Anularon los indultos a Martínez de Hoz y Videla
Al justificar la instrucción de esta causa penal contra Videla y Martínez de Hoz, la Corte mencionó la "obligación del Estado" de investigar y sancionar a responsables de delitos contra los derechos humanos.
El fallo de la Corte, sin embargo, no modifica la situación de Videla quien, a diferencia del ex ministro, está detenido porque con anterioridad también le había sido anulado el perdón presidencial, contenido en otros decretos, en relación a otros ilícitos de lesa humanidad.
"Cuando la causa vuelva a primera instancia Martínez de Hoz podría quedar detenido", concluyó una fuente judicial.
Las resoluciones, que confirmaron fallos de anteriores instancia de la justicia penal federal, fueron dictadas en el marco de la causa en la que se investiga la privación ilegal de la libertad del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto.
Las resoluciones sobre Martínez de Hoz y Videla fueron firmadas por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda.
Las defensas habían argumentado el principio "ne bis in idem" que prohíbe que alguien sea juzgado dos veces por el mismo hecho, ero no fue aceptado.
Obligación.
La Corte destacó "la obligación del Estado de perseguir, investigar y sancionar adecuadamente a los responsables de cometer delitos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos".
Los jueces tuvieron en cuenta el precedente "Mazzeo", en el que concluyó que los delitos de lesa humanidad, por su gravedad, son contrarios no solo a la Constitución Nacional, sino a toda la comunidad internacional. Para la Corte esos ilícitos son "imprescriptibles" y pueden ser objeto de persecución penal a pesar del paso del tiempo.
Por el secuestro de los Gutheim, el 14 de julio de 1988, la Cámara Federal había confirmado las prisiones preventivas de Martínez de Hoz, Videla y el ex ministro del interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy.
Federico Gutheim y su hijo fueron privados de su libertad de manera ilegal el 5 de noviembre de 1976 para ser forzados a concretar operaciones con comerciantes ingleses y chinos residentes en Hong Kong.
Las entidades pidieron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1002/89 y 2745/90, que beneficiaron a Harguindeguy y Martínez de Hoz y, luego, el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, pidió lo mismo con relación al decreto 2741/90, que favoreció a Jorge Videla.
La Corte expuso que, tras la reforma de la ley fundamental en 1994, los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional y se ha querido que la jurisprudencia internacional en la materia sirva de guía interpretativa para los jueces. (Télam)
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