una visita de observación este mes al país, que Perú fue escenario de "violencia" en las protestas.

 

"Ha habido violencia, tanto denuncias de violencia por parte de fuerzas de seguridad que están en procesos de investigación, denuncias que recibimos de testimonios de familiares, y también violencia que ha afectado una serie de bienes públicos y privados", afirmó el relator Stuardo Ralón.

 

"Nos duele profundamente que, en el marco de las recientes manifestaciones en diversas partes del país, se haya perdido las vidas irremplazables de un número importante de compatriotas y que se puedan haber producido afectaciones a esos derechos. Esperamos que la justicia siga su curso y establezca responsabilidades pronto", manifestó. (Télam)