Papel prensa: planteos

La Corte Suprema requirió la opinión del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, en una serie de recursos relacionados con el directorio y los socios accionistas de la empresa Papel Prensa, confirmaron ayer fuentes judiciales.
Los planteos fueron efectuados por el Estado Nacional (socio minoritario de Papel Prensa), la Comisión Nacional de Valores y la fiscal Graciela Gils Carbó contra decisiones de la Sala C de la Cámara en lo Comercial. Los recursos del Estado impugnaron la decisión del tribunal que revocó la designación de un coadministrador judicial en Papel Prensa, sociedad integrada por los diarios Clarín y La Nación y el Estado nacional como socio minoritario. También contra la resolución por la que la Sala C de la Cámara revocó una medida cautelar del juez en lo Comercial Eduardo Malde que, según las fuentes, hubiera permitido al Estado investigar posibles prácticas de abuso de mercado por parte de Papel Prensa que habrían beneficiado a los accionistas privados.
En los recursos de la Comisión Nacional de Valores, el organismo se quejó contra la sentencia de la Sala C, que le negó facultades para declarar la irregularidad e ineficiencia de actos administrativos del directorio de Papel Prensa. La Comisión Nacional de Valores, basada en la ley 17.811, había declarado irregular un acta de asamblea que no aparecía firmada, cuando ya había sido divulgado su contenido.
Las causas relacionadas con Papel Prensa que tramitan ante la justicia comercial originaron un enfrentamiento entre la Sala C y la fiscal Gils Carbó, quien sostiene que el tribunal le impide ejercer su control jurisdiccional y sobre la legalidad del trámite judicial. Ante esa situación, que se ha prolongado durante meses, un plenario de la Cámara decidió días atrás poner los hechos en conocimiento de la Corte Suprema.
En la acordada 11/2001 el tribunal expuso que, como la fiscal puso en duda "la debida prestación del servicio de justicia en este fuero", dio intervención a la Corte para que "tenga a bien adoptar las medidas necesarias a fin de resguardar el debido orden institucional entre el Ministerio Público y esta cámara". Allegados a la Corte dedujeron que, por la "vista" al Procurador General, podría interpretarse que no aplicará la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que le permite rechazar ese tipo de planteos con el único argumento de que los recursos no habilitan su intervención. (Télam)